La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado una campaña de movilizaciones con el objetivo de pedir un aumento de la financiación en el sistema de la Dependencia.  

Bajo la advertencia de que las administraciones están apostando por un modelo de atención de "bajo costo", exigen acabar con la opacidad en los copagos exigidos a las familias, revertir los recortes que aún se arrastran desde la crisis económica e inyectar los fondos necesarios para garantizar unos servicios profesionales de calidad.

Las concentraciones arrancaron el pasado 29 de abril en Sevilla y se extenderán este martes 5 de mayo frente a las sedes de los gobiernos regionales de territorios como Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Navarra, Galicia y Comunidad Madrid.

Según ha afirmado en una rueda de prensa celebrada este lunes Juan Sepúlveda, secretario general de la Federación, estas movilizaciones tienen vocación de mantenerse "de forma sostenida en el tiempo" para lograr situar los cuidados en el centro de la agenda política. 

El espejismo de las listas de espera 

Una de las principales razones por la que se convoca esta campaña es que, pese a medidas como el Plan de Choque de 2021-2023, que inyectó fondos desde el Estado, para revertir los recortes de años anteriores, no se han logrado corregir las carencias estructurales del sistema.

Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, también presente en la rueda de prensa, ha explicado que, aunque en los últimos años se ha producido una disminución de las listas de espera –unas 270.000 personas siguen en esta situación–, esta mejora de los datos esconde una realidad profundamente precaria.

Y es que, ha denunciado, "estamos viendo cómo se están reduciendo utilizando las prestaciones más baratas".

En concreto, ha señalado, se ha recurrido a las ayudas familiares –unos 455 euros de media para grado III– y las vinculadas al servicio –747 euros–, cuyas cuantías contrastan con las de la ayuda a domicilio –1.575 euros al mes– o las plazas psicogeriátricas concertadas –1.967 euros mensuales–.

Una "apuesta", ha criticado, que "tiene un componente de género muy importante", recordando que tres de cada cuatro cuidadoras familiares son mujeres de más de 50 años. "Estamos hablando de mujeres mayores, cuidando de mujeres mayores, que es una fórmula en la que el afecto y el cariño juega un papel esencial, pero que no pueden sustituir los servicios profesionales de calidad", ha afirmado. 

A esto se suma el problema del incumplimiento sistemático de los plazos legales. La media nacional de demora hasta lograr una ayuda es de más de 300 días, pese a que la Ley diga que no debe superar los 180. "No ha habido avances significativos en los últimos años", ha lamentado.

Y además, ha apostillado, los incrementos de fondos no se habrían traducido en una mejora sustancial de las condiciones de trabajo, lo que achaca a que no se incluyó una condicionalidad suficiente que obligara a ello.

Copagos y cofinanciación

Otro de los pilares de las movilizaciones de CCOO es la denuncia sobre cómo se está sosteniendo económicamente el sistema.

El diseño original concebía una cofinanciación al 50% entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Posteriormente, las políticas de "austeridad extrema" iniciadas en 2012 redujeron la aportación estatal a un 15% y elevaron hasta el 90% el límite máximo de copago que podían asumir los usuarios. Y ya en la década actual, gracias al "Plan de Choque" impulsado entre 2021 y 2023, ha contextualizado Bravo, el Estado ha logrado recuperar terreno hasta financiar entre un 26% y un 28% del sistema, aportando más de 2.500 millones de euros.

Sin embargo, ha criticado, esta inyección económica del Gobierno central –que considera insuficiente y entiende que debería alcanzar el 50%– no habría sido acompasada por una mayor claridad por parte de los ejecutivos regionales. 

Por ello, desde CCOO denuncian una "falta de transparencia absoluta" en relación a cuánto están aportando realmente las comunidades y cuánto están exigiendo de los bolsillos de las familias –copago–.

Estudios recientes de ámbito universitario estiman que el exigido a los usuarios podría estar suponiendo entre el 30% y el 35% del coste total de los servicios, y otros anteriores lo sitúan en el 20%, ha señalado. 

"Si esto es así, estaríamos hablando de un sistema que, lejos de estar cofinanciado al 50% entre el Gobierno central y comunidades autónomas con un copago residual para las personas de rentas más altas, se estaría configurando por tercios", ha advertido.

Ante esta situación, el sindicato exige transparencia a las regiones y que aporten estos datos, lamentando que a día de hoy "ninguna lo hace".

Por su parte, Juan Sepúlveda ha mostrado la profunda preocupación de su federación ante las consecuencias de esta carga financiera sobre los usuarios: "Va a haber un segmento de la población de bajo y medio poder adquisitivo que no va a poder hacer frente a la dependencia".

0,7% del PIB

Finalmente, los líderes sindicales han puesto la mirada en el inminente reto demográfico de España, donde hoy una de cada cinco personas tiene más de 65 años, una proporción que alcanzará un tercio de la población en apenas una década.

Para hacer frente a esta coyuntura, han asegurado, se debe hacer una apuesta por incrementar la financiación en un sector de los cuidados que hoy emplea a más de medio millón de personas –fundamentalmente mujeres y población migrante–.  

En particular, han reclamado aumentar el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a la Dependencia, que actualmente es de un 0,7% o 0,8%, muy por debajo del 1,5% o 2% necesario para acercarse a los estándares europeos.

Por ello, han reclamado una mayor financiación pública –estatal y autonómica–, acompañada de condicionalidades estrictas para mejorar los salarios, aumentar las ratios de plantilla y asegurar la coordinación sociosanitaria.