Nací en 1964 en una familia humilde. Mis padres fallecieron demasiado pronto y tuve que empezar a trabajar en la adolescencia. Algunas veces, los empresarios no cotizaban por la basura de salario que nos pagaban.

Limpiaba oficinas, portales, casas particulares... Con 20 años, entré en una contrata de limpieza del Hospital Clínico de Zaragoza. Desde entonces, no he dejado de cotizar. Siempre me ha parecido justo contribuir, con parte de mi salario, al bienestar de la sociedad.

Nuestros impuestos pagan la educación pública (aunque a veces, contra mi criterio, también gran parte de la privada), pagan la sanidad universal y pública de la que tan orgullosos debiéramos sentirnos, pese a sus dificultades y a la sangría a la que la someten los que ven en nuestra salud un botín sangriento.

Estoy cansada y rota por los años de trabajo a destajo y el desgaste de la edad y he decidido anmistiarme y pedir la jubilación anticipada a los 63 años. Me van a penalizar con un 17% de mi escuálido salario. Tampoco puedo pedir el complemento por mis dos hijos por jubilarme anticipadamente.

Creo en la solidaridad entre los trabajadores, pero no en la explotación de una generación, como la mía, que ha contribuido con sangre, sudor y lágrimas a mantener el estado de bienestar. Y a mucha honra.

Solo pedimos justicia para quienes, durante más de 40 años, hemos levantado sobre nuestras espaldas esta sociedad.

Retirar esas penalizaciones que nos harán más pobres en nuestra vejez es cuestión de justicia. Simplemente justicia social.

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