Ana Bedia, directora del diario 65YMÁS, ha expuesto el caso de una mujer de 85 años que acabó ingresada, contra su voluntad y por orden de un juez en una residencia para personas con transtornos psíquicos y todo sin tener ningún problema mental. en ‘Revolución sénior’, la sección en la que semanalmente interviene en el programa 'Más de uno Madrid', en Onda Cero Madrid, presentado por Pepa Gea. 

El Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM), un servicio gratuito de ámbito nacional que ofrece atención a personas mayores ante situaciones de abuso, maltrato o discriminación, gestionado por la Fundación HelpAge International España, ha sido quien ha destapado este caso en su último informe anual. 

Bedia explica que la SEAM alerta de que en España, los ingresos y tratamientos involuntarios en salud mental, constituyen una de las formas más graves y persistentes de restricción de derechos fundamentales, y que en la actualidad nos enfrentamos a un escenario preocupante: el internamiento involuntario de mayores como consecuencia del edadismo. Es decir, basado en el prejuicio de que por ser mayores se presume un deterioro cognitivo tal que se da por hecho que otros pueden decidir en su nombre, incuso cuando ello implica una vulneración flagrante de sus derechos, como es la privación de la libertad. 

En el caso de la mujer de 85 años, que estamos comentando, fueron sus hijos los que tomaron la decisión y un juez lo autorizó.

Qué dice la Ley

En España, los internamientos involuntarios sólo procede por razón de trastorno psíquico, según establece el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El problema es que el procedimiento está fallando. Desde el SEAM han detectado que, en muchos casos, la autoridad judicial no examina personalmente a la persona mayor, no se designa a un perito independiente y se da por válido únicamente el informe médico que aporta la familia. Y lo que es más grave: la persona mayor se enfrenta a este proceso sin representación ni defensa judicial.

Por fortuna, en el caso de la mujer de 85 años, el personal social y sanitario de la residencia en la que la internaron se dio cuenta de que no sufría ningún transtorno psíquico y elaboraron informes demostrando que no había ninguna razón para internarla.  Después, un bufete de abogados se hizo cargo del caso y logró revocar la resolución judicial. Finalmente, el SEAM le ha buscado una alternativa habitacional adecuada a los deseos y necesidades de la protagonista de nuestra historia.

¿Se trata de un caso excepcional o es algo más habitual de lo que creemos?

Bedia afirma que hay expertos que aseguran que el sistema judicial español es muy garantista y que un juez no autoriza un ingreso sin pruebas sólidas, como informes médico-forenses y del Ministerio Fiscal, lo que haría de estos casos algo excepcional. 

Sin embargo, desde el SEAM y otros expertos advierten que este caso es muy relevante porque lo que aflora es una realidad cada vez más común, pero que permanece invisible porque las víctimas suelen estar incomunicadas. Además, señalan que muchas veces las familias actúan bajo un prejuicio edadista, convencidas de que internar a su familiar es "lo correcto".

Solución para este tipo de casos

Los expertos reclaman un cambio estructural. Por un lado, exigen la modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que sea más garantista con los derechos de los mayores y su problemática, es decir, que se diferencia entre tipos de internamientos, que se haga un seguimiento y se cuente con la presencia de un abogado. Pero, yendo más allá, urgen a la creación de una Ley Orgánica de Derechos de las Personas Mayores en España que regule estas medidas limitadoras de derechos y blinde su derecho a una vida digna, autónoma e independiente, prohibiendo cualquier privación de libertad por motivos edadistas.