El Defensor del Pueblo ha registrado en las Cortes Generales el documento Buenas prácticas en las contenciones mecánicas, una guía orientada a homogeneizar prácticas y reforzar las garantías en todos los ámbitos en los que estas medidas de contención pudieran ser utilizadas.

Este documento actualiza otro anterior publicado por la institución Defensor del Pueblo en 2017 –que se ceñía exclusivamente a los centros penitenciarios–.

En concreto, en este caso, informan en un comunicado ya se tiene en cuenta últimos avances jurídicos como la Instrucción 1/2022, de 19 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad, y la creciente demanda social respecto a la limitación de los medios coercitivos.

En particular, la guía, que "no tiene un carácter prescriptivo", se refiere específicamente a las residencias. La institución establece un marco garantista para proteger a un colectivo compuesto predominantemente por mayores o personas con deterioro cognitivo que se encuentran en "situaciones de especial vulnerabilidad".

El documento exige desterrar las inercias institucionales y concibe estas inmovilizaciones como una "medida de carácter estrictamente excepcional".

El texto explica cuándo es legal inmovilizar a un residente: solo "cuando resulte imprescindible para evitar un riesgo grave e inminente para la integridad física de la propia persona o de terceros", y únicamente "tras haber agotado previamente otras estrategias preventivas o de intervención menos restrictivas".

Además, desde el Defensor rechazan en la guía que las contenciones se utilicen como "medida de control conductual, comodidad organizativa del centro o sustitución de una adecuada dotación de personal o de recursos asistenciales".

Asimismo, se dictamina que "no resultan admisibles las prescripciones de contención adoptadas con carácter preventivo generalizado" ni su uso como una "medida inespecífica de prevención de caídas".

En ese sentido, toda indicación debe responder a un episodio concreto, prohibiendo que la contención sea una "medida protocolizada de uso rutinario ni como respuesta automática ante determinadas conductas o perfiles de residentes".

Estricto protocolo

Así, para aplicar una sujeción, proponen que no existan "indicaciones genéricas". El centro debería contar invariablemente con una "prescripción médica expresa, recogida en la historia clínica o en el registro asistencial correspondiente" basada en una rigurosa "valoración clínica individualizada".

Además, requerirá, con carácter general, el "consentimiento informado de la persona afectada o, en su caso, de su representante legal".

Y en situaciones de urgencia sin consentimiento previo, se debe dejar constancia expresa y recabarlo "tan pronto como sea posible", informando también a la familia "especialmente en los supuestos de mayor duración o reiteración".

Por otra parte, a nivel de infraestructura, se plantea que los centros deben usar dispositivos "específicamente diseñados para uso sanitario, homologados y en adecuado estado de mantenimiento", rechazando terminantemente la utilización de "medios improvisados o no autorizados".

Y para garantizar la seguridad y los derechos del residente, el organismo califica de "carácter imprescindible" la "utilización de sistemas de videovigilancia en los espacios donde se realicen contenciones mecánicas". Sin embargo, advierte de forma rigurosa que "en ningún caso la videovigilancia puede sustituir la supervisión presencial y continuada por parte del personal sanitario o asistencial".

Residencias libres de sujeciones

La guía del Defensor del Pueblo no se limita al procedimiento de inmovilización, sino que insta a cambiar el modelo de raíz.

Se exige a los centros sociosanitarios promover "políticas activas orientadas a la reducción progresiva y, en la medida de lo posible, a la eliminación del uso de contenciones mecánicas".

Para materializar este cambio, la institución propone impulsar "modelos de atención centrados en la persona" y mejorar "la dotación y formación del personal".

El objetivo último, concluye el texto, es avanzar hacia entornos asistenciales donde la seguridad de los mayores se garantice "sin recurrir, salvo en situaciones absolutamente excepcionales, a medidas restrictivas de su libertad de movimiento y autonomía personal".