El 36,5% de las personas mayores de 65 años tiene problemas para llegar a fin de mes

Unos 12,5 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social en España, una cuarta parte de la población, la cifra más baja de la última década, aunque sube la pobreza severa que alcanza a 4,1 millones de personas, según el XV Informe Anual 'El Estado de la Pobreza', elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Española (EAPN-ES).

Según el estudio, basado en los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida y presentado este miércoles en Madrid, la tasa AROPE --personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social-- ha descendido en el último año, pasando de un 26,5% en 2023 a un 25,8% en 2024. En total, están en esta situación 12,5 millones de personas, 200.000 menos que el año anterior.

"Hemos visto que la pobreza ha bajado, que las medidas que van dirigidas contra la pobreza funcionan, pero también hemos visto que esto tiene un límite. Pero el límite no puede estar basado en cuestiones ideológicas. Muchas veces se nos dice que el mero crecimiento va a erradicar la pobreza, pero desde 2013 el PIB por persona ha aumentado un 40% y la pobreza se ha reducido en un 3,43%, pero además desde 2014 vemos que el nivel de desempleo ha bajado 13 puntos y la pobreza, 8. En definitiva, no el mero crecimiento reduce la pobreza", ha advertido el presidente de la EAPN en España, Carlos Susías.

La situación de los mayores de 65 años

Las personas mayores de 65 años o más presentan una situación particular en el análisis de la pobreza y la exclusión, principalmente debido a la naturaleza de sus ingresos.

Según el estudio, en 2024, la tasa AROPE para las personas de 65 años o más se situó en el 19,5 %, lo que representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales respecto al año anterior.

A pesar de esta mejora, este grupo de edad no alcanza el objetivo establecido por la Agenda 2030 para 2024 (que es del 10,2%).

Además, su evolución es muy diferente a la del resto de grupos de edad, ya que sus ingresos son mayoritariamente fijos y dependen en gran medida de decisiones políticas sobre las pensiones, no de su esfuerzo personal.

La tasa de pobreza

En lo que respecta a la tasa de pobreza entre los mayores de 65 años, en 2024 se situó en un 16,9%, lo que supuso una disminución de 1,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

A pesar de esta mejora, el valor se mantiene lejos del objetivo proporcional de la Agenda 2030, que era del 8,6 %.

Carencia material y social severa (CMSS)

Otro de los aspectos que se valoran en el informe es la carencia material y social severa (CMSS). El estudio asegura que el 14,2 % de las personas mayores de 65 años o más experimentaron carencia material y social severa en 2024.

Aunque se produjo una caída general en la CMSS, para este grupo el indicador permanece en valores superiores a los registrados en 2022, antes de la crisis inflacionaria y energética.

También se ha tenido en cuenta, las dificultades para llegar a fin de mes y el impacto de las pensiones. Sobre el primero, un 36,5 % de las personas de 65 años o más declaró tener alguna dificultad para llegar a fin de mes en 2024, siendo el único grupo de edad en el que esta tasa disminuye notablemente respecto al año anterior (38,7 % en 2023).

Y sobre las pensiones, el informe destaca que, sin las transferencias del Estado, la tasa de pobreza entre los mayores se cuadriplicaría del 16,9 % al 80,0 % en 2024.

Los ingresos medios per cápita de las personas jubiladas han aumentado un 57,8 % desde 2008, situándose en 17.208 € en 2024, un crecimiento superior al de la población activa.

Además, el año pasado, el 35,6 % de las pensiones contributivas se situaba por debajo del umbral de pobreza (menos de 827 €/mes en 14 pagas), y el 14,3 % estaba por debajo del umbral de pobreza severa (menos de 523 €/mes en 14 pagas).

Por último, persiste una brecha de género significativa en las pensiones: la pensión media de las mujeres (1.026 €/mes) es notablemente inferior a la de los hombres (1.510 €/mes), lo que requeriría un aumento del 47,1 % en las pensiones femeninas para igualarse.