El Estado que regala en diciembre y cobra en octubre: Portugal y la confianza de sus pensionistas
Portugal anuncia un bonus de 200 euros a pensionistas y reclama pagos de más a 3.000 jubilados
El jueves 8 de octubre, el Diário da República publicó el Decreto-Ley 201/2026, que concede a los pensionistas portugueses un suplemento extraordinario que cobrarán junto con la pensión de diciembre: 200 euros para quienes perciben hasta 537,13 euros al mes, 150 euros hasta 1.074,26 euros y 100 euros hasta 1.611,39 euros, el triple del Indexante de los Apoyos Sociales. El pago no sufre retención del IRS, es inembargable y no computa para el Complemento Solidário para Idosos. Es la tercera vez que el Gobierno de Luís Montenegro recurre a la fórmula, estrenada en 2024. Ese mismo día, al presentar los presupuestos de 2027, el ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, dejó la puerta abierta a repetirlo: «Si hay condiciones presupuestarias, el Gobierno repetirá el suplemento de pensiones el próximo año, pero siempre condicionado a la situación presupuestaria». Conviene retener esa palabra: condicionado.
Esa misma semana, la prensa portuguesa destapó la otra cara de la moneda. La Caixa Geral de Aposentações (CGA), la caja de pensiones de los funcionarios y pariente cercana de nuestras Clases Pasivas, calculó mal 2.937 pensiones concedidas entre mayo y agosto de este año. La propia CGA lo atribuye a un «lapso en la parametrización» de su sistema informático: una regla de la reforma de 2005, que deja fuera de una parte del cálculo los años de servicio que exceden de cuarenta, se aplicaba en la práctica por primera vez en mayo de 2026, y el programa no la tuvo en cuenta. Resultado: pensiones que superaban el 90 % del último sueldo y, en algunos casos, el 100 %. La corrección supone, de media, 93,31 euros brutos menos al mes. Y lo cobrado de más habrá que devolverlo: de una vez en 30 días, mediante descuentos de hasta el 30 % de la pensión neta o a plazos hasta diciembre de 2027, sin intereses si se respetan los vencimientos.
La respuesta política ha sido de una firmeza notable. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, sostiene que «no solo hay fundamento legal, sino obligación legal» de exigir la devolución. El primer ministro lo ha elevado a cuestión de principio: «Quien recibe indebidamente debe reponer». Enfrente, la confederación de jubilados MURPI recuerda que sus asociados usaron el simulador oficial, recibieron una cifra para su aceptación, la aceptaron y empezaron a cobrar, y reclama que el Estado sea «una persona de bien» que no haga recaer sobre los pensionistas las consecuencias de sus errores. La asociación de jubilados APRe ha acudido a la Provedora de Justiça, el defensor del pueblo portugués, y el caso podría terminar en los tribunales.
Seamos justos con la Administración. Corregir la pensión hacia el futuro es irreprochable: nadie debería cobrar más que su último salario por un fallo informático, y la CGA precisa que los afectados son funcionarios con carreras largas cuya pensión media, ya corregida, ronda los 2.400 euros brutos. No estamos ante los jubilados más vulnerables. Pero corregir el futuro y cobrar el pasado son cosas distintas. Estas personas tomaron una decisión irreversible, la de jubilarse, con cifras que les facilitó el propio Estado. La abogada Isabel Araújo Costa recordaba en Público que la ley permite solicitar la dispensa total o parcial de la devolución, algo que «tiene sentido ponderar cuando el error es exclusivamente de la Administración». La vía existe; lo que falta es voluntad de recorrerla.
Y aquí aparece la paradoja. El mismo presupuesto que acompaña esta exigencia incluye un informe de sostenibilidad de la Seguridad Social que haría palidecer de envidia a cualquier ministro español. El Fondo de Estabilización Financiera de la Seguridad Social, la «hucha» portuguesa, alcanzará los 58.500 millones de euros en 2027, el 17,2 % del PIB y el equivalente a unos dos años y siete meses de pensiones del sistema contributivo. El Gobierno proyecta que el sistema de reparto no entrará en déficit hasta comienzos de la década de 2040 y que el fondo seguirá creciendo hasta 2070, cuando rozaría los 253.700 millones. Un Estado con semejante colchón puede permitirse ser riguroso, desde luego, pero también puede permitirse ser decente. Lo que reclama a esos 2.937 jubilados es una gota de agua a esa escala; la confianza que pone en juego, no.
El contexto político agrava la contradicción. Los socialistas de José Luís Carneiro permitirán con su abstención que el presupuesto supere la primera votación parlamentaria, prevista para el 27 y el 28 de octubre, y una de sus cuatro condiciones era la protección de la Seguridad Social pública y de las pensiones actuales y futuras. El politólogo Hugo Ferrinho Lopes lo resumía en el diario ECO con una frase que los afectados de la CGA leerán con ironía: «El PS paga al contado y cobra a plazos». En el otro flanco, Chega exige rebajar la edad de jubilación a los 65 años o a los 40 años cotizados, con un coste que el propio partido estima en 1.900 millones, y Montenegro lo ha calificado de «inaceptable» sin una evaluación rigurosa de sus efectos, antes de añadir una promesa solemne: «Jamás tomaré ninguna medida que pueda perjudicar en el futuro el pago de las pensiones». La votación final está fijada para el 24 de noviembre.
Para el lector español, el caso portugués es un espejo invertido. España optó por las reglas: desde la Ley 21/2021, las pensiones contributivas se revalorizan con el IPC medio, sin cheques que dependan de la voluntad del ministro de turno. Pero nuestro Fondo de Reserva, que llegó a acumular 66.815 millones en 2011, cerró 2017 con 8.085 millones y sumaba 15.267 millones a 31 de marzo de 2026. Portugal conserva la hucha que España vació; España tiene la previsibilidad legal, mientras que Portugal, en lugar de subidas extraordinarias permanentes para las pensiones más bajas, prefiere las gratificaciones de temporada. Cada país posee la mitad de la lección.
Lo que un jubilado necesita del Estado no es generosidad ocasional, sino previsibilidad permanente: saber cuánto cobrará, que esa cifra no cambiará por un error ajeno y que las mejoras no dependerán del calendario electoral. Un bonus en diciembre se agradece; una carta en octubre que exige devolver lo cobrado de buena fe se recuerda durante años. Portugal tiene las cuentas para resolver esto con elegancia: corregir hacia delante y perdonar hacia atrás. La pregunta de fondo es otra: ¿puede un Estado exigir a sus pensionistas una exactitud que él mismo no ha sabido tener?
