El Congreso de Diputados aprobó una moción en noviembre pasado para modificar la Ley de Seguridad Social, con el fin de eliminar las penalizaciones a la jubilación anticipada de personas con 40 o más años cotizados. Todos los grupos políticos (incluido el PSOE) votaron a favor, excepto PP y VOX que se abstuvieron. En definitiva, una moción aprobada sin un solo voto en contra. Un éxito sin precedentes.

A pesar de ese mandato tan claro (también emanado del propio PSOE), el Gobierno bloqueó esta moción y, ante esa injustificable inacción, varios grupos políticos tuvieron que presentar Iniciativas en el Congreso exigiendo al Gobierno respuesta escrita acerca de las acciones efectuadas hasta ahora y del plan de acción futuro para cumplir con lo votado. La respuesta del Gobierno a esas Iniciativas acaba de producirse. Lamentablemente, no puede ser más decepcionante. Muestra a las claras la hipocresía y falsedad política de quién vota una cosa sabiendo de antemano que no tiene intención alguna de cumplir con lo votado.

Vamos a analizar brevemente el contenido de la respuesta del Gobierno. En primer lugar, destacar que ignora totalmente las dos preguntas acerca de qué han hecho o piensan hacer. Es decir, claramente su “no respuesta” significa que no han hecho ni piensan hacer nada.

Respecto a sus argumentaciones para rechazar la eliminación de las penalizaciones (rechazar aquello que el mismo PSOE ha votado) se fundamentan en tres falsedades:

1.- Se remite a la reforma de las pensiones del año 2021.

Afirma en su respuesta que la Ley aplicó un complemento que "ya atendió las reclamaciones del colectivo". Pues bien, según datos oficiales del propio Ministerio de Seguridad Social, ese complemento tenia un importe medio de solo 28 euros mensuales brutos y lo percibe únicamente un 10% de las personas afectadas. El importe de ese complemento supone menos del 1,5% del total de las penalizaciones que sufre este colectivo. En consecuencia, el 90% de pensionistas afectados y el 98,5% del importe penalizado no percibe ni un solo euro de complemento. Esta es la realidad del ridículo e insultante complemento con el que el Gobierno se atreve a asegurar que "ya atendió las reclamaciones del colectivo". Esta afirmación representa una burla al colectivo.

Adicionalmente, destacar que desde esa reforma, según datos oficiales del Ministerio, en el RGSS y Autónomos han disminuido las jubilaciones anticipadas al mismo tiempo que ha aumentado la edad y los años cotizados en el momento de su jubilación. Sin embargo, en los Regímenes especiales y en la Clases Pasivas del Estado la evolución es totalmente la contraria, es decir, aumenta el número de jubilaciones anticipadas, y disminuyen la edad de jubilación y los años cotizados. En consecuencia, la discriminación entre esos regímenes y el RGSS/Autónomos no solo se mantiene sino que aumenta. Esta es la consecuencia de la reforma de pensiones de 2021. Siempre pagan los mismos. Esta evolución se explica también por el hecho de que tanto Clases Pasivas como Regímenes especiales disfrutan, en exclusiva, de lo que se denomina "derechos adquiridos", una discriminación más entre colectivos.

2.- Se remite al RD Ley 11/2024 relativo a la mejora en las figuras de la jubilación activa, demorada y parcial "para que los trabajadores tengan una salida de mercado de trabajo más progresiva y flexible, en línea con los países de nuestro entorno".

Esta argumentación la emite, con inusitada desvergüenza, el Gobierno del país de la Comunidad Europea con mayores índices de desempleo, especialmente juvenil y en mayores de 50 años. El país con mayor índice de paro de larga duración, el cual está focalizado entre los mayores de 50 años. La cronificación del desempleo de larga duración en mayores de 50 años es alarmante y provoca repercusiones muy graves de índole económica y social. El Informe del SEPE 2026 reconoce el edadismo sistémico y precarización que sufre ese colectivo cuando pierden su empleo. Unas personas que, dada esa terrible situación, se ven abocadas a solicitar el subsidio de mayores de 52 años y posteriormente acogerse a una jubilación anticipada penalizada de por vida.

Adicionalmente, cuando en la respuesta del Gobierno indican "en línea con los países de nuestro entorno", se olvidan decir que España es el único país de nuestro entorno geográfico y social que no tiene establecido un número de años cotizados que aseguren percibir el 100% de la pensión. El resto lo tiene, ¿por qué España no?.   

Respecto a la jubilación demorada, el Gobierno no ha facilitado nunca información desglosada por género, sector económico, años cotizados, etc. El sentido común me hace pensar (sin temor alguno a equivocarme) que esas jubilaciones tienen en gran medida el rostro de mujer, con precariedad laboral, pocos años cotizados y salarios irrisorios, que busca en ese tipo de jubilación la subsistencia, no la voluntariedad. En conclusión: Una persona especialmente vulnerable. ¿Por qué el Gobierno no facilita esta información detallada? Sería la foto de la vergüenza.

3.- Respecto al gasto de eliminar las penalizaciones, indican que asciende a 3.358 millones de euros al año. Este es su "sublime" análisis económico, y se quedan tan anchos. 

Indican únicamente el gasto para el Sistema de Seguridad Social. El Gobierno no menciona para nada la repercusión real en las cuentas globales del Estado. No tiene en cuenta que ese importe tiene una retención del IRPF (al tipo marginal de cada uno). No menciona que el mayor consumo que generaría ese dinero, provocaría una recaudación por IVA, además de disminuir el desempleo, posibilitar mayor empleo juvenil, etc. ¿Tanto les cuesta hacer un análisis completo y real de lo que supondría para las arcas del Estado? La respuesta actual del Gobierno sigue la misma tónica  que tuvo el partidista y tergiversador informe del anterior Ministro, José Luis Escrivá, remitido al Pacto de Toledo en la época de la reforma 2021. 

Destacar que esos 3.358 euros (en bruto) no representan más del 1,5% del gasto anual en pensiones. Asimismo, cabe citar que el Gobierno alardea de los éxitos económicos. En este sentido, asegura que estamos en un año récord en afiliaciones, con un aumento del más del 7% en el importe de las cotizaciones. Indican asimismo que el fondo de reserva (hucha de las pensiones) podría finalizar el año con 27.000 millones de euros. Adicionalmente, afirman que el PIB crece en España el doble que en la media de los paises de la Comunidad Europea. Con todas estas cifras facilitadas por el propio Gobierno, ¿cómo se escudan en la excusa del coste económico? Además, ¿desde cuándo se le puede poner precio a la justicia?

El bloqueo a la citada moción no es desgraciadamente el único que practica el Gobierno con esa reivindicación. Es necesario recordar que el Gobierno, además, tiene bloqueados otros dos temas muy importantes:

• Proposición de Ley de Podemos. Aceptada por la Mesa del Congreso, pero bloqueada por el Gobierno desde hace más de dos años. 
• Carta remitida al Gobierno por parte del Parlamento Europeo exigiendo respuesta acerca de las penalizaciones a las personas con largas carreras de cotización. Esa carta es fruto de una queja de la asociación ASJUBI40 admitida a trámite por parte del Parlamento Europeo. El Gobierno lleva bloqueada la respuesta a esa carta desde hace más de seis meses. 

Todos estos bloqueos inaceptables del Gobierno muestran y demuestran un desprecio total y absoluto a las más altas instituciones democráticas. Un desprecio al Parlamento Europeo, un desprecio al Congreso de Diputados y a los grupos políticos que lo constituyen, y lo que es más grave, un desprecio a la ciudadanía. 

Cada partido político es responsable de sus actos y también de sus inacciones. La hipocresía política se acaba pagando.

Espero que estas humildes líneas, con múltiples datos objetivos y contrastables, sirvan para la rectificación inmediata del Gobierno y, de no producirse, para que los grupos políticos que votaron afirmativamente en la moción (y también los que se abstuvieron) presionen para que se cumpla el mandato de dicha moción. Está en sus manos hacer justicia. Está en sus manos tener la coherencia e integridad que el Gobierno ha demostrado no tener. ¡Basta de hipocresía política!

Este colectivo está formado en su mayor medida por personas de edad avanzada. No pueden esperar más tiempo. Cada año compañeros y compañeras lamentablemente se quedan en el camino. Parece que se esté demorando la solución esperando que las personas afectadas vayan falleciendo. Es indignante lo que se está haciendo con el colectivo que más ha contribuido al bienestar económico y social de este país.

Es un tema de justicia. Es un tema de dignidad. 

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