Tres funcionarios denuncian ante la ONU y la OMS edadismo institucional en la Administración pública

La lucha de los tres funcionarios sénior a los que les negaron su ascenso conseguido por oposición por tener más de 65 años continúa. Juanjo Florensa (66 años), Pilar Silva (66 años) y África Martos (65 años) han decidido denunciar su caso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud por lo que consideran un "edadismo institucional injusto". Lo han hecho a través de un procedimiento especial que permite denunciar patrones persistentes de violaciones de derechos humanos, en este caso por discriminación por edad. Todo ello después de hacer público su caso en medios como 65YMÁS el pasado marzo y presentar recursos de reposición a la Función Pública para que reconsidere su decisión de excluirles solo por su edad.

"Hemos decidido denunciar nuestro caso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también ante la Organización Mundial de la Salud que tiene en marcha una campaña Mundial contra el Edadismo, para frenar estas prácticas edadistas. En concreto, denunciamos a la Secretaría de Estado de la Función Pública por discriminación en un proceso de promoción interna del que hemos sido excluidos solo por nuestra edad en el momento en el que se hicieron públicas las listas definitivas, a pesar de tener menos de 65 años cuando aprobamos la oposición", cuenta a 65YMÁS Juanjo Florensa, el primer funcionario en destapar el caso en su proceso de oposiciones al Cuerpo General Administrativo (C1), que se resolvió el pasado febrero.

Mayores para ascender, pero no para seguir trabajando

La Administración justifica su decisión de excluir a estos tres funcionarios y dejarles sin su nueva plaza mediante "una interpretación restrictiva de la Orden HFP/688/2017, que fija en 65 años la edad máxima en el momento del nombramiento del proceso de promoción interna", según señalan desde el servicio jurídico de CCOO que está llevando el caso. Sin embargo, explican que la normativa establece también que los funcionarios pueden solicitar la prolongación del servicio activo hasta un máximo de 70 años, una prórroga concedida a Juanjo Florensa (Melilla) y África Martos (Ceuta) en 2025 y que Pilar Silva (Galicia) piensa pedir este abril. Es decir, que pueden seguir trabajando en sus puestos, pero no ascender.

"La Administración actúa de forma contradictoria al permitir trabajar hasta los 70 años pero impedir progresar tras los 65 años", recogen las denuncias conjuntas a las que ha tenido acceso 65YMÁS, destacando que "la promoción interna no es un nuevo ingreso, sino el derecho a la carrera profesional y al progreso de un trabajador activo", y que "la Administración Pública vulnera la normativa española y europea, concretamente la Directiva 2000/78/CE; la Ley 15/2022, conocida como Ley Zerolo; y los artículos 14 y 23 de la Constitución Española", referidos a la discriminación por edad. Así, solicitan a la ONU y a la OMS "una intervención" por "prácticas edadistas con el personal sénior en la Administración pública española". 

"Queremos animar a otras personas a que denuncien"

“La edad no debería ser un obstáculo, sino un valor en la Administración pública”, defienden Florensa, Martos y Silva, que aseguran que su caso no es aislado y, de hecho, tienen constancia de otros empleados públicos que se han visto en la misma situación, que están intentando seguir sus mismos pasos. A raíz de estos casos, Maria Josefa Alviz Sánchez, que escribió una carta a la directora al diario 65YMÁS denunciando su exclusión por tener 65 años en un proceso similar de promoción interna por oposición en 2023.

"Queremos animar a otras personas a que denuncien. Invito a que todos los funcionarios afectados hagan pública esta injusta situación de discriminación por edad a servidores públicos en situación de “servicio activo” hasta los 70 años", pide Florensa. Aún así, reconoce que el desgaste de este proceso no es solo burocrático o emocional. "Acudir a la Justicia mediante un contencioso-administrativo, algo que pensamos hacer si es necesario, no sale barato", advierte, pero los tres funcionarios unidos en este caso de discriminación, están dispuestos a llegar hasta el final "cueste lo que cueste", para que este caso no se vuelva a repetir.