Señores ponentes de la Comisión de la Pasarela al RETA:

Permítanme que, dejando a un lado los tecnicismos parlamentarios –que fuera del hemiciclo no dominamos–, les exponga una realidad que está por encima de cualquier formalismo.

La situación real es que, en esa comisión o ponencia –sea cual sea su denominación exacta– miles de mutualistas que fuimos obligados por ley a darnos de alta en Mutualidades de Previsión Social Sustitutorias, en régimen de capitalización colectiva, estamos siendo excluidos. No fue una elección. Fue una imposición. Y hoy esa imposición nos deja fuera de todo.

Existen mutualistas jubilados que perciben –como bien saben– rentas de apenas 300 euros, algunos incluso menos, en 12 pagas y sin actualización anual. Son cuantías indignas y vergonzantes, es inhumano, tras toda una vida de trabajo, dedicación y contribución al llamado “Estado del bienestar”. Hemos pagado impuestos como cualquier ciudadano, pero llegado el momento de descansar –descanso más que bien merecido, como el resto de ciudadanos–, el Estado no nos reconoce la condición de pensionistas.

Tampoco tuvimos derecho hasta 2012 a la sanidad pública, lo que nos obligó durante décadas a contratar seguros médicos privados para cubrir contingencias básicas al menos y pagar los medicamentos. Esto también lo conocen de sobra.

Otros –como es mi caso– seguimos en activo, pero con la jubilación en este mismo año, aunque en algún momento de nuestra vida profesional optamos por darnos de alta también en el RETA. Pagamos doblemente: a la Mutualidad de Procuradores y al RETA, y aun así este esfuerzo económico nos deja en un limbo jurídico y laboral. Se nos etiqueta como “mutualistas complementarios”, sin derechos en ninguno de los dos sistemas. Nuestra vida laboral queda partida: todos los años cotizados en el sistema “alternativo” no existen para el Estado. Mis 25 años (1983–2008) cotizados en una Mutualidad de Previsión Social obligatoria –que hoy opera como una compañía de seguros– no computan para la Seguridad Social. Solo cuentan mis cotizaciones desde el alta en el RETA. 

Mi futura pensión de la Seguridad Social será de 448,72 euros; la renta de jubilación de la Mutualidad de Procuradores, en bruto y antes de IRPF, será de unos 258 euros, según la última simulación. En total, 706,72 euros.

Después de 43 años trabajando sin descanso, después de cotizar en dos sistemas al mismo tiempo, el Estado solo me reconoce lo cotizado desde 2008. Todo lo anterior –toda mi vida laboral, todo mi esfuerzo, todos mis años obligados en un sistema mutualista sustitutivo en régimen de capitalización colectiva– queda tirado a la basura. Así, sin más. Como si no hubiera existido. Como si no hubiera trabajado. Como si no hubiera cumplido con cada obligación que el propio Estado me impuso para poder ejercer mi profesión.

Fuimos obligados a darnos de alta en ese sistema. No fue una elección. No fue una alternativa. Fue una condición para poder trabajar. Y hoy, ese mismo Estado que nos obligó, nos abandona.

Esto no es un simple error administrativo. No es una descoordinación. No es un olvido. Es un acto de crueldad. Una crueldad incompatible con un país que presume de ser “solidario”, pero que a nosotros –los mutualistas obligados– nos excluye del sistema, nos borra del mapa y nos condena a una vejez sin derechos.

Y no solo es crueldad: es un acto deliberado y premeditado.

Deliberado, porque señorías, ustedes conocen perfectamente nuestra situación desde hace años. Premeditado, porque las propuestas que están saliendo de la comisión de la ponencia confirman por escrito que se nos quiere dejar fuera. No es un accidente. No es un descuido. Es una decisión política tomada con plena consciencia de sus consecuencias.

Y lo más grave: esta decisión la están adoptando representantes públicos elegidos en las urnas, que juraron o prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Una Constitución que proclama la igualdad, la protección social, la dignidad de las personas y la prohibición de la discriminación. Sin embargo, en esta materia, se está actuando exactamente en sentido contrario.

Quienes deberían garantizar nuestros derechos están avalando, con su firma y con su voto, que miles de mutualistas obligados –profesionales que sostuvimos el sistema durante décadas– sean arrojados a la desprotección absoluta. Y lo hacen sabiendo que nuestras carreras profesionales fueron condicionadas por leyes del propio Estado, que nos obligaron a integrarnos en un sistema que hoy se nos niega y se nos vuelve en contra, que supervisó.

Eso es lo que convierte esta situación en algo mucho más grave que una injusticia: la convierte en una responsabilidad política directa.

En el caso de la procura, hasta el 31-12-2012 la Mutualidad de Previsión Social de Procuradores era una entidad sin ánimo de lucro, como así rezaba al menos hasta en la ultima memoria publicada consta. Con el paso de la capitalización colectiva a la individual, a todos los mutualistas obligados se nos asignó un capital que no se corresponde con las cuotas realmente pagadas. En mi caso, casi 6.000 euros menos. Mientras tanto, las rentas de jubilación de nuestros compañeros se siguen pagando con las cuotas de quienes aún estamos en activo. Cada vez hay más mutualistas jubilados y menos en activo, y este colectivo –el más perjudicado históricamente– queda excluido de la pasarela al RETA, sin protección y abandonado a su suerte.

La situación es aún más grave: entre este año y los próximos 4 o 5 años se prevé la jubilación masiva de quienes fuimos obligados a integrarnos en estas mutualidades. No habrá fondos suficientes para pagar ni siquiera las rentas miserables actuales. ¿Es consciente el Estado y los señores ponentes de que está a punto de dejar a miles de mutualistas en una situación de total y absoluta desprotección?

Esto es, sin matices, otra forma de maltrato. Hoy que tanto se legisla sobre ello, conviene recordar que el maltrato no es solo físico: el nuestro es psicológico, emocional y permanente. Nos genera ansiedad, nos impide descansar, nos agobia, nos acompaña cada día y cada noche, y nos conduce a una situación vital imprevisible. ¿Puede haber mayor crueldad que condenar a miles de profesionales a una vejez sin derechos por decisiones políticas tomadas hace décadas y que, incomprensiblemente, se siguen manteniendo hoy?

En las muchas reuniones mantenidas durante más de tres largos años con distintos partidos políticos, cuando explicábamos esta situación, vuestra reacción era siempre la misma: ojos abiertos, incredulidad, sorpresa, y una palabra que se repetía: “estafa piramidal”. Una estafa piramidal consentida durante décadas por el Estado, por sus órganos de supervisión y por sucesivas legislaturas que, por acción u omisión, han permitido que esta injusticia llegue hasta hoy. Y aun así, los mutualistas obligados –jubilados o complementarios– somos excluidos de la pasarela al RETA, pese a ser precisamente quienes más hemos sufrido este sistema.

Esta es la realidad de muchos mutualistas: cometimos un único “error”, haber nacido demasiado pronto y haber iniciado nuestra carrera profesional en una época en la que se nos obligó a integrarnos en una Mutualidad Sustitutoria para poder ejercer como procuradores, abogados u otros colectivos. Mutualidades creadas en los años 40 del siglo pasado que hoy nos condenan a una vejez sin protección.

En el caso de la procura, además, cumplimos un mandato recogido en la Constitución, prestando un servicio público esencial como es la justicia gratuita y el turno de oficio. Y, sin embargo, el Estado –nuestro empleador en este ámbito– no nos tiene dados de alta ni cotiza por nosotros en la Seguridad Social, obligación que sí recae sobre cualquier empresa, sea cual sea su tamaño.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, el Parlamento Europeo ya ha intervenido. Ha admitido una petición precisamente por esta situación y, dada su gravedad, la ha remitido para investigación a dos de las comisiones más relevantes: la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) y la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM). Cuando una institución como el Parlamento Europeo –que solo actúa ante vulneraciones estructurales y persistentes-– decide abrir un expediente y trasladarlo a dos comisiones especializadas, es porque reconoce que aquí no estamos ante un problema menor, sino ante una posible vulneración de derechos fundamentales. Europa ya ha visto lo que está ocurriendo. Europa ya ha señalado la gravedad. Lo que falta es que lo vea, lo reconozca y lo corrija también el Congreso de los Diputados.

Realizamos una pluriactividad, igual que muchos diputados. Pero existe una diferencia esencial que ya no puede seguir ignorándose: mientras a los representantes políticos el Estado sí os da de alta y cotiza por ustedes, con los mismos impuestos que también pagamos los mutualistas, garantizando una pensión digna, la máxima, cuando llegue su jubilación, a los mutualistas obligados y complementarios se nos excluye deliberadamente. Excluidos por decisiones políticas, pese a haber contribuido durante décadas al mismo sistema fiscal que sostiene las pensiones de todos, incluidas las de ustedes, señorías.

Y un apunte más, que agrava todavía más esta injusticia: esta discriminación no solo golpea a quienes somos mayores y fuimos obligados a darnos de alta en una mutualidad sustitutoria. También condena a los mutualistas complementarios más jóvenes, que, aun habiendo cotizado durante años en ese sistema “alternativo”, tampoco podrán completar una vida laboral reconocida cuando llegue su jubilación. Sus años cotizados en la Mutualidad de Procuradores, lo perderán por los mismos motivos que los nuestros: decisiones políticas que mantienen un modelo que ya saben, -señorías-, que es injusto, insostenible y discriminatorio.

Así lo reconoció públicamente el propio Sr. Cendón en la toma en consideración de la proposición de ley que tuvo lugar hace ya un año, el 6 de mayo de 2025, un año. Un año entero en el que nada hicieron. Un año en el que miles de profesionales siguieron acumulando desprotección, incertidumbre y un futuro amputado.

Es decir, la exclusión no solo castiga a una generación: está condenando también a las siguientes.

Por todo ello, solo puedo concluir con una verdad incómoda pero innegable: lo que está ocurriendo con los mutualistas obligados no es un accidente histórico ni un daño colateral. Es una decisión política sostenida en el tiempo, una decisión que sus señorías conocen y reconocen, que han escuchado de nuestra propia voz durante estos más de 3 largos años y que aun así se mantiene. Una decisión que vulnera principios constitucionales básicos, que rompe la igualdad entre ciudadanos, que condena a miles de profesionales a una vejez sin derechos y que, además, se adopta con plena consciencia de sus consecuencias.

Los mutualistas obligados no pedimos privilegios. Pedimos justicia. pedimos que el Estado que nos impuso un sistema no nos abandone ahora. Pedimos que quienes juraron o prometieron defender la Constitución la cumplan también con nosotros. Porque lo contrario -mantener esta exclusión deliberada- no es solo una injusticia: es una traición a los ciudadanos a los que debéis proteger.

Y la historia, más tarde o más temprano, siempre acaba señalando a quienes tuvieron la oportunidad de corregir una injusticia y decidieron no hacerlo.

Agradezco sinceramente el tiempo dedicado a la lectura de esta carta abierta, que sé que es extensa, pero no podía ser de otra manera. La situación que vivimos miles de mutualistas –obligados jubilados y complementarios, mayores y jóvenes– es demasiado grave, demasiado injusta y demasiado prolongada en el tiempo como para resumirla en unas líneas. Detrás de cada dato, de cada cifra y de cada argumento que aquí expongo, hay vidas reales, trayectorias profesionales enteras, familias, salud, dignidad y futuro. 

No hablo solo por mí: hablo por miles de compañeros que llevan años soportando una carga que nunca debieron soportar y que hoy siguen siendo invisibles para el Estado que los obligó a entrar en un sistema que ahora los excluye. Y hablo también por quienes ya no están, por los compañeros que quedaron en el camino y por sus familias, que han quedado en la más absoluta desprotección.

Hoy, más que nunca, es el momento de que el Estado asuma su responsabilidad histórica. Es el momento de reparar el daño causado, de reconocer el sufrimiento acumulado y de poner fin a una injusticia que ha durado demasiado. No basta con aprobar una ley: debe contar con un desarrollo reglamentario real, completo y operativo, que garantice derechos efectivos y no se convierta en papel mojado, como lamentablemente ocurrió con otros colectivos, como el de la ELA, donde una ley sin desarrollo dejó a miles de personas exactamente en el mismo punto, incluidos mutualistas que desgraciadamente padecen esa enfermedad y que siguen sin la protección que necesitan.

Esta es la deuda pendiente con quienes hemos cumplido siempre. Y ya no puede esperar ni un día más.

Atte.

Remedios Ruiz Benavente, procuradora mutualistas complementaria.

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