Escribo estas líneas para denunciar una situación de profunda desigualdad y discriminación indirecta por razón de género que afecta a muchas familias de empleados públicos. Me refiero a la denegación sistemática de la "prestación a favor de familiares" por parte de la Seguridad Social cuando el causante es un pensionista del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Esta denegación se basa en el requisito formal de que el fallecido debía ser pensionista del Régimen General, dejando en el desamparo a los familiares de funcionarios. En la práctica, esta traba administrativa castiga y discrimina de forma indirecta a las mujeres. Son mayoritariamente ellas quienes se ven obligadas a abandonar sus carreras profesionales y dedicar sus vidas al cuidado de sus padres mayores. Al no existir una prestación idéntica en Clases Pasivas, el sistema penaliza económicamente la labor de cuidados.

Afortunadamente, la justicia está empezando a arrojar luz sobre esta injusticia. Sentencias pioneras, como la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, han reconocido el derecho a esta prestación a la hija de un pensionista de Clases Pasivas. Los tribunales han comenzado a juzgar con perspectiva de género, advirtiendo que exigir ser del Régimen General vulnera el principio de igualdad y crea una discriminación indirecta refleja.

Esta jurisprudencia abre por fin la puerta y da esperanza a muchos familiares de funcionarios del Estado. No es solo una cuestión de derechos laborales; es una cuestión de dignidad y justicia social. Es imperativo que las instituciones adapten nuestra normativa para proteger económicamente a quienes dedican su tiempo y esfuerzo al cuidado de los mayores, sin importar el régimen de jubilación del que procedan.

Es urgente que la Seguridad Social y el Ministerio unifiquen criterios, adapten la normativa y dejen de penalizar a las familias de los funcionarios del Estado.

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