Cada vez es más frecuente recurrir a la instalación de videocámaras en casa para supervisar en directo y las 24 horas del día a los padres o madres mayores que han perdido parte de su autonomía física o cognitiva. Es indudable que estas herramientas son muy útiles para detectar situaciones de emergencia y poder actuar rápido. Pero, ¿dónde trazamos la línea? ¿Dónde acaba el cuidado y empieza la invasión de la intimidad? Ana Bedia, directora de 65ymás, responde a estas preguntas en ‘Revolución sénior’, la sección en la que semanalmente interviene en el programa 'Más de uno Madrid', en Onda Cero Madrid, presentado por Pepa Gea.

La Agencia Española de Protección de Datos, junto con la Plataforma de Mayores y Pensionistas, ha publicado una guía con todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de instalar y usar videocámaras en los hogares de las personas mayores. El objetivo principal es ofrecer unos criterios prácticos que permitan algo que a veces parece difícil: compatibilizar la atención y seguridad de las personas dependientes, con el respeto absoluto a su privacidad y a sus derechos fundamentales.

Protección de Datos recuerda que instalar cámaras en estos casos no puede considerarse automáticamente lícito, ni tampoco prohibirse de forma general, sino que exige analizar con mucho cuidado las circunstancias de cada familiar. Hay que partir de una premisa básica: el domicilio es un espacio especialmente protegido, incluso cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad o dependencia. La videovigilancia debe respetar siempre la dignidad de la persona y aplicarse con criterios de necesidad, proporcionalidad y mínima invasión posible.

Por otra parte, Bedia explica que la persona mayor debe conocer y aceptar la instalación de estas cámaras, entender quién va a ver esas imágenes y para qué sirven, siempre, claro está, en la medida en que su estado cognitivo se lo permita. Además, y esto es muy importante, conservan el derecho a cambiar de opinión, es decir, pueden oponerse o pedir que se retire el sistema en cualquier momento.

Ahora bien, en el caso de que la persona mayor está de acuerdo y la familia decide instalar el sistema, las recomendaciones da Protección de Datos para garantizar un uso respetuoso son:

• Se deben limitar los espacios de grabación a las zonas estrictamente necesarias, es decir, no hace falta grabar toda la casa.
• Otra regla fundamental es evitar la grabación de sonido, captar conversaciones es una injerencia enorme en la intimidad y debe evitarse por norma general.
• También se pide a las familias que no guarden las imágenes indefinidamente.
• Y que eviten sistemas permanentemente activos.
• Además, se pide que se recurra, si es posible, a alternativas menos intrusivas, como pueden ser los botones de teleasistencia o los sensores de movimiento.

Cuidadoras y empleadas de hogar

Bedia aclara que cuando grabamos solo para nuestro ámbito estrictamente privado se aplica lo que se llama la "exclusión doméstica", pero en el momento en que en esa vivienda trabaja una persona cuidadora o empleada del hogar, la normativa de protección de datos pasa a aplicarse con todas sus obligaciones. Ya no es solo un entorno familiar íntimo.

Los trabajadores tienen derecho a estar informados de forma expresa y clara sobre la existencia de estas cámaras. Es más, hay dos líneas rojas clarísimas:

• La primera es que estas cámaras se instalan para el bienestar y seguridad de la persona mayor y no pueden utilizarse como un sistema de control laboral sistemático para vigilar el rendimiento del trabajador. 
• Y la segunda es que existen espacios absolutamente prohibidos para la grabación, que son aquellos donde se desarrolla la vida privada, como los aseos. O si la persona trabajadora es interna, su propia habitación.

Como conclusión Bedia sentencia: "No tratemos a los más mayores como niños y respetemos y tengamos en cuenta su voluntad".