Qué medidas del decreto anticrisis prorrogará el Gobierno en 2024 y cuáles están en el aire

Termina el año y con él se van despejando las incógnitas sobre la extensión de las medidas anticrisis. El Gobierno prevé aprobar este miércoles, en el último Consejo de ministros del año, un Real Decreto-ley para la prórroga parcial del 'escudo social' para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania, y mantendrá las medidas referentes al ámbito laboral, la imposibilidad de suspender los suministros básicos, la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico o la suspensión de los desahucios, según han trasladado fuentes de Sumar.

El nuevo paquete que se aprobará el miércoles en el último Consejo de Ministros del año será el octavo impulsado por el Ejecutivo para seguir respondiendo al impacto de la guerra en Ucrania y el incremento de precios, una movilización de recursos que, hasta ahora, asciende a unos 47.000 millones de euros. 

Las mismas fuentes indican que "a pesar de que el grueso de las medidas vigentes serán previsiblemente prorrogadas", a estas horas las negociaciones entre los equipos de los ministerios de Hacienda y Trabajo siguen siendo "intensas". Según Sumar, hay medidas que en este momento siguen aún "suscitando debate en el seno del Gobierno de coalición", como las medidas relacionadas con la gratuidad del transporte público o el impuesto a la banca y a las energéticas, por lo que los trabajos de negociación continuarán entre ambas partes "a lo largo del día".

Alimentos con rebaja

En este próximo paquete de medidas se mantendrá la supresión durante seis meses más del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan, la harina, la leche, los quesos o los huevos, y la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta, según adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dentro de los alimentos básicos que ven eliminado el IVA del 4% destacan el pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común; las harinas panificables; los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo; los quesos; los huevos y las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario.

Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, estas rebajas fiscales han supuesto para las arcas públicas una merma de 1.573 millones de euros enero y noviembre de este año.

Pero ésta podría no ser la única rebaja de impuestos que el Ejecutivo estudie prorrogar. Aún no está claro si las rebajas del tipo de IVA al 5% a la electricidad y el gas, madera y pellets se extenderán más allá del 31 de diciembre, teniendo en cuenta que esta medida tributaria ha tenido entre enero y noviembre un impacto recaudatorio de 728 millones de euros.

Incógnita sobre el transporte, despidos o bombona de butano 

Otra de las incógnitas es la decisión que tomará el Ejecutivo sobre la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público (el descuento de Cercanías de Renfe y media distancia ya se había extendido todo el año). El Gobierno tendrá que decidir si seguirá bonificando con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%.

Lo único que ha avanzado Sánchez sobre esta materia es que el transporte público será gratis para menores de edad, jóvenes y desempleados, aunque no se ha aclarado desde cuándo estará vigente esta medida. Asimismo, hasta el 31 de diciembre de 2023 está limitado el precio máximo de la bombona de butano entre 8 y 20 kilogramos a 19,55 euros, aunque este precio máximo se alcanzó por última vez en la revisión del 19 de septiembre de 2022.

Bono social y ayudas por ERTE

Este nuevo decreto anticrisis prorrogará, en el ámbito laboral y de acuerdo con Sumar, las medidas vinculadas con el disfrute de las ayudas públicas, que expiraban el 31 de diciembre. De esta manera, las empresas que hayan recibido ayudas directas o por ERTE y que despidan alegando causas como el aumento de los costes energéticos estarán obligadas a reintegrar las ayudas recibidas.

De igual manera, se prorrogará la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables, seguirá estando prohibido el corte de suministros esenciales y el aumento de los descuentos del bono social eléctrico también se extenderá.

Concretamente, el bono social se extendió a aquellos consumidores titulares cuya renta conjunta anual de la unidad de convivencia fuera igual o inferior a 2 veces el IPREM de 14 pagas (16.800 euros) y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (12.600 euros). Actualmente el descuento varía entre el 65% y el 80%, dependiendo de la situación de vulnerabilidad de las familias.

Fin del mecanismo ibérico cuando expire el 31 de diciembre

Una de las medidas que mayor efecto ha tenido en los últimos meses para hacer frente al incremento de precios, principalmente energéticos, es el mecanismo 'ibérico', que ha permitido a España y Portugal desacoplar la evolución del precio de la electricidad del precio del gas natural.

Sin embargo, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asumido que decaerá el próximo 31 de diciembre, tras señalar que la Comisión Europea considera que no "es posible llevarlo a la práctica".

Fuentes del Ministerio dan por hecho que la medida decaerá cuando expire al finalizar diciembre, tras señalar que España ya contaba con que la prórroga negociada con Bruselas antes de verano fuera la última, teniendo en cuenta que el instrumento lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero.

La denominada 'excepción ibérica' fue aprobada en junio de 2022 y se extendió hasta finales de 2023 tras el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea que prolongaba siete meses la medida.