Miles de recursos y alegaciones presentados por los ciudadanos entre junio y agosto del año pasado, después de haber sido sancionados por una infracción de tráfico en Madrid, no fueron correctamente tramitados. Ni siquiera llegaron a los departamentos correspondientes para su análisis, aunque se hubieran presentado dentro del plazo legal, y en la forma correcta. Y así, las sanciones se dieron por válidas, y se procedió a la ejecución de multas y a embargos injustificados. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid está obligado a revocar más de 5.000 multas y devolver el importe de sanciones abonadas.
Un fallo técnico informático, confirmado por fuentes municipales, llevará al Ayuntamiento de Madrid a revocar "miles" de multas de tráfico impuestas entre junio y agosto de 2024. El error radica en el registro incorrecto de miles de escritos de recurso en materia de tráfico emitidos por los ciudadanos y que se habrían quedado sin resolución dentro del plazo legal. Sin analizar esos recuros, se diesen por válidas sanciones que en realidad estaban siendo impugnadas dentro del plazo legal. Esta situación derivó en embargos injustificados y en la ejecución de multas que no debieron hacerse efectivas.
Así lo ha advertido la consultora Pyramid Consulting en un comunicado. Esta empresa especializada en la gestión de recursos de tráfico ha destapado el incidente después de detectar un patrón inusual en los procedimientos sancionadores de esos meses. Tras su análisis, alertaron al Ayuntamiento, que inició una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y aplicar las medidas necesarias para rectificar el error.
Entre esos dos meses del año pasado "no se registraron correctamente miles de escritos de recurso en materia de tráfico", ha indicado la consultora, que ha señalado a las consecuencias legales del fallo, cuando dicen haber recibido ya "más de 5.000 expedientes anulados".
El problema detectado por este despacho legal ha afectado "a todos los recursos, alegaciones o escritos de identificación de conductor presentados entre junio y agosto de 2024. Aunque los ciudadanos presentaron sus escritos en tiempo y forma, no llegaron a ser tramitados internamente por los sistemas municipales". Esto supone la "caducidad y prescripción de los procedimientos sancionadores, tal y como establece el artículo 112 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial".
"Es un caso de manual: si el Ayuntamiento no resuelve dentro del plazo, el procedimiento debe declararse prescrito o caducado dependiendo de la fase en la que se encuentre el procedimiento sancionador. Lo grave es que miles de ciudadanos podrían haber sido sancionados ilegalmente de no haberse detectado esta irregularidad", ha señalado el equipo jurídico de Pyramid Consulting.
Los afectados deben revisar cualquier expediente sancionador gestionado entre junio y agosto de 2024. Si se presentó algún escrito y no se recibió resolución dentro del plazo es posible que el procedimiento deba anularse, han indicado los expertos.
