El fraude fiscal deja un agujero anual en las arcas públicas de entre 21.000 y 51.000 millones de euros. Es lo que el Estado deja de recaudar por las rentas no declaradas en el IRPF, lo que equivale aproximadamente a entre el 19% y el 47% de lo que ingresa este impuesto, y a entre el 1,5% y el 3,7% del PIB con datos de 2022.
Es una de las principales conclusiones del Informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ‘Estimación de la brecha fiscal (tax gap) en el IRPF, 2003-2022’ firmado por los investigadores Jaime Vallés y Anabel Zárate, de la Universidad de Zaragoza y que cifra en 112.000 millones de euros el volumen de rentas no declaradas a Hacienda.
Pese a que la brecha fiscal sigue siendo elevada, el informe subraya que las cifras han ido mejorando en las dos últimas décadas. Así, señalan los autores, a comienzos de los años 2000, la renta declarada a Hacienda representaba en torno al 70-75% de la renta real, mientras que en los últimos años ha alcanzado niveles cercanos al 80-85%.
La brecha estimada, aclaran los autores, debe interpretarse como una aproximación al límite superior del fraude, ya que además de la ocultación deliberada de rentas, puede recoger otros conceptos, como elusión fiscal o diferencias conceptuales y estadísticas entre fuentes, y afirman que no debe confundirse con la economía sumergida, que engloba también actividades ilegales o empleo no registrado e implica además a otros impuestos.
Tras descontar los casi 10.000 millones de euros de IRPF recuperado, en 2022, mediante actuaciones de control de la Agencia Tributaria, el coste recaudatorio neto se situó entre 11.300 y 41.300 millones de euros, lo que suponía, entre el 0,8% y el 3% del PIB.
El estudio de Fedea precisa que las rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario no declaradas en el IRPF concentran la mayor parte de este coste, mientras que las rentas del capital mobiliario son las que menos peso tienen, junto con las rentas del trabajo.
Los resultados muestran una mejora sostenida del cumplimiento fiscal agregado en el IRPF a lo largo del periodo analizado. A comienzos de los años 2000, la renta declarada representaba en torno al 70-75% de la renta real, y en los últimos años ha alcanzado niveles cercanos al 80-85%. Pese a esta evolución favorable, la brecha fiscal sigue siendo elevada, ya que en 2022, la renta no declarada ascendió a casi 112.000 millones de euros.
Por tipo de renta, las rentas del trabajo son las que presentan mayores niveles de cumplimiento fiscal, cercanos o superiores al 90%. Ello se debe al sistema de retención en origen (por parte de las empresas), que limita de manera muy eficaz las posibilidades de ocultación.
Por el contrario, las rentas distintas del trabajo (inmobiliarias, mobiliarias y de actividades económicas), que tienen una trazabilidad administrativa mucho menor, muestran niveles de cumplimiento fiscal mucho más bajos: aunque ha mejorado de forma significativa, en 2022 sigue habiendo una brecha fiscal de casi la mitad de estas rentas.
El análisis territorial revela una mejora generalizada del cumplimiento fiscal agregado en todas las comunidades autónomas y una reducción de las disparidades regionales. Las mayores mejoras se registran en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha; mientras que los avances más moderados corresponden a Asturias y Aragón.
Por tipo de renta, el cumplimiento fiscal en las rentas del trabajo mejora en todas las comunidades, siendo más intenso allí donde existía mayor margen inicial, lo que ha favorecido una clara convergencia territorial. En cambio, en las rentas distintas del trabajo la evolución es mucho más heterogénea: algunas regiones, como Madrid, experimentan progresos muy significativos, mientras que otras, como Murcia o Asturias, apenas mejoran, dando como resultado un mapa de cumplimiento fiscal más polarizado que hace dos décadas.
Los autores del estudio advierten de que esta brecha fiscal tiene mucho impacto en términos de eficiencia, equidad y de sostenibilidad de las finanzas públicas, dado que reduce la recaudación, genera desigualdad entre contribuyentes y puede obligar a aumentar la presión fiscal sobre quienes cumplen.
Por ello, afirman que algunos países realizan estimaciones oficiales periódicas para evaluar el cumplimiento fiscal y guiar sus políticas de control. En España, en cambio, no se dispone de estimaciones oficiales sobre este indicador.
La metodología utilizada en el estudio consiste en comparar la renta declarada en el IRPF, obtenida a partir de microdatos fiscales de declarantes y no declarantes, con la renta real de los hogares procedente de la Contabilidad Regional de España. Dado que ambas fuentes no son plenamente comparables, se han realizado una serie de ajustes, basados en información adicional.
El porcentaje de renta real que se declara constituye el grado de cumplimiento fiscal, y la diferencia respecto al 100% constituye la brecha fiscal. El análisis se centra en las categorías de renta para las que la correspondencia entre ambas fuentes de información resulta fiable: rentas del trabajo, rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario, y rentas del capital mobiliario.
Por último, destacan que el impacto recaudatorio pone de relieve que, incluso en el escenario más conservador (una pérdida neta de 11.300 millones), la brecha fiscal en el IRPF representa un volumen de recursos comparable al de algunas de las principales partidas del gasto público, lo que subraya la importancia de este fenómeno, desde el punto de vista de las finanzas públicas, y la necesidad de abordarlo.
