La crisis de la vivienda no afecta únicamente a los jóvenes. Las personas mayores que viven de alquiler afrontan también una situación cada vez más complicada ante el encarecimiento de las rentas, la dificultad para encontrar una nueva vivienda y la falta de alternativas residenciales adaptadas a sus necesidades.

Es una de las realidades que pone sobre la mesa la Fundación Más Sénior en su estudio El nuevo paradigma de la vivienda para los sénior, actualmente en elaboración. La entidad advierte de que el alquiler puede convertirse en una fuente de especial vulnerabilidad cuando los ingresos son limitados y existe poco margen para hacer frente a una subida de la renta o a la finalización del contrato.

El problema es especialmente relevante en las grandes ciudades. Según el Boletín Económico del Banco de España de marzo de 2026, el esfuerzo financiero de los hogares sénior que viven de alquiler en ciudades como Madrid y Barcelona supera el 60% de sus ingresos netos.

Una subida del alquiler puede dejarles sin margen

Para una persona mayor con ingresos ajustados, encontrar una nueva vivienda no siempre es una alternativa sencilla. A la subida de los alquileres se suman otros obstáculos, como la accesibilidad de los inmuebles, las condiciones económicas exigidas por los propietarios o la dificultad de asumir los gastos asociados a una mudanza.

La Fundación Más Sénior alerta así de una situación de vulnerabilidad que puede pasar desapercibida: personas que cuentan con ingresos regulares, pero que disponen de cada vez menos margen para decidir dónde y cómo vivir.

“Para un jubilado con una pensión media, que en 2026 ronda los 1.250 euros mensuales, una subida de 300 euros en una zona tensionada supone la expulsión inmediata; es un desahucio invisible”, afirma Sonia Catalán, directora general de la Fundación Más Sénior.

La presión sobre el alquiler se produce además en un mercado en el que los procedimientos de desalojo siguen teniendo un peso importante. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a 2025, los lanzamientos derivados de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos representaron más del 75% del total practicado en España.

El miedo a cambiar de vivienda también condiciona a los mayores

La dificultad para asumir una nueva renta puede llevar a algunas personas mayores a permanecer en viviendas que ya no se adaptan a sus necesidades. Es el caso, por ejemplo, de quienes viven en edificios sin ascensor o en casas con barreras arquitectónicas que dificultan su autonomía.

A esta situación se suma lo que la Fundación Más Sénior denomina “edadismo inmobiliario”, por el que la edad puede convertirse en un factor que dificulte el acceso a determinados alquileres o productos financieros.

La organización considera que la estabilidad de los ingresos, como puede ser una pensión, no garantiza por sí sola que una persona mayor pueda acceder con facilidad a una vivienda.

También hay dificultades para adaptar una vivienda en propiedad

El problema no se limita a quienes viven de alquiler. Las personas mayores que son propietarias de una vivienda pueden encontrarse con dificultades para acceder a financiación y afrontar reformas de adaptación.

Cambios como sustituir una bañera por un plato de ducha, eliminar barreras arquitectónicas o incorporar soluciones que faciliten la autonomía pueden requerir una inversión que no todos los hogares pueden asumir.

“El edadismo financiero es menos visible, pero tiene un impacto directo sobre la autonomía de las personas. Cuando la edad se convierte en un criterio que limita el acceso al crédito, no solo estamos dificultando que un sénior pueda comprar una vivienda; también estamos reduciendo su capacidad para adaptar la que ya tiene a las necesidades de esta etapa de la vida”, sostiene Catalán.

Perder la vivienda también puede significar perder el entorno

La Fundación Más Sénior plantea que la vivienda debe analizarse más allá de su valor económico. Para una persona mayor, el hogar también está vinculado a su autonomía, sus relaciones sociales y su red de apoyo.

Un cambio de vivienda impuesto por motivos económicos puede obligar a alejarse del centro de salud, la farmacia, los comercios habituales o el transporte público. También puede suponer la pérdida de contacto con familiares, amigos y vecinos.

En un contexto en el que la soledad no deseada es uno de los retos sociales que afectan a las personas mayores, la posibilidad de mantener el arraigo cobra especial importancia. Por ello, la Fundación Más Sénior reclama que las políticas de vivienda tengan también en cuenta las necesidades específicas de una población sénior que, aunque disponga de ingresos regulares, puede encontrarse con cada vez menos opciones para decidir dónde y cómo vivir.