Desde hace varios años asistimos al avance progresivo del fenómeno de la exclusión financiera, una realidad que ya no afecta únicamente al ámbito rural o semiurbano, sino que se extiende cada vez con mayor intensidad dentro de las propias ciudades. En 2025 quedaban en España alrededor de 17.000 oficinas bancarias; en apenas una década habían desaparecido cerca de 14.000, prácticamente la mitad de la red existente.

El cierre de una sucursal bancaria en una gran ciudad puede parecer, a primera vista, menos grave que en un pequeño municipio, debido a la existencia de otras oficinas relativamente próximas. Sin embargo, sus efectos económicos, sociales y humanos son especialmente relevantes en barrios envejecidos, periféricos o con menor nivel de renta.

Las consecuencias de estos cierres son numerosas: mayores desplazamientos, incremento del tiempo de espera para realizar operaciones básicas como retirar efectivo, efectuar gestiones, resolver incidencias o recibir asesoramiento financiero. Como sucede con frecuencia, los colectivos más vulnerables vuelven a ser los más perjudicados: personas mayores, ciudadanos con movilidad reducida, pequeños comerciantes y usuarios con escasa competencia digital.

Con demasiada frecuencia olvidamos —o simplemente dejamos de considerar— a las personas mayores. Muchas continúan utilizando su libreta bancaria y valoran una atención personalizada y cercana en ventanilla, que les aporta seguridad, confianza y tranquilidad. Además, en numerosos casos siguen necesitando operar habitualmente con dinero en efectivo.

Cuando desaparece la oficina del barrio comienza también una cierta dependencia financiera. Se hace necesaria la ayuda de familiares o terceros para realizar gestiones, surgen dificultades tecnológicas y aparece un creciente sentimiento de abandono institucional. Resulta profundamente paradójico que quienes durante décadas contribuyeron al crecimiento de las entidades financieras mediante sus nóminas, hipotecas y ahorros se encuentren precisamente ahora ante la soledad de ese abandono, en el momento en que más necesitarían acompañamiento y atención.

En la práctica, se está imponiendo a muchos ciudadanos una digitalización forzada, basada en una creciente dependencia de aplicaciones móviles, cajeros automáticos y atención telefónica. Aunque este proceso puede mejorar determinados niveles de eficiencia, también incrementa la exposición al fraude digital, reduce la relación personal con el banco y debilita la confianza del cliente en su entidad financiera.

Los comerciantes de barrio tampoco quedan al margen de esta situación. El cierre de oficinas dificulta el acceso al efectivo, obliga a realizar más desplazamientos para ingresos o cambios y reduce el tránsito peatonal en el entorno, afectando indirectamente a la actividad económica y comercial de proximidad.

A nivel urbano y social, estas decisiones generan pérdida de servicios esenciales de proximidad, aparición de locales vacíos, sensación de deterioro del barrio y concentración de servicios en las zonas más rentables de la ciudad. Todo ello puede interpretarse como un nuevo factor de desigualdad territorial dentro del propio espacio urbano.

El impacto será especialmente intenso en barrios periféricos, envejecidos, con menor renta o peor conectados mediante transporte público.

Las entidades financieras suelen justificar estos cierres apelando a la reducción de costes, al descenso del uso de oficinas tradicionales, al crecimiento de la banca online y a la reorganización de sus redes comerciales. Sin embargo, detrás de estas decisiones existen consecuencias sociales que no pueden medirse únicamente en términos de rentabilidad económica.

Tampoco deben olvidarse los efectos sobre los trabajadores del sector bancario, que afrontan despidos, prejubilaciones, traslados y, en muchos casos, un incremento de la carga laboral derivado de la concentración de sucursales y la reducción de plantillas.

Por ello, resulta necesario que los ayuntamientos impulsen una verdadera cartera de servicios esenciales de proximidad en los barrios de las ciudades, donde los servicios bancarios deberían considerarse un elemento básico a preservar. Del mismo modo, sería conveniente promover desde el ámbito estatal una normativa que regule y limite cierres indiscriminados que puedan comprometer la cohesión social, urbana y territorial.

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