El Impuesto de Sucesiones varía de forma significativa entre comunidades autónomas, por lo que no es extraño que algunas personas se planteen cambiar su lugar de residencia para beneficiarse de una tributación más favorable antes de recibir una herencia. Sin embargo, los expertos recuerdan que un simple cambio de empadronamiento no basta para que la Administración considere válido ese traslado y advierten de que un cambio ficticio puede acabar resultando mucho más caro de lo esperado.

En España son las comunidades autónomas las que regulan gran parte de las bonificaciones y reducciones aplicables en este impuesto. Mientras algunas han aprobado importantes rebajas para determinados familiares, en otras la carga fiscal puede ser considerablemente superior. Esta diferencia lleva cada año a muchos contribuyentes a preguntarse si es posible trasladar su residencia para tributar en otra comunidad.

Aunque el empadronamiento es uno de los documentos que acredita el domicilio de una persona, no constituye la única prueba de residencia. La Administración puede comprobar dónde vive realmente un contribuyente si existen dudas sobre la veracidad del cambio.

En este sentido, el abogado especializado en herencias David Jiménez ha explicado que un empadronamiento realizado únicamente para obtener una ventaja fiscal puede generar problemas si no va acompañado de una residencia efectiva en ese lugar.

Es decir, no basta con figurar inscrito en el padrón municipal. Lo que Hacienda analiza es dónde se desarrolla la vida habitual del contribuyente y si el cambio responde a una residencia real o únicamente a un intento de reducir el importe del impuesto.

Qué aspectos puede comprobar la Administración

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¿Cambiar de ciudad autonoma para tributar menos?

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Cuando existen indicios de que un cambio de residencia no responde a una situación real, la Administración dispone de distintos mecanismos para verificar dónde vive una persona.

Entre otros elementos, puede tener en cuenta:

• El domicilio habitual.
• El consumo de suministros como agua o electricidad.
• La ubicación del médico de atención primaria.
• El centro de trabajo o la actividad profesional.
• La escolarización de los hijos, cuando corresponda.
• Los movimientos bancarios u otros indicios que acrediten dónde se desarrolla la vida cotidiana.

El objetivo es determinar cuál era la residencia habitual del fallecido o del heredero cuando la normativa exige este requisito para aplicar la legislación de una determinada comunidad autónoma.

¿Cuánto tiempo hay que residir en una comunidad?

La legislación no exige simplemente estar empadronado durante un determinado número de años. Para determinar qué normativa autonómica se aplica en el Impuesto de Sucesiones, se tiene en cuenta la comunidad en la que el fallecido haya residido el mayor número de días durante los cinco años anteriores a su muerte.

Por ello, un traslado realizado poco antes del fallecimiento no suele ser suficiente para beneficiarse de las ventajas fiscales de otro territorio si la residencia habitual seguía estando en otra comunidad. Además, si existen dudas sobre la realidad del cambio, la Administración puede comprobar dónde se encontraba efectivamente el centro de la vida personal y económica del contribuyente.

Las consecuencias de un cambio ficticio

Si la Administración concluye que el cambio de residencia fue simulado y que la persona nunca llegó a trasladar realmente su domicilio habitual, puede practicar una liquidación complementaria aplicando la normativa correcta.

Esto supone que el heredero tendría que abonar la diferencia del impuesto que dejó de pagar, además de los correspondientes intereses de demora.

Dependiendo de las circunstancias, también podrían imponerse sanciones económicas si se considera que existió una conducta destinada a obtener indebidamente un beneficio fiscal.