Cartas a la directora

Movilidad para mayores: ¿derecho universal o beneficio condicionado?

Ángel Sastre Martínez

Miércoles 25 de febrero de 2026

3 minutos

Movilidad para mayores: ¿derecho universal o beneficio condicionado?
Ángel Sastre Martínez

Miércoles 25 de febrero de 2026

3 minutos

cintillo cartas a la directora

 

Desde hace años, Barcelona participa activamente en la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que promueve un modelo urbano más saludable, sostenible y centrado en las personas. El discurso institucional ha sido constante: menos emisiones, más transporte público, más calidad de vida. Sin embargo, cuando se analiza cómo se trata a quienes más dependen del transporte público, las personas mayores, surgen dudas razonables sobre la coherencia entre el mensaje y la práctica.

En Barcelona, una persona que cumple 65 años no obtiene automáticamente la Tarjeta Rosa T4. Debe acreditar los ingresos de su unidad familiar, presentar documentación fiscal y esperar resolución administrativa. Si supera el umbral económico fijado, queda excluida. La edad, por sí sola, no basta.

En Madrid en cambio, el planteamiento es distinto. El abono transporte para mayores de 65 años es gratuito y universal. El único requisito es la edad. No se exigen baremos de renta ni comprobaciones familiares. El derecho se vincula al hecho de ser mayor, no al nivel de ingresos.

No se trata de una cuestión ideológica, sino de enfoque. Barcelona aplica un criterio condicionado: la movilidad como ayuda social sujeta a renta. Madrid aplica un criterio universal: la movilidad como derecho asociado a la edad.

En una sociedad que envejece y donde, según el Institut d´Estadistica de Catalunya, casi el 20 % de la población supera los 65 años, facilitar el acceso al transporte público no es un privilegio, sino una herramienta de cohesión social. La movilidad garantiza autonomía, participación y salud. Limitarla por umbrales económicos puede resultar técnicamente justificable, pero socialmente discutible.

Si queremos ciudades verdaderamente centradas en las personas, quizá debamos replantear qué entendemos por política pública inclusiva. ¿Debe una persona mayor demostrar su renta para poder desplazarse con facilidad por su ciudad? ¿O la edad debería ser criterio suficiente?

Barcelona tiene la oportunidad de revisar su modelo. La movilidad sostenible no solo se mide en emisiones, sino también en equidad.

Porque creo que cumplir años no debería convertirse en un trámite administrativo.


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Ángel Sastre Martínez