El Constitucional tumba el traspaso de pensiones de parte de los funcionarios a la Seguridad Social

Cambios en el régimen de clases pasivas del Estado

 

 

El Tribunal Constitucional (@TConstitucionE) ha tumbado este jueves varias disposiciones del Real Decreto de medidas laborales y fiscales aprobado el pasado 22 de abril de 2020, por el que, entre otros aspectos, el Gobierno integró la gestión de Clases Pasivas del Estado –a la que están sujetas muchos funcionarios–  a la Seguridad Social, en vez de al ministerio de Hacienda del que dependían hasta ahora. 

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y a funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas. En la actualidad comprende más de 650.000 funcionarios jubilados y también en activo y que supone un gasto superior a los 15.000 millones de euros anuales. 

"El traspaso de competencias que se aprobó en 2020, que estamos en contra, significa que la gestión de las pensiones de clases pasivas, pasó a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social en vez de Hacienda y que el Estado ha transferido a la Seguridad Social los fondos para la financiación de estas pensiones de clases pasivas", explican a 65Ymás fuentes del sindicatos CSIF (@CSIFnacional). "Se hizo sin debate previo en medio del confinamiento y generando gran incertidumbre. Esto supone un paso adelante, ya que no vamos a consentir que se recorten derechos".

Incertidumbre entre los funcionarios

Según explica el sindicato de funcionarios, la sentencia del TC señala que "el Gobierno hizo un mal uso del real decreto" en medio de la pandemia pues "el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad". En este contexto, el sindicato explica que solicitó al Ministerio de Seguridad Social "una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión".

Esta situación "generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios", que vieron "recortados sus derechos de pensión" y que ha provocado "una oleada de jubilaciones anticipadas", aseguran desde el sindicatos, que destaca como el único que denunció el traspaso de la gestión y llevó a cabo una campaña informativa, intensificando la interlocución con los grupos parlamentarios y el Gobierno a todos los niveles para evitar este traspaso.

Recurso del PP

El PP presentó ante el Pleno del Tribunal Constitucional un recurso, que fue admitido a trámite el pasado mes de julio y que estaba pendiente de resolución. El decreto se tramitó finalmente como proyecto de ley, por lo que admitirá enmiendas.

CSIF ha hablado con las formaciones del Congreso y entre las enmiendas presentadas se encuentra la denuncia del sindicato y del PP de que no existía "urgente y extraordinaria necesidad" para aprobar un decreto que ni siquiera se negoció con los sindicatos.