El Defensor del Cliente Financiero es uno los tres proyectos de ley estancados en la Comisión de Economía del Congreso del ministro de Economía, Comercio y Empresas, recientemente nombrado vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo. Un proyecto que lleva varado desde hace más de dos años.
Las tres leyes que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros y que siguen esperando continuar su tramitación en el Congreso son el proyecto por el que se modifican los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información financiera, el texto por el que se regulan los administradores y compradores de créditos, y la norma para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero.
Ese último proyecto proviene de la legislatura anterior, cuando la vicepresidenta primera y la ministra de Economía era la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño. El proyecto tiene por objeto desarrollar una nueva agencia de supervisión en el sector financiero que unifique los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias. Se trata de una norma vital para las personas mayores, dado que haria obligatorio el actual procotolo de la banca para una mejor atención a las personas mayores, que ahora tiene carácter voluntario.
La norma, que en la legislatura pasada llegó a pasar su trámite en el Congreso, decayó por el adelanto electoral y el ministro Cuerpo la retomó con el compromiso de aprobarla. Ya en esta legislatura, el Gobierno aprobó el texto en Consejo de Ministros y lo remitió al Congreso, pero la reunión de la Comisión de Economía para examinar el proyecto y empezar a tramitarse lleva pendiente desde diciembre de 2024.
El panorama político, con PP, Vox y Junts en constante oposición al Ejecutivo, no auguran un final feliz a la tramitación del texto. De hecho, la Autoridad del Cliente Financiero se cayó de la lista de reformas legislativas que el Gobierno prometió realizar para percibir fondos europeos del Plan de Recuperación.
Aunque el hecho de que la ley decaiga de las reformas vinculadas a los fondos europeos no implica que el proyecto muera, sí implica una tramitación complicada dada la difícil aritmética parlamentaria. No obstante, fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a Europa Press que esta Autoridad del Cliente Financiero "es prioritaria" y se intentará su aprobación en el Congreso.
Por otro lado, la Comisión de Economía tiene pendiente de tramitar el proyecto de regulación de administradores y compradores de crédito, que también proviene de una Directiva Europea y que tiene entre sus objetivos obligar a que los prestamistas dispongan de una política de renegociación de deudas y proteger a los consumidores financieros. Esta ley llegó al Congreso hace más de un año, en marzo de 2025, y desde entonces ha venido ampliándose el plazo para presentar enmiendas al texto.
Por último, la ley por la que se modifican los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información financiera llegó a la Cámara Baja en noviembre desde 2025, y al igual que en el proyecto anterior, el plazo para presentar enmiendas al articulado sigue vigente.
