Indignación ciudadana por el desahucio de Maricarmen: "Es una barbaridad lo que ha pasado"
La mujer de 87 años se ha convertido en un símbolo de la lucha por el acceso a la vivienda
El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito de Retiro que residía desde hace 70 en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, ha provocado una ola de indignación ciudadana, también entre las principales asociaciones de mayores, quienes han condenado lo sucedido y consideran que "es una barbaridad lo que ha pasado".
65YMÁS ha salido a la calle a preguntar a los mayores y ha podido comprobar que el enfado es generalizado entre un colectivo que pide soluciones para que algo similar no se vuelva a producir: "Me parece un vergüenza", "Se quieren aprovechar de una pobre mujer", "Se debería acabar con esto", "Parece otro país", "Es terrible tener que abandonar tu casa después de tantos años", han lamentado.
El caso de Maricarmen, que tiene reconocida una discapacidad del 50% y había pagado siempre rigurosamente, se ha convertido en un símbolo de la lucha por el acceso a la vivienda. Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento del domicilio. Tras su fallecimiento, el contrato se subrogó primero en su esposa y posteriormente en su hija. Maricarmen mantuvo durante cerca de dos décadas las condiciones de ese contrato de renta antigua, con una mensualidad actualizada cada año conforme al IPC y otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
La mujer obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, aunque el Tribunal Supremo terminó fallando a favor del inversor. Este era su cuarto intento de desahucio desde que el edificio pasó en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos, trató de incrementar su alquiler un 275%. Finalmente, la comisión judicial ejecutó este miércoles su desahucio, el cual congregó a cientos de personas para arropar a esta mujer, que finalmente ha sido sacada del edificio en el que ha vivido durante décadas en camilla y entre gritos de "no estás sola" de las personas concentradas en la calle. Posteriormente, la mujer ha sido introducida en una ambulancia por Sanitarios del Samur y trasladada al Hospital Gregorio Marañón. "Hoy se ha consumado lo que no esperábamos", ha lamentado una portavoz del Sindicato de Inquilinas, quien ha recordado en declaraciones a los medios que la mujer "nunca jamás" ha dejado de pagar el alquiler y que "lo único que quería era morirse en su casa tranquila".
"Ahora, ¿dónde queda esta mujer?"
"Se podían haber puesto medios y remedios antes de llegar a esta situación porque una mujer que está en esas condiciones tiene todo el derecho a quedarse en ese domicilio, sobre todo cuando lleva 70 años", ha defendido José Luis Fernández Santillana, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), reclamando en este tipo de situaciones "remedios", y sobre todo "ponerlos con tiempo para que no lleguemos a esta situación. Ahora, ¿dónde queda esta mujer?".
"Si tú con unas pensiones que no son especialmente altas les pones una renta que es imposible de asumir, lo que estás diciendo a esas personas es: vete a la calle. Me parece que este es el típico ejemplo de lo que no tendría que pasar, sin entrar en los derechos que pueda tener el arrendador o el arrendatario", ha señalado. "Tendría que haber ayudas directas para que esa persona mayor pueda hacerse cargo del alquiler, y controlar que ese alquiler no sea abusivo. Aquí han fallado los instrumentos legales".
Del mismo modo, Anatolio Díez Merino, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT-UJP, ha valorado esta situación como "lamentable" y ha señalado que "esto viene como consecuencia de las leyes que tenemos y de la poca sensibilidad que hay por parte de los partidos políticos para normalizar una situación que se está convirtiendo en el día a día", por lo que pide que "de una vez por todas se pongan de acuerdo". "Al final se necesita que se modifique todo el tema de la vivienda y de los alquileres", añade e insiste en que "es una falta de sensibilidad total y absoluta para con las personas mayores".
Santillana valora la respuesta ciudadana frente a lo sucedido, una respuesta que ha sido "encomiable", en palabras de Díez Merino, "porque cuando los que tienen la obligación de legislar no lo hacen, los propios ciudadanos se rebelan contra este tipo de injusticias para defender la dignidad de las personas mayores". Con todo, "lo que me preocupa ahora es qué hacemos con esta persona mayor, ¿dónde va a vivir? ¿Dónde están sus cosas? ¿Dónde está su vida, su historia? A mí me importa más ese aspecto humano", señala el presidente de CEOMA, insistiendo en que se trata de un tema "realmente sangrante". "No se puede ganar dinero a costa de la vida de las personas", ha criticado.
"Desgraciadamente todos los días se producen situaciones como la de Maricarmen o parecidas, que a pesar de llevar muchos años pagando religiosamente su alquiler, llega un momento en que su vivienda es vendida a un fondo buitre o el propietario decide exprimir al máximo el negocio y empieza a subir el alquiler hasta que los inquilinos se ven imposibilitados de hacer frente a los pagos y los jueces sentencian el lanzamiento de los inquilinos por impago", ha lamentado, a su vez, Juan Sepúlveda, secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras. "El problema de la vivienda es uno de los más graves que tiene este país, y urge darle solución urgente si no queremos que el caso de Maricarmen se siga produciendo".
Igualmente, para Gloria Margarita Veiga, presidenta de la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC), quien afirma sentirse "muy concernida y muy indignada", lo que ha sucedido es "un atropello. Como sociedad y como pertenecientes a un estado que se supone democrático, que puede y debe velar por las personas más vulnerables, hemos fracasado rotundamente". Por todo ello, considera que "debemos hacer una profunda reflexión la sociedad en su conjunto".
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) también se ha pronunciado en este sentido expresando su "más absoluta condena" y considerando "intolerable" que el lanzamiento se ha ejecutado sin garantizarle previamente una alternativa habitacional digna, estable, accesible y acorde con su voluntad. Además, han destacado que un desalojo de estas características no solo supone perder la vivienda, sino que es también "un golpe devastador para la salud y el equilibrio emocional de una persona mayor".
Por todo ello, consideran que lo ocurrido es "un fracaso inaceptable” de las administraciones y de los mecanismos públicos de protección social. “Una sociedad democrática no puede permitir que una persona mayor y en situación de especial vulnerabilidad sea expulsada del hogar en el que ha desarrollado prácticamente toda su vida sin que exista antes una solución adecuada”, denuncian.
A pesar de la gran repercusión que ha tenido este caso, recuerdan que no es algo aislado, por lo que desde la PMP exigen mecanismos públicos de detección temprana, coordinación institucional y acompañamiento individualizado que impidan que una persona mayor llegue al día del desahucio sin una solución adaptada a su voluntad y circunstancias, además de otras medidas concretas, como: la suspensión de los desahucios de personas mayores en situación de vulnerabilidad si no se garantiza previamente una alternativa habitacional adecuada; el rechazo expreso de la institucionalización forzosa como respuesta a la pérdida de vivienda; la incorporación obligatoria de la perspectiva de edad y discapacidad en los procedimientos judiciales, administrativos y sociales vinculados a los desahucios; la aplicación efectiva de las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derecho a una vivienda adecuada; la coordinación inmediata entre vivienda, servicios sociales, sanidad, dependencia, cuidados y accesibilidad, con protocolos de actuación temprana y responsabilidades claramente definidas; la ampliación urgente del parque público de vivienda accesible y asequible, con recursos específicos destinados a personas mayores con bajos ingresos; el refuerzo de los apoyos domiciliarios y comunitarios; y la revisión de los protocolos y de las actuaciones administrativas.
“Lo ocurrido con Maricarmen es intolerable. Una residencia no es una alternativa habitacional y la edad no puede utilizarse para despojar a una persona de su derecho a decidir dónde vivir. Expulsar de su hogar a una mujer de 87 años sin ofrecerle previamente una vivienda adecuada constituye un fracaso de los poderes públicos. Las administraciones deben dejar de llegar tarde: tienen la obligación de prevenir estos desahucios, proteger a las personas más vulnerables y garantizar soluciones que respeten su dignidad, su autonomía y su voluntad”, ha reclamado su presidente, Jesús Norberto Fernández.
Desde la Fundación HelpAge Internacional España también han lamentado "profundamente" esta situación y han querido poner en el centro del debate público "el derecho a una vivienda digna para las personas mayores, así como la urgente necesidad de reforzar las medidas de protección para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por razón de edad".
"Perder el hogar a los 87 años, después de toda una vida construida entre esas paredes, es perder memoria, arraigo y comunidad. El caso de Maricarmen es una llamada urgente a exigir políticas públicas que protejan a las personas mayores y garanticen su derecho a envejecer en un hogar digno", han añadido en un comunicado.
"Hay muchas maricarmenes, y nos necesitan a todas y a todos"
Vecinos y activistas habían pasado la noche al raso frente al inmueble para tratar de impedir este cuarto intento de desahucio. Y no solo vecinos y ciudadanos, también personalidades del mundo de la cultura han mostrado su apoyo a Maricarmen. De hecho, Ana Belén, Ignatius Farray, Rozalén y Marwan, entre otras personalidades, estuvieron presentes en la vigilia y han mostrado también su rechazo a lo ocurrido en sus redes sociales.
"Han expulsado a Maricarmen de su casa. De la casa en la que ha vivido 70 años, de la casa en la que murieron sus padres, de la casa donde ella quería seguir hasta el final. Han echado a Maricarmen después de siete décadas y ni una sola deuda, siete décadas cumpliendo con su contrato. Hoy España es un país más injusto", ha lamentado, al tiempo que ha dado las gracias "a todas las personas que os acercasteis ayer a su calle, y sobre todo a las que habéis pasado la noche a la intemperie y habéis resistido la violencia policial para intentar que no ocurriera lo que finalmente se ha producido esta mañana. La vivienda no es un negocio. La vivienda es un derecho. Hoy cuesta creerlo, pero no perdamos la esperanza, la ilusión y el compromiso. Hay muchas maricarmenes, y nos necesitan a todas y a todos".
La abogada, comunicadora y presentadora española Inés Hernand también ha criticado lo ocurrido: "No pensábamos que la desvergüenza administrativa, empresarial, judicial y humana pudiera llegar a tanto. Habéis abandonado a Maricarmen, pero nosotras no lo haremos porque estamos hartas de que dejéis desprotegidas a todas vuestras ciudadanas en todos los sentidos. Esto también va de ti, porque si no tienes perras, acabarás igual".
El desahucio
La comisión judicial llegó a las 9:30 horas. Durante las horas posteriores se habían producido momentos de tensión y empujones, seguidos de una situación de "calma tensa" y enfrentamientos puntuales que desembocaron en alguna carga policial. Los agentes retiraron después a las personas que permanecían sentadas pacíficamente frente al portal. Una vez despejado el acceso, la puerta de entrada al edificio fue abierta con un ariete para acceder al inmueble, donde todavía permanecían activistas del Sindicato de Inquilinas que habían acompañado a Maricarmen durante la noche.
La policía desmonta la barricada al entrar en la vivienda de Maricarmen. Foto: Fernando Sánchez (Europa Press).
La organización había denunciado en redes sociales que la propiedad se negó a aceptar una oferta de alquiler que habría permitido a Maricarmen continuar en la vivienda. Según había informado, una donante anónima estaba dispuesta a completar la renta de la mujer. "Quieren echar de su casa a una mujer de 87 años pese a existir una solución sobre la mesa", había criticado el sindicato antes de que se consumara el desahucio.
Por su parte, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha explicado que la defensa negoció durante alrededor de una hora con la comisión judicial y con una procuradora de la propiedad, que rechazó suspender el lanzamiento pese a existir un escrito pendiente de resolución en el juzgado. Según Duro, se alegaron razones humanitarias, la oferta de la donante anónima y la coordinación de las administraciones para encontrar una alternativa habitacional. También se solicitó un aplazamiento de entre quince días y un mes para que Maricarmen pudiera abandonar la vivienda de forma "digna" y retirar sus pertenencias, pero ninguna de estas propuestas fue aceptada.
"Ni siquiera quieren dejarle un tiempo mínimo de una hora ni de dos para sacar sus cosas más personales", lamentó la letrada, quien recalcó que Maricarmen "nunca ha dejado de pagar la renta" y que la propiedad llevaba meses rechazando los acuerdos planteados por su representación legal.
