La Comisión Europea quiere lanzar una tarjeta común europea de discapacidad que garantice los derechos del colectivo a nivel de la UE, además se plantea blindar sus derechos políticos y aumentar la inclusión y protección frente a la discriminación en el ámbito social, educativo y laboral.
En la presentación de la estrategia comunitaria de derechos de personas con discapacidad, la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, ha planteado medidas para mejorar la situación de los 80 millones de personas discapacitadas en la UE de aquí a 2030. Entre ellas, destaca la creación de una tarjeta europea que reconozca la discapacidad entre estados miembros y facilite el derecho a la libre circulación.
"Debemos garantizar sus derechos y lograr una Unión de igualdad. Tenemos que aprovechar la crisis actual como oportunidad para construir una sociedad más justa, la UE debe ser un área común de respeto e igualdad de oportunidades", ha defendido la comisaria maltesa.
Igualmente, Bruselas se pone como meta garantizar los derechos políticos del colectivo, haciendo hincapié en que más de 800.000 personas con discapacidad fueron excluidas en los últimos comicios europeos. "Los derechos políticos están asegurados por el Derecho europeo, pero en la práctica las personas con discapacidad se enfrentan a dificultades para ejercerlos debido a la falta de accesibilidad o las restricciones a sus capacidades legales", ha apuntado.
Autonomía y no discriminación
Como parte de su estrategia, el Ejecutivo europeo quiere blindar la independencia y autonomía de las personas con discapacidad y para ello desarrollará una iniciativa para mejorar los servicios sociales y evitar la segregación del colectivo en el ámbito social y laboral.
"Todo el mundo tiene el derecho a tomar decisiones sobre dónde y con quién quiere vivir", ha subrayado Dalli, insistiendo en que la Comisión guiará a los Veintisiete para asegurar que esto sucede.
Con respecto a la discriminación que afrontan las personas con discapacidad en el ámbito educativo y deportivo, Bruselas ha advertido de la "necesidad crucial" de poner coto al abandono escolar entre jóvenes discapacitados. "Clases inclusivas son la base para una sociedad inclusiva. La Comisión apoyará a los estados miembros para desarrollar centros que sean accesibles", ha apuntado, anunciando medidas similares en el ámbito sanitario.
