Sociedad

El Gobierno eliminará el término "disminuido" de la Constitución cuando se acabe el Estado de Alarma

65ymás

Domingo 2 de mayo de 2021

8 minutos

Será sustituido por "personas con discapacidad" además de añadir puntos relativos a sus derechos

Silla de ruedas
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Domingo 2 de mayo de 2021

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El Gobierno reactivará, cuando decaiga el Estado de Alarma, previsiblemente el próximo 9 de mayo, la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para sustituir el término "disminuido" por el de "personas con discapacidad", según informa Europa Press.

"Quiero anunciar que, una vez decaiga el Estado de Alarma, cuando constitucionalmente será viable proceder con trámites de reforma constitucional, queremos reactivar la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para que algo que lleva demasiado tiempo detenido prosiga con rapidez", ha explicado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (@nachoalvarez_), este jueves, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante un taller virtual organizado por CERMI (@Cermi_Estatal)

Álvarez espera poder "avanzar con la celeridad que este trámite constitucional requiere" y sobre el que, según ha recordado, "hay un amplísimo consenso en todos los niveles, administrativo y de todas las fuerzas políticas en el Congreso".  

Se trata de una iniciativa que se llegó a acordar en el Congreso en 2018, pero su tramitación se vio paralizada por la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) en abril de 2019.

Esta iniciativa ya contó con el apoyo generalizado de la Comisión de Políticas para la Discapacidad de la Cámara baja. A este órgano encargó Carmen Calvo (@carmencalvo_), en octubre de 2018, un texto alternativo al artículo 49 de la Carta Magna, en respuesta a la petición realizada por el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

El objetivo de la comisión era, además de cambiar el término 'disminuido' por 'personas con discapacidad', incluir en el artículo 49 otros puntos que incidieran en los derechos de este colectivo.

Actualmente, dicho artículo establece que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos".

El nuevo texto propuesto dice que "las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación", y encomienda a los poderes públicos la tarea de "realizar las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad".

Asimismo, establece que se regulará "la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes" y subraya que "las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos".

Esta redacción fue aprobada por el Consejo de Ministros, en el mes de diciembre de 2018, un anteproyecto de reforma que debía ser convalidado por el Congreso.

Accesibilidad Universal

Por otro lado, Nacho Álvarez ha destacado que la ley de protección a la infancia frente a la violencia, recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, y que continúa su tramitación en el Senado, "pone el acento" en la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas, también especialmente de aquellos con discapacidad, y ha subrayado que la ley, que espera que se apruebe definitivamente "con la mayor rapidez posible", garantizará la "accesibilidad universal" de la infancia.

En este sentido, ha puesto en valor los fondos europeos, que permitirán una inversión de 3.500 millones de euros a derechos sociales para los próximos tres años, y quieren que parte de esta inversión esté vinculada a proyectos circunscritos al ámbito de la accesibilidad universal. Precisamente, ha dicho que una buena parte de los proyectos que les están llegando de las comunidades autónomas van en esta línea.

Además, durante el taller organizado por el CERMI este jueves bajo el título La política territorial en línea con la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, también ha intervenido el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Jesús Martín (@jesusmartinb), que además será el nuevo director general de Discapacidad del Gobierno.

Que desaparezcan los internamientos forzoso

Martín ha anunciado que, tras abolir la esterilización forzosa, de haber conseguido el voto de las personas con discapacidad intelectual y de haber luchado por dar voz a las personas con discapacidad en el tráfico jurídico, ahora se van a empeñar en trabajar para "que desaparezca del ordenamiento jurídico la práctica de los internamientos forzosos".

"Estamos haciendo un trabajo intenso, no es sencillo jurídicamente, vamos a poner el foco en medidas alternativas que respeten la voluntad de las personas y den garantías a las familias y a las propias personas. Estamos realizando un trabajo de investigación con grandes expertos y esperamos poder presentarlo pronto en la agenda política", ha explicado.

Sobre la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, Martín ha indicado que es "un gran acontecimiento mundial" porque "empodera" a las personas con discapacidad tras mucho tiempo en el que se las ha visto como "sujetos pasivos" y en el que "el diagnóstico colonizaba" su vida.

Más mujeres que hombres con discapacidad

Por su parte, la vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez (@AnaPelaez), ha llamado a garantizar la participación directa de las mujeres y niñas con discapacidad pues "todavía hay muchas CCAA que cuentan con consejos de participación de la mujer u observatorios de violencia donde no hay representación del movimiento cívico de la discapacidad".

Según ha recordado, en España, el 60% de las personas con discapacidad son mujeres. En este sentido, ha enumerado algunos factores que contribuyen a que exista una mayor prevalencia de la discapacidad entre las mujeres frente a los hombres, como "el menor estatus socioeconómico y social de la mujer, la violencia de género y las prácticas nocivas discriminatorias por motivo de género", que pueden terminar ocasionando discapacidad.

 

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