Varias comunidades piden al Gobierno que pague la "deuda" histórica que tiene en Dependencia
Denuncian falta de garantías y de transparencia
Varias comunidades han pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, una mayor inversión en dependencia y pagar la "deuda" que tendría el Estado con las regiones en materia de cuidados.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avisado a las comunidades autónomas de que "no pueden" reducir su inversión en dependencia y ha llamado a disminuir las listas de espera.
Madrid
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha censurado al Gobierno de España por su "falta de transparencia" en la nueva inversión de dependencia al considerar que será "un parche a corto plazo".
Cabe recordar que el Gobierno anunció recientemente que llegará al 50% de aportación –actualmente financiaba cerca del 30%–, sumando 6.200 millones de euros extra entre 2026 y 2027, a través de un Decreto-Ley. Los fondos comenzarán a repartirse a partir del 1 de julio.
Al respecto, Dávila ha reiterado que el Gobierno de España "adeuda más de 20.000 millones" a las comunidades autónomas desde 2018 para financiar la dependencia, en el caso de la región, 3.400 millones. "Sigue siendo un Gobierno que no es de fiar y que tiene abandonadas a las personas en situación de dependencia", ha criticado.
Galicia
La Conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, también ha señalado que la reforma de la financiación del sistema de atención a la dependencia impulsada por el Gobierno central "es insuficiente" y que "no llegará a cubrir el 40% de los costes", por lo que aún "queda lejos del 50% dispuesto por ley".
Como consecuencia, ha dicho, esto "provocará un aumento de la deuda con Galicia", que "ya supera los 3.000 millones" y de la que ha exigido al Ejecutivo central su pago a la comunidad.
Durante el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, Fabiola García ha denunciado la "falta de garantías" de la modificación impulsada por el Ejecutivo central y ha reclamado que se regule en la ley de dependencia la estabilidad del sistema, financiando el 50% del costo real de la dependencia, como ya firmó con el País Vasco.
En su intervención, la conselleira ha hecho hincapié en que, pese a la reforma, "la financiación no alcanzará en ningún momento" el 50%. Ademas, ha señalado que la aportación del Gobierno central la Galicia se fue reduciendo progresivamente, pasando de un 34% en el 2024 a un 32% en el 2025, elevando la deuda acumulada la más de 3.000 millones.
Fabiola García ha solicitado que se adapte la financiación del sistema de dependencia a la realidad territorial de Galicia, dándole más peso a la dispersión y al envejecimiento de la población y ha exigido que "se le dé a Galicia el mismo trato que al País Vasco", una comunidad con la que el Ejecutivo central ya ha firmado el compromiso de asumir el 50% del coste real de la dependencia.
Baleares
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha participado este lunes también en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, donde ha defendido la posición del Govern con respecto a la financiación del sistema de dependencia, que ha considerado insuficiente.
Durante la reunión, Fernández ha trasladado que las cifras conocidas para Baleares confirman que el incremento previsto en el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno de España sigue siendo insuficiente para corregir la infrafinanciación que soporta la comunidad autónoma.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Derechos Sociales, incluso con el incremento previsto, la aportación estatal alcanzaría el 34,47% del coste del sistema de dependencia en las Baleares y solo garantizado para este ejercicio 2026.
En este sentido, la consellera ha señalado que las cifras conocidas para Baleares demuestran que todavía queda mucho camino para alcanzar una financiación suficiente del sistema.
"El esfuerzo económico continúa recayendo mayoritariamente sobre las comunidades autónomas y es imprescindible que el Estado asuma la parte de financiación que le corresponde y pague la deuda acumulada", ha indicado.
También ha puesto de manifiesto que "los ciudadanos de Baleares no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos", recordando que el País Vasco sí tiene asegurada la financiación de la mitad del coste certificado de la dependencia.
Murcia
Finalmente, otra de las reacciones que ha trascendido es la del Gobierno de la Región de Murcia, quien ha exigido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que sufrague la deuda institucional de más de 600 millones de euros que, según los cálculos de la Administración autonómica, el Estado mantiene acumulada con la comunidad desde 2018 en materia de Dependencia.
Así lo ha reclamado este lunes la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante su intervención en el Consejo Territorial del ramo, donde ha calificado de "poco creíble" el incremento presupuestario anunciado por el Ejecutivo central a través del nuevo Decreto Ley de medidas extraordinarias "sin presupuestos Generales del Estado".
La titular de Política Social ha advertido de que la aportación estatal planteada en la nueva normativa no llegará a cubrir el 50% del gasto real de los servicios, situándose "en apenas un 40%" debido a que el Ministerio no ha tomado como referencia el coste efectivo real de las prestaciones y de la atención en las autonomías.
Ruiz ha alertado de que este desequilibrio financiero podría agravarse e incluso reducir dicho porcentaje de cobertura si se aprueba de forma definitiva la reforma de la Ley de Dependencia, la cual contempla la incorporación de nuevas compatibilidades que elevarán el gasto público de las administraciones encargadas de la gestión directa.
En este sentido, la consejera ha reprochado que el marco normativo no se haya formulado en los mismos términos competenciales y económicos que se han formalizado recientemente de forma bilateral con el País Vasco para asegurar de forma íntegra la mitad de su financiación en Dependencia.
Por ello, Ruiz ha demandado formalmente al ministro Pablo Bustinduy "el mismo trato" que el concedido a la comunidad vasca y ha solicitado garantías normativas explícitas para sostener el incremento presupuestario que se derivará de la inminente reforma legal de la Ley de Dependencia y Discapacidad.
Finalmente, la representante del Ejecutivo murciano ha lamentado que el debate económico no se haya desarrollado en paralelo a la reforma estructural del sistema y ha criticado la falta de una memoria económica que dote de sostenibilidad futura al modelo.
Ruiz ha argumentado que las comunidades autónomas llevan años soportando la mayor parte del esfuerzo financiero para atender a los usuarios vulnerables y ha concluido que, sin una planificación y un fondo estatal garantizado a partir del próximo año, las autonomías corren el riesgo de verse obligadas a asumir nuevos servicios obligatorios sin disponer de los recursos económicos correspondientes.
Castilla-La Mancha
Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado de forma positiva la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para incrementar la financiación estatal del nivel acordado en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
De completarse con éxito su tramitación parlamentaria, la comunidad autónoma recibirá 47,1 millones de euros adicionales, un avance que la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, califica como un paso en la dirección correcta hacia la corresponsabilidad financiera.
No obstante, desde el Ejecutivo regional se insiste en la necesidad de consolidar un modelo de financiación estable y suficiente a largo plazo que proteja los derechos de los ciudadanos frente a posibles recortes y avance de forma definitiva hacia el compromiso de cofinanciación al 50% entre el Estado y las autonomías.
El 50%
Por su parte, antes de la reunión del Consejo, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avisado a las comunidades autónomas de que "no pueden" reducir su inversión en dependencia y ha llamado a disminuir las listas de espera.
"Hemos cumplido, vamos a alcanzar el 50% de la financiación del sistema de la dependencia el año que viene y estos recursos, y es lo que voy a trasladar en la reunión de hoy a todas las comunidades autónomas, tienen que servir de manera inmediata para tres objetivos: Uno, eliminar las listas de espera en materia de dependencia. Dos, contar con mejores y más prestaciones. Y tres, dignificar y mejorar las condiciones de trabajo en el sector de los cuidados y de la dependencia", ha asegurado el ministro.
Así lo ha puesto de manifiesto Bustinduy en declaraciones a medios, antes de que comenzara el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, celebrado este lunes en el Ministerio de Derechos Sociales.
En este sentido, ha destacado que la reunión sucede una semana después de la aprobación de "la mayor inversión social en décadas en este país", con una financiación adicional de hasta 6.200 millones de euros en lo que queda del 2026 y el 2027 para refundar el sistema de la dependencia en España.
De la misma manera, ha explicado que el nuevo sistema de cuidados debe refrendarse en la aprobación de las nuevas leyes de dependencia y discapacidad. "Es nuestra intención que se vote en el Congreso el mismo día de la convalidación del decreto ley de la financiación extraordinaria", ha agregado.
Ante el temor de que algunas comunidades autónomas aprovechen la nueva inyección económica del Gobierno central para reducir sus propios presupuestos regionales en esta materia, el ministro ha dicho que "no lo pueden hacer por las propias condiciones del reparto de fondos que se estableció desde el plan de choque".
"Por cada euro que una comunidad autónoma detraiga o reduzca de su inversión en dependencia recibirá un euro menos por parte del Estado", ha explicado.
"No se puede desviar a ningún otro fin"
Igualmente, ha detallado que los 6.200 millones de euros "es dinero para la dependencia que va a la dependencia" y ha añadido que "no se puede desviar a ningún otro fin".
La ampliación de las cuantías por grado entrará en vigor esta semana, el 1 de julio, y supondrá que los gobiernos de las CCAA vean incrementados un 98,7% de media sus fondos para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Pero, además de esta vía, en el Consejo Territorial de este lunes se ha abordado la otra vía con la que el Estado financia el SAAD: el nivel acordado de protección.
Sobre este punto, Bustinduy ha trasladado a los ejecutivos autonómicos que el Gobierno de España también incrementará la financiación del nivel acordado. Incluirá, como el año pasado, una partida de 121 millones de euros adicionales a repartir entre las CCAA. Es decir, la inversión final a través del nivel acordado será de más de 904 millones de euros, cifra a la que hay que añadir los recursos que reciben Euskadi y Navarra a través del cálculo del cupo vasco y aportación navarra respectivamente, lo que implicará que, en total, la financiación total para este nivel alcance los 970 millones de euros.
"Hemos puesto los recursos por delante, esto es algo inédito si me permiten en la política social en España. Hemos puesto las condiciones de financiación, unas condiciones inéditas históricas, por delante de la aprobación de la reforma de las leyes. Por tanto, creo que no cabe ningún argumento ni ninguna excusa para que esas leyes no salgan adelante por unanimidad", ha subrayado.
