Portugal lidera el crecimiento de la zona euro en el segundo trimestre de 2026 con un avance del 0,8%. Le Figaro lo celebra, el Gobierno lo exhibe. Pero casi la mitad de los pensionistas portugueses sigue cobrando menos de 500 euros al mes. ¿De qué crecimiento hablamos cuando quienes construyeron el país no pueden llenar la despensa?

Hay cifras que merecen champán y cifras que exigen un silencio incómodo. Las dos pueden coexistir en el mismo país y en la misma semana. Esta ha sido una de esas semanas para Portugal. El Eurostat confirmó el pasado viernes que la economía portuguesa creció un 0,8% en el segundo trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior, y un 2,5% en términos interanuales. Es el mejor desempeño de la zona euro en ese periodo, solo superado por Irlanda, Lituania y Eslovenia. El ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, no tardó en exhibir la cifra. Le Figaro dedicó un artículo al milagro luso. Los titulares hablaron de recuperación, de solidez, de un país que por fin despega.

Pero hay otro Portugal, uno que no sale en los gráficos del PIB y que esta misma semana ha recibido una bofetada inesperada desde España. El portal 65YMÁS —precisamente la publicación para la que escribimos— publicó un artículo demoledor titulado «La deuda sube, las pensiones no: Portugal atrapa a los mayores entre la ortodoxia fiscal y el abandono». La tesis era sencilla y dolorosa: mientras Lisboa se congratula por contener la deuda pública (previsión de cerrar 2026 en el 87,5% del PIB) y por liderar el crecimiento europeo, cerca de la mitad de los jubilados portugueses sobrevive con pensiones inferiores a 500 euros mensuales. Es una cifra que debería hacer enmudecer cualquier brindis macroeconómico.

Los números no mienten, pero sí pueden distraer. La inflación en Portugal se situó en el 3% en julio de 2026 según el INE, tras haber alcanzado el 3,3% en abril. Las pensiones más bajas fueron actualizadas a comienzos de año por debajo de la inflación real, lo que supone una pérdida neta de poder adquisitivo para quien menos tiene. Las pensiones medias, entre 1.045 y 3.135 euros, recibieron un incremento del 2,29%, calificado como «neutro»: apenas alineado con la inflación de referencia del momento del cálculo, pero ya insuficiente ante la escalada posterior de precios. En la práctica, un jubilado portugués con una pensión de 600 euros compra hoy menos pan, menos medicamentos y menos electricidad que hace un año, mientras el PIB del país exhibe músculo en Bruselas.

La CDU (coalición del PCP y los Verdes) presentó en el Parlamento una propuesta para un aumento intercalar de al menos 50 euros por pensionista, con efectos a partir del 1 de julio. La iniciativa fue rechazada tanto por la coalición gobernante Aliança Democrática como por el PS. El argumento implícito es conocido: la responsabilidad fiscal exige contención. Pero la pregunta persiste, incómoda: ¿contención para quién? Porque mientras el Parlamento portugués rechazaba esos 50 euros para más de un millón seiscientos mil reformados, el país firmaba el mayor contrato de reequipamiento militar de su historia: 3.900 millones de euros para tres fragatas italianas. Y el Diário de Notícias alertaba esta semana de que el nuevo objetivo de la OTAN —elevar el gasto en defensa del 2% al 3,5% del PIB para 2035— obligará a Portugal a encontrar otros 4.000 millones de euros, ya sea mediante deuda o «reorientación de la despesa pública». La pregunta que nadie formula en voz alta es qué partidas se recortarán para financiar esa reorientación. La experiencia de la austeridad post-troika ya dejó claro que las pensiones y la sanidad son siempre las primeras víctimas.

Para un lector español, la comparación es inevitable y dolorosa en ambas direcciones. España dispone de un mecanismo de revalorización de pensiones ligado al IPC que, con todas sus imperfecciones, garantiza que el poder adquisitivo de los jubilados no se erosione por debajo de la inflación. Portugal no cuenta con un mecanismo equivalente de protección automática tan robusto: la fórmula legal existe, pero los resultados quedan frecuentemente por debajo de la inflación real, especialmente para las pensiones más bajas. El salario mínimo portugués, fijado en 920 euros brutos en 2026, ya casi duplica muchas pensiones. Es una anomalía que retrata con exactitud la posición de los jubilados en la escala de prioridades del Estado.

Mientras tanto, la subida de los combustibles —diez céntimos más en el gasóleo y nueve en la gasolina para la semana del 17 al 23 de agosto— y la Euríbor a tres meses por encima del 2,5% (máximo desde marzo de 2025) añaden presión a unas economías domésticas que ya operaban al límite. Para quienes aún pagan hipoteca o dependen del coche para llegar al centro de salud en zonas rurales despobladas, cada décima de subida es una pequeña amputación del nivel de vida.

El artículo del 65YMÁS terminaba con una frase que merece ser repetida: «Reducir la deuda y dignificar las pensiones no son objetivos mutuamente excluyentes». Es difícil estar en desacuerdo. Portugal crece, sí. Pero un crecimiento que no llega a las pensiones, que no se traduce en seguridad material para quienes ya dieron todo lo que tenían que dar al mercado laboral, es un crecimiento que carece de legitimidad moral. Y eso, como bien señalaban nuestros colegas, «debería avergonzarnos a todos». No solo a los portugueses: a cualquier europeo que crea que el contrato social entre generaciones aún significa algo.