La reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años tiene un impacto positivo en la pensión de quienes lo cobran porque, a diferencia de otras ayudas, mientras una persona percibe este subsidio, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) paga sus cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que ese tiempo computa y eleva su futura pensión.

De hecho, los cambios introducidos en 2019 mejoraron las condiciones, al incrementar la base por la que el Estado cotiza a favor del desempleado (del 100% al 125% del Salario Mínimo Interprofesional), lo que tiene como consecuencia que la cuantía de la pensión inicial aumenta casi el 5% (exactamente, el 4,72%), según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea @socialfedea).

Los autores del estudio, Los mayores de 50 años en la ocupación y prestaciones por desempleo, Fernando Pinto, Carlos Garcimartín y Miguel Ángel García, han calculado este valor desde una postura conservadora, utilizando el promedio de perceptores del periodo (432.520 personas) y estimando que cobrarán el subsidio una media de 8 años (de los 15 posibles). La base reguladora se ha construido combinando esos 8 años de subsidio con 17 años de cotización bajo el salario medio en España.

Al aplicar la tasa de reposición media del Aging Report de la Comisión Europea (77,2%), Fedea determina el flujo de la mayor pensión anual a lo largo de una esperanza de vida postjubilación de 21,68 años.

Entre las conclusiones del estudio, Miguel Ángel García (@magarciadiaz) señala que este subsidio se ha transformado en una figura híbrida; no es solo una renta de ayuda ante la pérdida de empleo, sino una prestación de carácter previsional, ya que incide de manera muy significativa en la pensión futura. Aunque mejora la protección de los mayores de 52 años, "su diseño desincentiva la reincorporación al mercado laboral e implica un alto coste".

Gasto disparado en este subsidio, que desincentiva volver al empleo

La investigación de Fedea plantea un escenario contrafactual en el que los beneficiarios adicionales del subsidio creados por la reforma (un promedio de 225.701 personas en el periodo), de no cobrar la ayuda, estarían trabajando y percibiendo el SMI debido a las dificultades de inserción laboral en esa franja de edad.

Hay que recordar que esta ayuda se concede a quienes han agotado la prestación o subsidio por desempleo y tiene un importe de 480 euros mensuales, que se cobran de manera indefinida hasta acceder a la jubilación. 

En su informe, los expertos de Fedea advierten de que la reforma de 2019 ha generado un enorme aumento en el número de perceptores y, en consecuencia, un elevado impacto económico a largo plazo. Uno de los cambios consiste en que ya no se tiene en cuenta la renta de la unidad familiar, lo que, a juicio de los autores del estudio, puede introducir problemas de equidad.

Otra de las consecuencias es que se reducen los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial), "con un coste adicional no menor para la sociedad española".

Los autores del informe alertan asimismo del coste extra para la Seguridad Social provocado por la reforma de 2019; se estima en 17.935 millones de euros (en valor presente de 2025) para el periodo comprendido entre 2019 y 2030, debido a la confluencia de dos partidas: 

• Mayor gasto futuro en pensiones (9.456 millones de euros). Al haber más personas cobrando el subsidio durante más tiempo y con una base de cotización más alta, el sistema asume la obligación de pagar pensiones de jubilación más caras en el futuro.
• Pérdida de ingresos o "lucro cesante" (8.479 millones de euros). Es el dinero proveniente de cuotas sociales que la Seguridad Social dejará de recaudar, porque esas personas adicionales no estarán trabajando. 

Fedea advierte que estos cálculos asumen que el desempleado cobra el subsidio durante una media de 8 años. Si este periodo se alargase hasta los 12 años, el coste total para la Seguridad Social se dispararía hasta los 22.898 millones de euros.

A todo esto hay que sumar el coste directo que asume el SEPE por pagar mensualmente la ayuda, el cual alcanzará los 1.818 millones de euros solo en el año 2030.

Banco de España también critica este subsidio

Hace unos días, el Banco de España advertía también sobre algunos efectos perniciosos de los subsidios de desempleo; en concreto, criticaba que la sobrecotización en el destinado a mayores de 52 años desincentiva su reincorporación al trabajo por la diferencia entre la base de cotización (125% del salario mínimo interprofesional) y el importe de la ayuda (equivalente al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, Iprem).

En su informe anual 2025 señalaba que, si se rebajara la cotización de este subsidio hasta hacerla coincidir con la cuantía de la prestación (es decir, con el 80% del Iprem), aumentaría la probabilidad de reincorporarse al mercado laboral, especialmente entre las mujeres.