Hay cifras que tranquilizan. Y hay cifras que, aun siendo correctas, pueden no contar toda la historia. Cuando hablamos de pensiones, llevamos años repitiendo una idea que parece incontestable: si las pensiones suben lo mismo que el IPC, nuestros mayores mantienen su poder adquisitivo. Sobre el papel, la lógica es impecable. Pero basta con mirar cómo vive y en qué gasta una persona de 75 años para que aparezca una duda bastante incómoda: ¿consume realmente un pensionista lo mismo que el español medio?

Si la respuesta es no, quizá estemos utilizando un buen termómetro, pero no necesariamente el adecuado para medir la temperatura económica de nuestros mayores.

El IPC es una herramienta estadística imprescindible. Nos dice cómo evolucionan los precios de una cesta representativa del consumo de los hogares españoles. El problema es que ese “hogar medio” es una construcción estadística. Una pareja de 35 años con dos hijos no distribuye su presupuesto igual que una persona jubilada de 75. Tampoco afronta las mismas prioridades.

Una persona mayor puede dedicar proporcionalmente más dinero a alimentación, electricidad, gas, agua, mantenimiento de la vivienda, seguros o determinados gastos relacionados con la salud. Y probablemente menos a educación, desplazamientos diarios al trabajo, tecnología o ciertos consumos de ocio.

Por eso me planteé un ejercicio sencillo: en lugar de mirar únicamente cuánto ha subido el IPC general, ¿qué ocurriría si calculásemos la inflación de la cesta que realmente consumen los mayores?

A partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE y de la evolución de los precios de las distintas categorías, he elaborado tres indicadores experimentales que he denominado Índices de Inflación Sénior (IIS). No son índices oficiales y sería incorrecto presentarlos como tales, pero sí permiten aproximarnos a tres realidades muy diferentes. Próximamente se publicará el artículo completo con los términos econométricos y el desglose de los datos contenidos en cada uno de los índices propuestos, en una revista económica indexada.

El primero, el IIS-A, representa a una persona mayor propietaria de su vivienda y sin hipoteca. Y aquí aparece una de las primeras sorpresas del análisis. Tendemos a pensar que quien tiene la casa pagada está mucho más protegido frente a la inflación. Pero no necesariamente es así.

Ese mayor no paga alquiler ni hipoteca, pero sí sigue pagando electricidad, gas, agua, comunidad, mantenimiento, reparaciones, alimentación, seguros y muchos otros gastos cotidianos. Y al desaparecer el gasto de alquiler, todas esas partidas pesan proporcionalmente más en su presupuesto.

El segundo indicador, el IIS-B, representa a la persona mayor que vive de alquiler. En este caso hay que hacer una importante matización: no es lo mismo alguien que lleva muchos años en una vivienda con un contrato estable que quien tiene que buscar hoy un nuevo alquiler en Madrid, Barcelona, Málaga o cualquier otra zona tensionada. Son dos realidades completamente diferentes y no deberíamos mezclarlas.

El tercer indicador, el IIS-C, quizá sea el más importante: representa a la persona mayor económicamente vulnerable. Porque uno de los grandes errores al hablar de inflación consiste en pensar que el mismo porcentaje afecta de la misma manera a todo el mundo.

Imaginemos dos personas. Una ingresa 3.000 euros al mes y necesita 2.000 para cubrir sus gastos. Otra cobra 1.000 euros y necesita 950 para llegar a fin de mes. Si sus gastos suben un 5%, ambas han sufrido matemáticamente la misma inflación. Pero mientras la primera todavía conserva un margen amplio, la segunda prácticamente se queda sin ninguno.

La inflación puede ser matemáticamente igual y socialmente completamente diferente.

Y esta diferencia es especialmente importante cuando hablamos de personas mayores con pensiones bajas, porque buena parte de su gasto se concentra en necesidades que no pueden aplazarse.

Cuando analizamos el periodo 2015-2025, los resultados ofrecen una fotografía muy interesante. Tomando 2015 como referencia 100, el IPC general habría llegado aproximadamente a 126,9. En nuestra estimación, la cesta de un mayor propietario alcanzaría alrededor de 128,7. La del mayor inquilino con contrato estable se situaría en torno a 124, mientras que la del mayor vulnerable se movería aproximadamente entre 127 y 129, dependiendo de la metodología utilizada.

Traducido a algo mucho más sencillo: aquello que costaba 1.000 euros en 2015 costaría hoy unos 1.269 euros según el IPC general, pero alrededor de 1.287 euros para una persona mayor que sea propietaria de su vivienda.

La diferencia no parece enorme si la observamos en un solo año. El problema es que unas pocas décimas repetidas durante diez años terminan acumulándose.

Y aquí aparece otra conclusión que me ha resultado especialmente llamativa: tener la vivienda pagada no siempre protege tanto como pensamos.

Durante 2021 y 2022 lo vimos con claridad. En 2022, el IPC medio alcanzó aproximadamente el 8,4%, pero energía y alimentación protagonizaron algunos de los incrementos más intensos de la crisis inflacionaria. Precisamente dos partidas con un peso importante en muchos hogares de mayores.

La capacidad de adaptación, además, es muy diferente. Podemos retrasar la compra de un teléfono móvil. Podemos viajar menos. Podemos aplazar la compra de ropa. Pero resulta mucho más difícil dejar de comprar alimentos, apagar completamente la calefacción o renunciar a determinados gastos relacionados con la salud.

La inflación de lo necesario duele mucho más que la inflación de lo prescindible.

Entonces, ¿han perdido poder adquisitivo los pensionistas durante la última década? Creo que la respuesta más rigurosa es que depende de qué pensionista estemos hablando.

Sería injusto afirmar que las pensiones han sufrido una pérdida generalizada y masiva de poder adquisitivo. Las políticas de revalorización han ofrecido una protección importante frente al IPC. Pero también sería demasiado simple concluir que todos los mayores están igualmente protegidos porque sus pensiones suban conforme al índice general.

Un pensionista propietario, otro que vive de alquiler y otro que necesita prácticamente toda su pensión para afrontar gastos básicos pueden recibir exactamente la misma subida y experimentar realidades económicas muy diferentes.

Por eso quizá tenga sentido empezar a hablar de un IPC Sénior, no para sustituir al IPC oficial, sino para complementarlo. Un indicador que nos permita saber cómo evolucionan realmente los precios para nuestros mayores y, especialmente, para aquellos que tienen menos margen económico.

Porque para diseñar buenas políticas públicas no basta con saber cuánto suben los precios. También necesitamos saber qué precios suben, quién compra esos productos y cuánto pesan dentro de su presupuesto.

Y quizá deberíamos incorporar todavía una pregunta más sencilla y más humana: no sólo cuánto ha subido una pensión, sino cuánto dinero queda después de pagar comida, vivienda, energía, salud y cuidados.

Porque una pensión puede subir exactamente igual que el IPC y seguir siendo insuficiente.

El IPC puede estar diciendo la verdad. Pero quizá no esté contando toda la verdad.

Y tal vez haya llegado el momento de dejar de preguntarnos únicamente cuánto suben las pensiones y empezar a medir algo mucho más importante: cuánto cuesta realmente ser mayor en España.