Apoyo vecinal para parar el desahucio de Maricarmen, de 87 años y que lleva 70 en el mismo piso

Su lanzamiento, previsto para este miércoles, se ha aplazado hasta el 24 de junio

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Apoyo vecinal para parar el desahucio de Maricarmen, de 87 años y que lleva 70 en el mismo piso

Los vecinos del distrito de Retiro, en Madrid, se han concentrado en la tarde de este martes para protestar contra el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años que iba a ser desahuciada este miércoles de su vivienda en la que lleva residiendo durante los últimos 70 años.

Finalmente, el lanzamiento ha sido aplazado durante 20 días y la nueva fecha fijada para el desalojo es el próximo 24 de junio. Sin embargo, desde el movimiento por el derecho a la vivienda insisten en que el aplazamiento no supone una solución al conflicto ni una victoria para la inquilina.

 

 

El Sindicato de Inquilinas de Madrid lo interpreta como un "burdo intento" por desmovilizar a las vecinas y vecinos ante la "avalancha de apoyos" que está recibiendo Maricarmen. "Vivir dos desahucios en apenas 20 días es una tortura psicologíca que ninguna persona debería pasar", se puede leer en un comunicado difundido por la asociación.

El actor Juan Diego Botto ha sido uno de los artistas invitados al pasacalles por la vecina frente a la biblioteca municipal Eugenio Trías. También estuvieron otras caras conocidas del mundo de la cultura, como los cantantes Ismael Serrano y Rozalén, que interpretaron una canción a dúo.

70 años en el mismo piso

Maricarmen lleva viviendo en su casa desde 1956. A sus 87 años, el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones quiere que asuma un incremento del 275% de alquiler. 

 

 

El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento de una vivienda en la madrileña calle de Sainz de Baranda, en el madrileño barrio de Ibiza, ahora convertido en uno de los más caros de Madrid. A su muerte, pocos años después, el contrato se subrogó en su esposa, que continuó viviendo en el mismo domicilio junto a su hija hasta su fallecimiento en 2005. Maricarmen heredó el contrato, subrogándose en las mismas condiciones –una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI– durante casi 20 años.

Renta antigua

Entre 1950 y 1985, la legislación española establecía que los contratos de arrendamiento de vivienda tenían carácter vitalicio y podían ser heredados por el cónyuge y los descendientes que habitasen el domicilio. El decreto Boyer de 1985 acabó con esta medida de protección en los alquileres suscritos a partir de tal fecha, si bien se mantuvo el régimen indefinido para los contratos firmados con anterioridad, que desde entonces se conocieron como contratos "de renta antigua".

 

 

En 2018, la familia propietaria del bloque de pisos de Maricarmen vendió toda la finca a Renta Corporación, uno de los grandes holding inmobiliarios de España. Los nuevos dueños contactaron a Maricarmen en 2020 para ofrecerle la compra del piso en el que vivía desde hacía décadas, pero la pensionista no podía permitirse pagar ese precio. Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias. 

Con Urbagestión "llegaron los problemas", según el Sindicato de Inquilinas. Sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes (titulares de más de una docena de empresas en los ámbitos agroalimentario e inmobiliario), notificaron a Maricarmen que el contrato subrogado a su favor quince años antes debía haberse extinguido en 2007. Poco después la llevaron a los tribunales, que dieron la razón a la inquilina en primera instancia, "pero los Alonso no cejaron en su empeño de desahuciar a la pensionista, recurriendo una y otra vez hasta que el Tribunal Supremo les dio la razón en marzo de 2025".

Pensionista con discapacidad del 50% reconocida

El motivo, según el Sindicato de Inquilinas, es que la segunda subrogación del contrato (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) sólo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%. Maricarmen, con movilidad reducida debido a operaciones de cadera, sufre una discapacidad de “tan sólo” el 50%, y de nada le han servido los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación indisputada. 

 

 

Además, si el contrato se hubiese firmado en la actualidad, ambos padres de Maricarmen serían titulares del primer contrato, y la de Maricarmen sería una primera subrogación, es decir, seguiría con el contrato en vigor. "Las leyes machistas del franquismo hicieron que ese primer contrato fuera firmado únicamente por su padre, ante la negación de derechos a la mujer del matrimonio", explican desde el Sindicato.

Para el Sindicato de Inquilinas, que acompa a Maricarmen en este proceso, se trata de una "sentencia inédita que prioriza los requisitos formales de la subrogación por encima del espíritu de la ley, por encima de la voluntad del legislador y de la realidad social del tiempo por el que se deben interpretar las leyes, según el artículo 3 del Código Civil". Urbagestión exige ahora a Maricarmen un alquiler mensual de 1.650 euros –a modo de favor, ya que el resto de apartamentos del inmueble se alquilan a unos 2.650– aun a sabiendas de que la pensión de la octogenaria es de sólo 1.450 euros.