La Ley de Propiedad Horizontal lo aclara: qué hacer si un vecino pone la música demasiado alta
El artículo 7.2 permite actuar contra quienes provocan molestias continuas en la comunidad
Una de las principales causas de los problemas entre los vecinos son los ruidos altos que provienen de otras viviendas. La música a un volumen excesivo, las fiestas que se prolongan durante la noche, los ladridos constantes de los perros o el movimiento de muebles en horas de descanso pueden terminar afectando a la convivencia. Cuando estas situaciones se repiten, los vecinos que las sufren cuentan con mecanismos legales para intentar ponerles fin.
Uno de ellos se recoge en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). En concreto, su artículo 7.2 prohíbe que los propietarios y ocupantes de viviendas o locales desarrollen actividades que estén prohibidas por los estatutos, resulten perjudiciales para el inmueble o incumplan las normas generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
Esta disposición permite intervenir cuando la conducta de un residente perjudica la tranquilidad del resto de la comunidad. Sin embargo, no todos los ruidos constituyen una infracción. Para recurrir a este procedimiento, las molestias deben superar los límites de lo razonable y presentar una intensidad, continuidad o gravedad suficiente.
Entre las situaciones que pueden justificar una actuación se encuentran las fiestas frecuentes a altas horas de la madrugada, la música a un volumen excesivo, las obras realizadas fuera de los horarios permitidos o los ladridos persistentes de animales.
El procedimiento para poner fin a las molestias
El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece un mecanismo que se conoce como acción de cesación, cuyo objetivo es conseguir que el responsable deje de realizar la actividad que perjudica a los demás vecinos.
El primer paso corresponde al presidente de la comunidad, que debe enviar un requerimiento formal al propietario u ocupante de la vivienda para exigirle que ponga fin inmediatamente a su comportamiento. Esta advertencia puede realizarse por iniciativa del propio presidente o a petición de cualquiera de los otros vecinos afectados. Además, debe advertir de que, si las molestias continúan, podrán emprenderse acciones judiciales.
Si el vecino hace caso omiso del requerimiento, será necesario convocar una junta de propietarios para aprobar el inicio de acciones legales. Una vez conseguido el acuerdo de la comunidad, el presidente podrá presentar una demanda contra el responsable y solicitar que la Justicia ordene el cese de la actividad.
Cuando el juez considere que las molestias han quedado acreditadas, podrá ordenar que finalice el comportamiento perjudicial y condenar al infractor a indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. En los casos más graves, la sentencia también puede privar al propietario del derecho a utilizar la vivienda o el local durante un máximo de tres años. En caso la persona que cause las molestias sea un inquilino, se puede acordar la extinción de su contrato.
Por otra parte, si la comunidad de propietarios no quiere poner en marcha este procedimiento, el vecino afectado también puede acudir a la vía judicial para defender sus derechos, aunque la acción individual y la acción de cesación contemplada en la LPH tienen requisitos y alcances diferentes.
Es importante tener en cuenta que para que una reclamación prospere es clave reunir pruebas que permitan demostrar la existencia y la gravedad de las molestias. Pueden servir los testimonios de otros residentes, un registro de las incidencias, los avisos a la Policía Local o las mediciones acústicas.
