La organización de trabajadores autónomos UPTA (@upta_es) clama contra la economía sumergida, que detecta en una buena parte del sector sanitario privado y que, según sus cálculos, podría suponer "cientos de millones de euros sin declarar" a Hacienda ni tampoco con efectos en la Seguridad Social, puesto que ese dinero negro no computaría como rendimientos íntegros de la actividad profesional y, por consiguiente, no se tendría en cuenta al decidir las cuotas mensuales, según el nuevo sistema de cotización.

Según advierte UPTA, el cobro en efectivo en determinadas actividades sanitarias podría estar ocultando hasta el 40% de la facturación, por lo que solicitará formalmente al Ministerio competente que los autónomos y las sociedades mercantiles que desarrollan actividades sanitarias privadas estén obligados a utilizar sistemas de cobro electrónicos que permitan garantizar la trazabilidad de los ingresos.

El Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA ha realizado un análisis económico sobre la situación de determinadas actividades profesionales, especialmente aquellas vinculadas al ámbito sanitario, tras las denuncias recibidas por parte de trabajadores autónomos.

EJEMPLOS DE FACTURACIÓN OCULTA, SEGÚN UPTA

El estudio pone de manifiesto la preocupación existente por la utilización del efectivo en determinadas actividades sanitarias y profesionales. Según este análisis, un profesional sanitario con una facturación media superior a 800 euros diarios podría alcanzar unos ingresos anuales próximos a los 200.000 euros, de los cuales alrededor de 80.000 euros podrían quedar fuera del control tributario si se confirmara una ocultación del 40% de la facturación.

Si este comportamiento se reprodujera entre 1.000 profesionales, la facturación presuntamente no declarada alcanzaría 80 millones de euros anuales. En un escenario de 5.000 profesionales, el volumen económico ascendería hasta 400 millones de euros. Y si afectara a 10.000 profesionales, la cifra podría situarse en torno a 800 millones de euros anuales susceptibles de escapar al control tributario.

Obligar a utilizar tarjeta, transferencia o bizum

La organización, presidida por Eduardo Abad, considera que la próxima implantación del sistema Veri*Factu debe ir acompañada de medidas adicionales en sectores donde el uso del efectivo continúa siendo habitual y dificulta la labor de control de la Agencia Tributaria.

"Las consultas, clínicas y centros sanitarios privados deben utilizar de forma obligatoria sistemas de pago mediante tarjeta bancaria, transferencia, Bizum profesional u otros medios electrónicos que permitan conocer la trazabilidad completa de los ingresos", plantea.

"Si a la inmensa mayoría del colectivo se le exige una facturación completamente controlada mediante sistemas como Veri*Factu, resulta razonable que aquellas actividades donde el riesgo de ocultación de ingresos es mayor también estén sometidas a mecanismos eficaces de trazabilidad. No puede haber profesionales de primera y de segunda en materia de control fiscal. Solo así podremos garantizar una competencia leal, una mayor justicia tributaria y una financiación suficiente de los servicios públicos", subraya Abad.

Asimismo, solicitará a la Agencia Tributaria que intensifique las actuaciones inspectoras en aquellas actividades donde existan mayores indicios de utilización masiva del efectivo y un riesgo elevado de economía sumergida.