Las devoluciones a mutualistas han sido uno de los “asuntos relevantes” para el Defensor del Pueblo que “ha protagonizado la actividad de la institución en 2025”. Así lo recoge el Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
El año pasado el Defensor del Pueblo recibió “un elevado volumen de quejas” por parte de mutualistas al ver menoscabados sus derechos por parte de Hacienda. Pedían amparo y la intercesión de la institución ante Hacienda, que había dejado sin efecto el proceso de devoluciones de IRPF, que ya estaba en marcha, y sustituirlo por otro mecanismo mucho más farragoso, que dilataba los pagos en varios años.
Los mutualistas jubilados pedían a la institución que tomara cartas en el asunto. Lo hizo y su “recomendación fue aceptada” por Hacienda.
En concreto, “el Defensor del Pueblo recomendó a la Secretaria de Estado de Hacienda que se modificase el texto de la disposición final decimosexta de la Ley 7/2024, de forma que las solicitudes de devolución presentadas a través de los formularios que había habilitado la Agencia Española de la Administración Tributaria, en la Campaña Renta 2024, para los ejercicios correspondiente a 2019 y anteriores no prescritos, también iniciasen el procedimiento de devolución o rectificación para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, así como que se realizase el abono de dichas devoluciones en un solo ejercicio, el de 2025”.
"En la actualidad hay personas en situación de jubilación que están cobrando pensiones que derivan de las aportaciones realizadas a las mutualidades laborales. Estas aportaciones, que en su día ya estuvieron sometidas a tributación, se ven ahora nuevamente gravadas como rendimientos del trabajo. Se produce así una doble imposición, dado que las cuantías que se reciben ahora con la prestación de jubilación o invalidez provienen, del todo o en parte, de aportaciones a la entidad de previsión social que no gozaban de derecho a reducción de la base imponible del impuesto sobre la renta del trabajo. El grupo de personas afectadas por esta situación era numeroso, pues incluía a todos los pensionistas actuales de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente que en su día realizaran aportaciones a las entidades de previsión social, hoy ya extintas", explica el informe
Durante la presentación del informe, Ángel Gabilondo ha reconocido la labor del diario 65YMÁS y de su presidente, Fernando Ónega, recientemente fallecido, como líderes de la lucha de los mutualistas jubilados que cotizaron a las antiguas mutualidades con Hacienda para que les devuelva el IRPF pagado de más.
"El extraordinario periodista recientemente fallecido, el señor Ónega, era el que lideraba a través de 65YMÁS, la campaña para lograr que Hacienda pagara las devoluciones", ha dicho.
El Defensor del Pueblo se reunió el pasado 4 de julio de 2025 con el presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega, la directora del diario, Ana Bedia, y el presidente del Comité Asesor de 65YMÁS, Santiago González. Por parte de la institución intervinieron en el encuentro la directora del Gabinete del Defensor, Isabel Aymerich, y la técnica del Área de Economía y Hacienda, Patricia Lamo de Espinosa.
En el encuentro, Ónega y Bedia trasladaron al Defensor del Pueblo las inquietudes del Comité Asesor del diario, compuesto por las 13 principales asociaciones de personas mayores de toda España. Entre otros asuntos, en la reunión se trataron las actuaciones realizadas por la institución sobre las devoluciones del IRPF de antiguos mutualistas, cuyas recomendaciones aceptó el Ministerio de Hacienda.
Pese a que el informe anual 2025 del Defensor del Pueblo no da la cifra de quejas concretas recibidas en la institución por parte de mutualistas jubialdos, sino que habla de un "elevado volumen de quejas", solo en febrero de 2025, fuentes de la institución reconocían a 65YMÁS haber admitido a trámite más de un centenar de quejas. Todas ellas presentadas por personas mayores, pensionistas que tributaron a las antiguas mutualidades laborales, antes del nacimiento de la Seguridad Social.
Cotizaron de más y, por Sentencia del Tribunal Supremo, tienen derecho a recibir la parte de la prestación de jubilación que corresponda a las aportaciones anteriores a 1967 (el 100%), así como la parte de la prestación de jubilación que corresponda a las aportaciones efectuadas entre 1967 y 1978, (el 25%).
No obstante, la Agencia Tributaria, por sorpresa, ha cambiado las reglas del juego a mitad de partido para dejar sin efecto las solicitudes que ya habían realizado, en tiempo y forma, y que estaba pendientes de resolución, al tiempo que dilata las devoluciones a lo largo de varios años. Otras solicitudes sí se habían resuelto y se había abonado ya ese dinero. Por eso, afectados, sindicatos y asociaciones de mayores denunciaban que esta medida discriminaba a unas personas frente a otras, lo que socava el principio de igualdad, uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico español.
La presión de los afectados y sindicatos, que se manifestaron en las calles, de medios como 65YMÁS y la recomendación del Defensor del Pueblo terminaron por doblegar a Hacienda. Pero no sería hasta mediados de marzo cuando anunció su rectificación. Y el cambio legal que permitía que la devolución se hiciera toda en 2025, no llegó hasta mediados del mes de julio. A partir de agosto, comenzaron a realizarse las devoluciones, pero de una vez, sino en diferentes pagos.
El problema de los mutualistas está lejos de estar resuelto. Pese a que Hacienda rectificó y la ministra María Jesús Montero anunció que pagaría de una vez a los mutualistas en el ejercicio 2025, casi 800.000 mutualistas siguen esperando por la devolución de su IRPF.
Según ha reconocido Hacienda a 65YMÁS a través de una consulta realizada al portal de transparencia del Gobierno, 772.325 mutualistas jubilados aún estarían esperando la devolución de su IRPF.
Es el número de mutualistas que aún no habría recibido ningún importe. Por otro lado, y según la información facilitada por Hacienda a 65YMÁS, 1.544.730 contribuyentes ha recibido algún pago hasta el 6 de marzo de 2026. En este punto, no aclara cuantos de ellos han recibido todas las devoluciones pendientes, o cuántos han recibido parte de los cuatro años no prescritos en el momento en que se reconoció su deuda: 2019, 2020, 2021 y 2022.
Por otro lado, hasta el 6 de marzo de 2026, “el número de solicitudes de devolución presentadas es de 2.407.772” y “se han tramitado expedientes correspondientes a 2.317.055 contribuyentes”. Así, la cifra de mutualistas pendientes de la devolución de su IRPF es mayor: concretamente 90.717 personas que han solicitado la devolución a través del formulario habilitado por la Agencia Tributaria y cuyos expedientes, pese a haber concluido el plazo para realizar las devoluciones, ni siquiera han sido tramitados. En caso de que sus expedientes se tramiten favorablemente, estaríamos hablando de 863.042 personas que aún no habrían cobrado nada.
El informe anual de la Institución relativo a su actividad en 2025 se ha hecho eco de otros asuntos que afectan a las personas mayores. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, se ha interesado por el acceso a la Justicia de las personas mayores para que tengan un trato adecuado a su edad y circunstancias personales. Ángel Gabilondo considera que "las personas mayores deben poder acceder a cualquier organismo o Administración pública y recibir un trato adecuado a su edad y circunstancias personales, incluida la Administración de Justicia". Entre las actuaciones de la institución ha querido destacar las de apoyo a las personas mayores, "bien sea con motivo de las dificultades que encuentran en el ejercicio de sus derechos en la justicia civil, o bien a propósito del acceso a la pensión de jubilación"; con cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad, o por las dificultades de su acceso al empleo público; además de cuestiones relacionadas con la enseñanza, con el medio ambiente o con las devoluciones en el IRPF a mutualistas.
También aborda los problemas con la citas previas y gestión de prestaciones. Y dentro de la Seguridad Social, el Defensor del Pueblo llama la atención sobre el creciente número de quejas en materia de jubilación y pensiones, destacando que numerosos ciudadanos denuncian no poder acceder a su pensión (o ven reducida su cuantía) porque sus empresas no ingresaron las cotizaciones en su momento y la deuda ha prescrito.
El Defensor del Pueblo recibió un total de 38.144 quejas de los ciudadanos en 2025, 3.742 más que en 2024 (cuando fueron 34.402), la mayoría de ellas relacionadas con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, empleo, migraciones y política Social, asuntos de Interior, Educación y Sanidad.
Así lo recoge el Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El documento también será entregado el próximo 9 de abril al presidente del Senado, Pedro Rollán, en el Palacio del Senado.
En concreto, la institución tramitó en 2025 un total de 38.762 expedientes (4.133 más que el año anterior, cuando fueron 34.629). De ellos, 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio y 365 solicitudes de interposición de recurso al Tribunal Constitucional sobre 16 normas.
Como consecuencia de los expedientes tramitados se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 fueron sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.
Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegó, al igual que el año pasado, de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y Valencia (3.458).
