Las comunidades de propietarios muchas veces tienen desacuerdos para tomar decisiones. Uno de los asuntos que más dudas genera es la instalación de cámaras de videovigilancia en las zonas comunes del edificio. Ante estas situaciones, muchas personas se preguntan si basta con la decisión de algunos vecinos o si es obligatorio contar con el consentimiento de los demás.

La respuesta a esto aparece en la Ley de Propiedad Horizontal, específicamente en el artículo 17.3, donde se regula la implantación de servicios de vigilancia en los edificios de la ciudad.

“El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, supongan o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirán el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación”, señala el artículo.

Esto quiere decir que para colocar cámaras de seguridad en espacios comunes se necesita la aprobación previa de la junta de propietarios. Para que la medida sea positiva, se debe conseguir el voto de al menos tres quintas partes de los vecinos y de las cuotas de participación de la comunidad. Una vez que se alcanza esa mayoría, se puede realizar sin ningún problema

Además de la autorización de los propietarios, también existen límites sobre el lugar donde se pueden colocar las cámaras. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recuerda que con estos dispositivos “no podrán captarse imágenes de la vía pública a excepción de una franja mínima de los accesos al inmueble” ni “imágenes de terrenos y viviendas colindantes o de cualquier otro espacio ajeno”.

Por ello, aunque las comunidades pueden reforzar la seguridad mediante sistemas de videovigilancia, deben hacerlo respetando tanto la normativa de propiedad horizontal como la legislación en materia de protección de datos y privacidad.