Mutualistas por el Futuro insiste en que el Parlamento Europeo sigue estudiando la situación de los mutualistas españoles. La organización, considera que el Ejecutivo comunitario “sí toma partido y considera que no existen infracciones del derecho europeo en relación con la situación de los mutualistas españoles”. De esta forma, la plataforma, que defiende preservar la alternatividad en las mutualidades de previsión social, desmiente que el Parlamento haya exhortado al Gobierno Español a que encuentre soluciones para los mutualistas que se ajusten a las leyes de la UE.
La asociación Mutualistas x el Futuro (MxF) ha emitido una réplica contundente al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que ha dado esa interpretación. En opinión de Mutualistas por el Futuro, que “la Comisión exhorte a proseguir con un diálogo constructivo orientado a soluciones que se ajusten plenamente a la legislación, las políticas y las recomendaciones de la Unión Europea" es una interpretación descontextualizada de la evaluación que realizó la Comisión Europea ante la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo, que es la encargada de canalizar las reclamaciones ciudadanas ante las instituciones europeas. De hecho, el CGAE atribuye erróneamente las declaraciones del Ejecutivo comunitario a la Comisión PETI.
“A modo de contexto, el pasado 17 de julio, la Comisión PETI abordó la situación de los mutualistas españoles en una sesión que contó con la participación de la Comisión Europea”, detalla la plataforma. “En concreto, el Ejecutivo comunitario afirmó que no apreciaba infracciones del derecho europeo en relación con la situación de los mutualistas españoles y recordó que la regulación de las mutualidades alternativas es una responsabilidad de las instituciones españolas y no de la Unión Europea. Posteriormente, reafirmó estas declaraciones en su evaluación final, la cual fue recogida por escrito en un documento de la Comisión PETI.
“Para quienes defendemos un mutualismo fuerte, transparente y abierto a la participación, este posicionamiento de las instituciones europeas resulta especialmente relevante”, aseguran desde Mutualistas por el Futuro. “Refuerza la idea de que el modelo alternativo puede seguir siendo una opción válida y regulada dentro del marco nacional, y que su evolución debe abordarse con garantías, diálogo y respeto por los derechos adquiridos”, añaden.
Desde el Consejo General de la Abogacía Española, aseguran que la Eurocámara le ha hecho llegar a su presidente, Salvador González, una carta remitida por la propia Comisión de Peticiones, con esa respuesta. Aseguran que “la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno español que prosiga los trabajos orientados a ofrecer a los mutualistas alternativos una solución acorde con la legislación y las políticas de la Unión Europea”.
La Abogacía Española presentó su petición ante el Parlamento Europeo en noviembre de 2024 y mantuvo reuniones con eurodiputados de diferentes formaciones políticas.
La Abogacía Española entiende que es el Estado el responsable último de garantizar pensiones dignas a quienes, como es el caso de los abogados y abogadas, han cotizado durante décadas a través de mutualidades alternativas amparadas y controladas por la Seguridad Social.
El movimiento Mutualistas por el Futuro busca preservar la alternatividad en las mutualidades de previsión social, una vía que ha permitido durante décadas a miles de profesionales ejercer su derecho a cotizar fuera del RETA. En estos momentos, mantiene abierta una recogida de firmas, con la que buscan evidenciar que son muchos los mutualistas que defienden este modelo. “Exigimos una reforma justa, con garantías, que respete los derechos adquiridos y mantenga la pluralidad de modelos. No se puede legislar ignorando a quienes hoy cotizan y confían en las mutualidades”, declaran desde el movimiento.
La alternatividad es un régimen legal reconocido por la Seguridad Social, a la que sustituyen, que permite a determinados profesionales colegiados optar entre cotizar al RETA o hacerlo a través de la mutualidad correspondiente a su colegio profesional. Su método financiero es la “capitalización” y su método de cálculo de la pensión es la “aportación definida” respaldada por los capitales acumulados.
Profesionales de sectores como la abogacía, medicina, arquitectura, economía, ingeniería, procuraduría, entre otros, han optado, legalmente, por canalizar sus aportaciones a través de mutualidades profesionales propias, construyendo así sus sistemas de previsión social y ahorros para su jubilación de forma autónoma, flexible y adaptada a sus necesidades.
A pesar de ello, el movimiento denuncia que este sistema de alternatividad se encuentra en peligro: «Diversas iniciativas, promovidas principalmente por grupos minoritarios, proponen suprimir este derecho, lo que supondría obligar a miles de profesionales a integrarse de manera unilateral en el RETA, sin ofrecer garantías sobre sus aportaciones realizadas durante años a sus mutualidades.
