La revalorización de las pensiones no puede depender de una votación

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (@merp_org) rechaza que la revalorización de las pensiones dependa, una vez más, de los intereses partidarios de cada grupo parlamentario a la hora de votar en el Congreso de los Diputados. Quienes representan a la ciudadanía en el Parlamento deben poner todos los medios y dar los pasos necesarios para que la revalorización de las pensiones sea aprobada cada año de manera inmediata. No solo para que sea efectiva y no afecte a las condiciones de vida de los y las pensionistas, sino para no generar inseguridad y desconfianza.

Esta plataforma no acepta participar en lo que califica de "reparto de culpas y responsabilidades”, ya que las pensiones públicas es un asunto que nos concierne a la sociedad de conjunto. Según sus portavoces, “lo que debe producirse es un acuerdo en horas para que la revalorización quede aprobada”.

La MERP, que está formada por más de 500 organizaciones de todo el país, ha valorado que el resultado de esta votación pone de manifiesto, “por segunda vez después de un año”, la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución, “prohibiendo la privatización y la pérdida de poder adquisitivo”.

Según los portavoces, “si la Carta Magna obliga, este Gobierno, los que vengan y todos los grupos del Congreso, deberán cumplir el mandato constitucional y, en todo caso, las pensiones contarán con una mayor protección de la que disponen ahora, que no están consideradas ni un derecho constitucional”.

Por otra parte, han insistido en subrayar que “el blindaje constitucional de las pensiones es la mejor defensa del Estado del bienestar”, ya que vivimos en un momento “de incertidumbre política y económica, tanto nacional como internacional, en el que los derechos conquistados no se dan por supuestos”.

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones prepara movilizaciones a finales de febrero en todo el país, en defensa del Sistema Público de Pensiones, para reivindicar el blindaje constitucional como la mejor defensa del Estado del bienestar.