La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más emblemáticos de España, con millones de participantes cada año. Pero no todo el mundo puede comprar un décimo. La legislación española establece prohibiciones de participación que afectan a ciertos perfiles y que pueden implicar la imposibilidad de cobrar un premio incluso si el boleto resultara premiado.
Estas restricciones no son exclusivas del Sorteo de Navidad: proceden de la Ley 13/2011, de regulación del juego, la norma que regula todos los juegos de azar estatales gestionados por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Su finalidad es proteger a colectivos vulnerables, garantizar la integridad del sistema y evitar conflictos de interés.
¿Quiénes tienen prohibido participar?
Según el artículo 6 de la Ley 13/2011, estos son los perfiles vetados en la Lotería de Navidad:
1. Menores de 18 años
La ley prohíbe su participación en cualquier juego estatal, y SELAE aplica controles en puntos de venta y plataformas online.
2. Personas con prohibición judicial
Incluye a quienes tengan limitada su capacidad para gestionar bienes o participar en actividades de juego por resolución judicial.
3. Personas inscritas en el RGIAJ
El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) agrupa a quienes se han autoexcluido -por ejemplo, por ludopatía- o han sido inscritos por decisión judicial o administrativa.
4. Personas vinculadas a la organización del juego
Quienes intervienen en la preparación, explotación o supervisión del sorteo tampoco pueden participar.
Esto incluye: Empleados del juego, personal de organización o producción y personas con acceso a información privilegiada
5. Altos cargos del regulador del juego y sus convivientes
Directivos, consejeros y responsables de los organismos supervisores tienen prohibido participar, así como sus cónyuges o convivientes, para evitar conflictos de interés.
¿Qué ocurre si una persona prohibida resulta ganadora?
La normativa es contundente: no pueden cobrar el premio.
En premios de 2.000 euros o más, SELAE debe verificar la identidad del ganador y bloquear el pago si pertenece a un colectivo con acceso prohibido.
Además, la Ley 13/2011 prevé sanciones tanto para los operadores como para puntos de venta que permitan participar a menores o personas vetadas.
¿Por qué existen estas prohibiciones?
Las limitaciones buscan proteger y garantizar la transparencia, no restringir sin motivo:
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Menores: evitar su exposición a actividades económicas de riesgo.
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Personas autoexcluidas (RGIAJ): proteger frente a conductas de juego perjudiciales.
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Personal del juego y altos cargos: prevenir el fraude, los conflictos de interés y asegurar un sistema justo.
