Martes 3 de marzo de 2026
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Aunque son importantes las noticias que habitualmente se publican sobre los temas que afectan a las personas mayores –pensiones, sanidad, dependencia, etc– estamos obligados a levantar la vista y otear el horizonte de lo que asoma en los próximos años, donde muchos de nosotros ya no estaremos para contarlo.
Los estudios determinan que para 2050 el 35% de la población española tendrá más de 65 años –aunque algunas CCAA bastante antes– lo que nos lleva a la siguiente reflexión: si ya tenemos problemas ahora en la atención sanitaria y en la dependencia, ¿cómo vamos a resolver estas cuestiones en el futuro?
Según dicen los “expertos”, se nos presenta un panorama difícil para mantener el nivel de pensiones públicas o subir el SMI, mientras las clases ejecutivas perciben salarios de premios de loterías y contratan planes de pensiones astronómicos para jubilarse. Ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el suyo.
Es necesario efectivamente aumentar el empleo. Ya se está haciendo con la llegada de migrantes, pero no con salarios bajos que dejan escasas cotizaciones en la caja de la Seguridad Social. He aquí uno de las claves de la economía capitalista (que no se cumple), hay que subir los sueldos de la clase trabajadora para aumentar su nivel de vida generando más consumo e incrementar los ingresos fiscales para desarrollar políticas sociales.
Pero aun así no será suficiente para sostener el estado de bienestar: pensiones, subsidios, sanidad, becas, centros de día, residencias, cuidadores profesionales, viviendas asequibles... Todo ello para atender a una población cada año más longeva y envejecida. Pues no hay otra vía que recaudar más impuestos de los que heredan grandes fortunas o patrimonios, empresas con milmillonarios beneficios como las eléctricas o la banca, sueldos desorbitados en forma de planes de pensiones millonarios, a los que se evaden permanentemente a paraísos fiscales, etc.
Trabajadores y pensionistas pagamos religiosamente el IRPF a través de las nóminas, sin opción a figuras tributarias que disimulen los ingresos a la hacienda pública, como ocurre con las grandes empresas y el uno por ciento de los hogares que más ingresan, que pagan tres puntos y medio menos que las rentas más bajas.
Un reciente informe de Fedea concluye que el estado dejó de ingresar hasta 50.000 millones de euros en ingresos de IRPF del año 2022 por actividades económicas y del capital inmobiliario, parcelas muy dadas al fraude. A pesar de lo que manifiestan las cúpulas empresariales, la presión fiscal media en la zona euro es del 41% y la nuestra del 37% sobre el PIB. “Los ricos también lloran” pero sin motivo y para disimular. La verdadera pobreza sigue estando en las familias que no llegan a fin de mes y peor aún, los cientos de personas que duermen en las calles cubiertos por cajas de cartón. No es humano.
José María Gómez Claro es secretario general de Pensonistas CCOO Asturias.
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