Coespe redobla su campaña para auditar las cuentas de la Seguridad Social

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"¡No es caridad, es justicia social! Las pensiones públicas son salario diferido, no un gasto ni un privilegio. Frente a quienes quieren convertir nuestros derechos en mercancía, solo cabe una respuesta clara, firme y organizada: ¡defender el sistema público de pensiones como un derecho conquistado, no como un subsidio asistencial!", reclama Ramón Franquesa, portavoz estatal de Coespe (@CoespeOficial), la coordinadora de pensionistas que estos días ha redoblado su campaña en favor de la auditoría de la Seguridad Social.

"El Gobierno debe cumplir la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones (BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2021), donde se le obliga a realizar una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. Han transcurrido tres años y medio desde la aprobación de esta norma, sin que se haya cumplido lo estipulado en su disposición adicional sexta", recuerda Coespe.

"No pararemos de reivindicarla en las calles, en las instituciones y en todos los foros públicos de derechos de las personas mayores. Tenemos derecho a recibir pensiones, dignas y suficientes de carácter público, tanto para los pensionistas de hoy como para los que tendrán esa condición el día de mañana", pone de relieve esta coordinadora de pensionistas.

Recogida de firmas

Al mismo tiempo, tienen en marcha una campaña de recogida de firmas a través de Change.org así como presencialmente en las plazas de pueblos y ciudades, donde los pensionistas se concentran semanalmente.

Estos días, han intensificado la recogida de firmas masiva en barrios y pueblos de Madrid, exigiendo el cumplimiento de la ley de auditoría.

"No oponemos rotundamente a los intentos de desmantelar el sistema público de pensiones. El pasado mes de enero de 2025 ya hubo un intento de anular las revalorizaciones según el IPC, al incluir y/o votar en contra del decreto ómnibus. Ello provocó una movilización, pensionista y ciudadana, que hizo rectificar a los partidos políticos en muy pocos días. Sin embargo, queremos dejar claro que cualquier intento de volver a la situación anterior a 2018 es inaceptable, y reafirmamos nuestra decidida voluntad de salir a la calle para impedirlo", aseguran en un comunicado.

 

Recogida de firmas masiva en barrios y pueblos de Madrid, exigiendo el cumplimiento de la ley de la auditoría. pic.twitter.com/2c0IB3yu8F

— COESPE (@CoespeOficial) June 13, 2025

Mociones de apoyo en ayuntamientos

Recientemente, esta coordinadora de pensionistas ha logrado que varios ayuntamientos aprueben mociones en favor de la auditoría del sistema de pensiones, como es el caso de Cádiz y de Santa Coloma de Gramenet

Hay que recordar que la Ley 21/2021 establece que, en el plazo máximo de un mes, "el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social (...). Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019".

"Nada de esto se ha cumplido", lamenta Coespe, que hace además referencia al informe del Tribunal de Cuentas de 2022, que constató que se habían destinado 103.690 millones de la Seguridad Social a gastos impropios. "Exigimos que esta cantidad sea devuelta de inmediato a la caja de la Seguridad Social. Con esta cantidad a cuenta de la auditoría se podrían resolver reivindicaciones históricas del movimiento pensionista", argumenta Coespe.