Cuando la guerra sacude una región, proteger la cesta de la compra es un índice de buena gobernanza

Para millones de mayores, la inflación no es una teoría económica: es la diferencia entre comer con dignidad o vivir haciendo renuncias. Lo que está haciendo Emiratos Árabes Unidos, inmerso en una situación de tensión geopolítica creciente, para proteger los alimentos básicos debería, como mínimo, hacernos pensar en cómo aprovechar sus lecciones.

Cuando una crisis internacional sacude una región, lo primero que sienten muchas familias no es la geopolítica, sino el precio del pan, la leche, los huevos o el aceite. 

Por eso creo que resulta interesante observar la manera en que está actuando Emiratos Árabes Unidos, que ha logrado contener la tensión sobre los productos básicos con planificación, vigilancia de precios y reservas estratégicas. 

No se trata de copiar un modelo, sino de entender una idea de fondo que en España también debería abrir un debate: proteger la cesta de la compra, especialmente la de quienes viven de una pensión, es una cuestión de buena gobernanza, salud pública y dignidad.

Los Emiratos Árabes Unidos son un país desértico fundado en 1971 que está formado por siete emiratos que decidieron unirse y formar un solo estado, con una población históricamente nómada, con muy poca tierra útil para cultivos, que vivía de la pesca de la perla, que encontraron petróleo en 1958 y que tienen una dependencia casi total del exterior para alimentarse. Esta combinación de situación geográfica, dependencia alimentaria y riqueza energética convierte al país en un actor vulnerable —y a la vez estratégico— en cualquier crisis regional.

Su estructura económica y demográfica hace que cualquier tensión en su entorno inmediato tenga un impacto directo y casi inmediato sobre el país y sobre el conjunto de la región como los que ahora estamos viviendo en el Estrecho de Ormuz. Cualquier tensión en esta ruta se traduce en riesgo económico para las cadenas de suministro, en incrementos de precios de bienes de consumo y, como consecuencia de ello se pone en peligro la estabilidad social. En ese escenario, el contexto geopolítico deja de ser un marco de discusión académica y se convierte en una cuestión de supervivencia cotidiana.

Y en tiempos convulsos, hay una tentación muy habitual entre los políticos y tertulianos: hablar de las crisis en abstracto. Se habla de tensiones regionales, de rutas comerciales, de volatilidad de los mercados, y de precios de la energía. Todo eso importa, naturalmente. Pero la verdadera dimensión de una crisis se entiende mejor cuando uno baja al terreno y mira lo que ocurre en la vida cotidiana.

Se entiende mucho más cuando una persona mayor entra en el supermercado y comprueba que llenar la cesta le cuesta más que hace unos meses. Se entiende cuando una pensión, que ya iba ajustada, empieza a perder capacidad para cubrir lo básico. Se entiende cuando el precio de los alimentos deja de ser un dato económico y se convierte en una preocupación diaria.

Por eso creo que merece la pena mirar hacia Emiratos Árabes Unidos, país que conozco bien y donde ahora vivo, para analizar cómo está gestionando este problema y ver qué lecciones podemos sacar de su manera de solventarlo, no porque sea un modelo trasladable sin más a España, ni porque quiera idealizar su sistema de gestión, sino porque ofrece una respuesta muy interesante ante una situación compleja: la de un país con muy poca tierra cultivable, 0,7%, muy dependiente del exterior para alimentarse, y sometido además a los efectos de una crisis regional no provocada por él. 

Lejos de resignarse a esa vulnerabilidad, Emiratos ha optado por una idea sencilla y poderosa: poner al ciudadano, y en especial al consumidor más vulnerable, en el centro de la respuesta pública. Ahí está, en mi opinión, la primera lección importante.

Poner límites para proteger lo esencial

En Emiratos, las autoridades han decidido que hay una serie de productos con los que no se puede jugar. El Ministerio de Economía y Turismo mantiene una política que impide subir sin autorización previa el precio de nueve categorías de alimentos básicos: aceite de cocina, huevos, lácteos, arroz, azúcar, aves de corral, legumbres, pan y trigo. No hablamos de artículos de lujo ni de consumo ocasional. Hablamos de la base de la alimentación diaria de cualquier hogar. 

Este detalle es mucho más importante de lo que parece. Porque, cuando se produce una crisis internacional, la primera reacción de los mercados suele ser trasladar la incertidumbre al precio. Y cuando esa incertidumbre aterriza en alimentos esenciales, quien más la sufre no es quien tiene margen económico, sino quien vive con ingresos fijos. En otras palabras: la inflación alimentaria golpea con mucha más dureza a un pensionista que a quien dispone de ahorro o de una renta holgada.

Para nuestros lectores, esta cuestión no necesita demasiadas explicaciones. Todos sabemos lo que significa vivir pendiente de la evolución de la cesta de la compra. Todos sabemos que, cuando suben varios productos a la vez, lo que se rompe no es solo el presupuesto del mes: también se rompe una cierta sensación de seguridad. Y esa seguridad vale mucho, especialmente en la edad sénior.

Lo que los gobernantes de Emiratos están trasladando con esta política a los que allí vivimos ––un 90% de la población es expatriada y hay más de 200 nacionalidades–– es que la estabilidad en los alimentos básicos no puede depender únicamente de la inercia del mercado. Hay momentos puntuales en los que el Estado tiene la obligación de intervenir, ordenar y proteger. No para sustituir al mercado, sino para impedir que una situación excepcional castigue precisamente a quienes menos capacidad tienen para absorberla.

Vigilar antes de que llegue el abuso

Lo más interesante desde mi punto de vista es que esta política no se ha quedado en el papel. Emiratos ha desarrollado un sistema digital de vigilancia conectado con 627 grandes establecimientos —entre hipermercados, supermercados y cooperativas—, que cubren más del 90% del comercio interno de bienes esenciales. Ese sistema permite hacer seguimiento en tiempo real de los precios, detectar cambios injustificados y actuar con inspecciones y sanciones si es necesario. Hasta hoy, y desde que empezó el conflicto bélico, se han hecho más de 8.000 inspecciones, se han lanzado 729 advertencias por prácticas no autorizadas y se han impuesto 216 multas por importes que van desde los 500 euros a los 50.000 euros.

La diferencia es relevante. En muchos países, el consumidor descubre que hay un problema cuando ya ha pagado más o cuando el producto ha desaparecido del lineal. Aquí la lógica es otra: supervisar antes, corregir antes, evitar antes. En lugar de descargar toda la responsabilidad en el ciudadano —que compare, que proteste, que aguante—, se construye un sistema que intenta impedir el abuso antes de que el daño llegue al bolsillo y que manda un mensaje muy claro: hay productos con los que no se especula a costa del consumidor. 

 

 

Eso también es buena gobernanza. Y además transmite una idea muy importante: la protección del consumidor no es un gesto cosmético ni una consigna institucional, sino una política real que es lo que percibimos los que allí vivimos. Lo importante y prioritario es siempre la gente, seas de donde seas, vengas de donde vengas, o tengas la creencia que tengas. No en balde es el único país del mundo que tiene un ministerio para la tolerancia y la convivencia.

Hay otra enseñanza importante en el caso emiratí, y es que la seguridad alimentaria no consiste solo en que los precios no se disparen. Consiste también en que haya producto disponible y en que ese producto sea seguro.

Ahora, en plena crisis regional, Emiratos ha subrayado que cuenta con una reserva estratégica de seis meses de bienes esenciales, precisamente para amortiguar tensiones y asegurar el abastecimiento, todo ello dentro de una política modélica de transparencia ante todo lo que está pasando en todos los terrenos y que transmite seguridad y cuidado de las personas que allí residen.

Este punto es decisivo. Porque de poco serviría vigilar precios si luego faltara producto en los supermercados. El ciudadano no vive de los anuncios oficiales, sino de poder hacer una compra normal. Lo que tranquiliza no es el discurso, sino entrar en la tienda y encontrar arroz, leche, pan, huevos, papel higiénico o aceite a los precios habituales, con relativa normalidad, incluso en momentos de tensión.

Por eso, los Emiratos han invertido durante años en convertirse en un gran centro logístico mundial. El puerto de Dubái está entre los más importantes del planeta en tráfico de contenedores, con capacidad suficiente para manejar millones de unidades al año y absorber desvíos cuando una ruta se complica.

A esto se suma la existencia de redes logísticas y portuarias mediante acuerdos con decenas de países, lo que permite cambiar de origen o de ruta cuando una zona se vuelve inestable. En periodos de previsión de alto consumo, además se refuerza el suministro con vuelos chárter y barcos de carga para asegurar los suministros adicionales como ha pasado en estas semanas.

El ciudadano no ve los barcos ni los aviones ni los contenedores; lo que ve es que, incluso en épocas de tensión, puede seguir encontrando su paquete de arroz, su aceite y sus huevos en su tienda habitual. Esa normalidad es el resultado de una estrategia de fondo: no dejar el abastecimiento en manos de la improvisación.

A eso se añade otro aspecto que a menudo se olvida: la seguridad de los alimentos. No basta con que un alimento sea barato o accesible; tiene que ser también seguro, estar bien controlado, con normas higiénicas del máximo rigor y responder a estándares adecuados de calidad. Y esto, cuando hablamos de personas mayores, importa todavía más. A partir de cierta edad, una mala alimentación o un problema de seguridad alimentaria puede tener consecuencias mucho más serias sobre la salud.

Por eso, cuando se habla de proteger la cesta de la compra, no se está hablando solo de dinero. Se está hablando también de bienestar, de prevención y de salud pública. Es, en definitiva, una estrategia a largo plazo que va más allá de la emergencia puntual. 

Porque es obvio que nada de esto se improvisa de un día para otro. Emiratos lleva años desarrollando su Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2051 con varios objetivos claros: diversificar las fuentes de suministro, reforzar la producción local con nuevas tecnologías, mejorar la nutrición y reducir el desperdicio. 

Lo relevante aquí no es solo el contenido del plan, sino la filosofía que lo inspira. El país ha entendido que la seguridad alimentaria forma parte de la seguridad nacional, pero también de la política social y sanitaria. Es decir, que garantizar el acceso estable a alimentos básicos no es un lujo administrativo ni un asunto sectorial. Es una condición de estabilidad, de confianza y de cohesión social.

España, salvando todas las distancias, haría bien en incorporar esa mirada más amplia. Porque aquí seguimos discutiendo sobre el precio de los alimentos como si fuera solo una cuestión de inflación, cuando en realidad afecta a algo mucho más profundo: la capacidad de las personas para mantener una dieta adecuada y una vida autónoma.

Las personas mayores son las primeras en notar el impacto de cualquier subida brusca en los productos esenciales. Tienen, por regla general, ingresos más rígidos, más gastos sanitarios y menos margen para absorber sobresaltos. Por eso, cuando la cesta de la compra se encarece, muchas veces el recorte no empieza por lo superfluo, sino por la calidad de su alimentación.

Porque cuando suben los alimentos básicos, no sube solo el gasto. Sube la angustia. Sube la inseguridad. Y baja algo todavía más grave: la calidad de la dieta. La gente no deja de comer. Lo que hace es comer peor. Sustituye. Rebaja. Aguanta. Y en el caso de las personas mayores, ese ajuste tiene consecuencias directas sobre la salud.

Se compra menos pescado, menos fruta fresca, menos verdura, menos proteína de calidad. Se sustituyen productos saludables por otros más baratos y menos nutritivos. Se recorta donde no se debería recortar nunca. Y ese ajuste, que desde fuera puede parecer pequeño, termina repercutiendo en la salud: peor control de enfermedades crónicas, más fragilidad, mayor riesgo de desnutrición, pérdida de masa muscular y más dependencia o más ingresos hospitalarios.

Por eso la política alimentaria, cuando está bien planteada, también es política de envejecimiento digno y saludable.

No es exagerado decir que detrás del precio del pan, de la leche o de los huevos hay una cuestión de salud pública. Ni es exagerado afirmar que proteger a los consumidores más vulnerables —y entre ellos, claramente, a los mayores— es una obligación que debería estar mucho más presente en el debate de nuetro país.

Naturalmente, España no puede ni debe copiar sin más el modelo emiratí. Los contextos son distintos, las instituciones también y las soluciones nunca son automáticamente trasladables. Pero sí hay varias lecciones que merece la pena subrayar para entender algo que debería ser obvio: un país responsable no espera a que el pánico llegue a la caja del supermercado. Se anticipa. Vigila. Planifica. Protege.

La primera es que los alimentos básicos no pueden tratarse como un asunto menor cuando una crisis internacional amenaza con trasladarse al bolsillo de las familias.

La segunda es que la protección del consumidor no puede descansar solo en la capacidad individual de comparar precios o presentar reclamaciones. Hace falta vigilancia, información y capacidad de intervención.

La tercera es que la seguridad alimentaria no consiste únicamente en hablar de producción agrícola o ganadera. También tiene que ver con logística, reservas, planificación, salud pública y protección de los consumidores más vulnerables.

Y la cuarta, quizá la más importante, es que la dignidad de los mayores no se defiende solo con palabras. Se defiende haciendo posible que una pensión permita comer con normalidad, mantener hábitos saludables y no vivir cada visita al supermercado como una fuente de ansiedad.

En España y más en este medio de comunicación, hablamos con razón del envejecimiento, de la dependencia, de la soledad no deseada y del poder adquisitivo de las pensiones. Pero quizá deberíamos hablar mucho más de algo que está en la raíz de todo eso: el acceso estable, seguro y razonable a los alimentos básicos. Porque cuando eso no se garantiza, se altera mucho más que una variable económica.

Como ya hemos dicho, mirar a Emiratos en este momento no significa admirar sin matices, ni importar recetas ajenas, ni olvidar todas las diferencias que separan a un país de otro. Los contextos son distintos y las soluciones no se trasplantan como quien cambia una planta de maceta.

Significa reconocer algo bastante elemental: en medio de una crisis regional no buscada, han entendido que proteger la cesta de la compra forma parte de su obligación de gobierno. Han entendido que la estabilidad no se juega solo en los grandes despachos, sino también en la tienda de alimentos. Y han entendido, sobre todo, que cuando se protege el acceso a los alimentos básicos no solo se cuida el bolsillo de la población: se protege su salud, su tranquilidad y su dignidad.

La buena gobernanza consiste en anticiparse, en proteger, en equilibrar, en intervenir cuando toca y en evitar que una crisis internacional se convierta en una cadena de pequeños sufrimientos privados.

Esa es, en el fondo, la verdadera lección. No lo que hace un país pequeño de Oriente Medio, sino como lo han convertido en una prioridad política que también debería interpelarnos aquí. 

Porque detrás de cada tique del supermercado hay mucho más que consumo: hay autonomía personal, calidad de vida y respeto a quienes, después de toda una vida de trabajo, no deberían tener que envejecer con el temor de no poder llenar la nevera con normalidad. 

Porque una cosa es llenarse la boca hablando del respeto a los mayores y otra muy distinta practicarlo. Se les respeta cuando no se les abandona a la intemperie de una inflación alimentaria persistente. Se les respeta cuando no se les exige una flexibilidad infinita con ingresos finitos. Se les respeta cuando el sistema entiende que llegar a la vejez debería significar vivir con más seguridad, no con más miedo.

Al final, los países se retratan menos por sus eslóganes que por sus prioridades. Y pocas prioridades describen mejor la solvencia moral y política de un gobierno que su capacidad para impedir que un conflicto o una crisis lejana o cercana termine instalándose en la mesa de quienes han trabajado toda una vida.

Por eso creo que conviene decirlo sin adornos ni eufemismos: cuando una región o un país tiembla, la buena gobernanza no se demuestra solo en los foros internacionales, ni en las comparecencias impecables, ni en el lenguaje técnico con el que se envuelven las crisis. Se demuestra también en algo mucho más humilde y, precisamente por eso, mucho más serio cuando una persona mayor entra en un mercado y puede seguir comprando lo esencial sin sentir que cada pasillo es una amenaza y cada precio una humillación.

Ese alivio también es política. Ese alivio también es seguridad. Ese alivio también es dignidad.

Y quizá no haya una prueba más exigente de un buen gobierno que esa: lograr que, incluso cuando la guerra sacude una región entera, la vida corriente no termine quebrándose por el sitio más frágil, que siempre es el mismo: la mesa de los de siempre.