Manuel Olmedo: "El ordenamiento jurídico tiene que modificarse para adaptarse al cambio demográfico"

La seguridad jurídica de los sénior, un tema prioritario para una España cada vez más longeva

El Secretario de Estado de Justicia (@justiciagob), Manuel Olmedo (@Manuel_Olmedo), ha mantenido un diálogo con el presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega, en la jornada Seguridad jurídica de los sénior, organizado por Fundación Notariado (@FNotariado) y 65YMÁS, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid (@ColNotMad).

El acto ha contado asimismo con la presencia destacada de la presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; y del director General de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy. 

En el evento, presentado por la directora de 65YMÁS, Ana Bedia, se ha organizado asimismo una mesa redonda sobre los derechos y obligaciones jurídicas de los sénior, la importancia de la formación y los recursos existentes a su alcance para garantizar su seguridad, en la que han intervenido Gonzalo Berzosa, miembro del Comité Asesor 65YMÁS y presidente de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE); Ester Pérez Jerez, directora general de Seguridad jurídica y Fe pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y Mª Isabel Louro García, notaria de Orense y Patrona de Fundación Notariado. El debate ha sido conducido por Javier García Pérez, experto en Longevidad con una amplia trayectoria profesional vinculada a las personas mayores. 

En conversación con el presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega, el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha reconocido que “nuestro ordenamiento jurídico tiene que cambiar” para adaptarse al cambio demográfico. En ese sentido, ha afirmado que estas reformas tienen que pasar por ampliar derechos y garantizar la seguridad jurídica, así como la accesibilidad a la Justicia, y ha destacado la importancia de la Ley orgánica 1/2025. “Es la primera vez que se recoge expresamente la necesidad de hacer ajustes cuando un procedimiento lo hace una persona mayor”, ha señalado. Además, se ha referido a los principales instrumentos jurídicos que tienen a su disposición, como los testamentos, poderes preventivos, autotutela… “Son actuaciones que no se deben postergar”, ha recomendado. Y ha pedido hacer uso de los servicios que ofrecen los notarios. “Todos necesitamos asesoramiento”, ha afirmado. A continuación, ha hecho un llamado a los mayores para que se “cuiden” y “protejan”. Y ha recordado que tienen “muchas herramientas a su alcance” y el derecho de exigir “ese cuidado” por parte de la administración.

La presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, encargada de inaugurar el acto, ha destacado que “los notarios podemos desempeñar un papel clave para la seguridad jurídica de los mayores. Nuestro contacto diario con las personas nos permite conocer sus problemas: les escuchamos, les asesoramos y les proponemos soluciones. Por ejemplo, los pactos asistenciales, que afectan a la convivencia de las personas y en muchos casos responden a una situación de necesidad de una de las partes. Esto puede generar situaciones de vulnerabilidad, de ahí que debamos darles seguridad jurídica y que instemos al legislador a regular esta materia, y, en todo caso, hasta que estén regulados en Derecho Civil común, consideramos que pueden pactarse en escritura pública en garantía de la seguridad jurídica e información de nuestros mayores”.  

Finalmente, el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, ha incidido en que la vejez no debe ser considerada como una etapa de vulnerabilidad y ha destacado el papel que tienen los notarios en la prevención de abusos, reivindicando “el no documento”, cuando estos se detectan. Además, ha puesto en valor que “los sénior tienen un trato preferente en nuestras notarías” y ha enumerado todos los instrumentos que tienen a su disposición –y sobre los cuales pueden asesorarles gracias a su expertise– como son los testamentos, las garantías de cesiones de bienes a cambio de cuidados, las hipotecas inversas, los poderes preventivos o las voluntades anticipadas.

Seguridad jurídica de los sénior

Durante la mesa redonda, moderada por el experto en longevidad, Javier García Pérez, la notaria de Orense y Patrona de Fundación Notariado, Mª Isabel Louro García, ha centrado su intervención en los principales desafíos que enfrenta el colectivo en materia de seguridad jurídica. Ha destacado la importancia del respecto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas y ha puesto en valor la proximidad y accesibilidad del notariado para hacer valer estos derechos. “Cualquier persona que se acerque a una notaría tiene que contar con la certeza de que vamos a realizar un asesoramiento individualizado”, ha comentado. Y ha explicado que los notarios son una garantía de que los actos se realizan con plena conciencia y voluntad libre, frenando situaciones de abuso o manipulación.

Por su parte, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Ester Pérez Jerez, ha explicado que por tener más de 65 años no se pierden derechos y que “la seguridad jurídica de los mayores está garantizada”. La Directora General ha instado a hacer uso del decálogo de instrumentos jurídicos que tienen los mayores a su disposición para planificar su futuro con seguridad y ha abordado el papel que puede jugar la coordinación entre notarios y Justicia en la prevención de abusos al colectivo sénior. “La justicia se está centrando en la persona, con sus circunstancias personales, y va a ser plenamente accesible”, ha señalado. 

Por último, Gonzalo Berzosa, miembro del Comité Asesor 65YMÁS, del cual forman parte las 13 principales asociaciones de mayores del país, y presidente de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE), se ha centrado en las preocupaciones jurídicas de los sénior. Por una parte, ha pedido a las instituciones cambiar la mirada sobre la vejez como una “pérdida” o desde el punto de vista de las “carencias” o “dificultades”. Por otro lado, ha reclamado prestar una “especial atención jurídica a la vida cotidiana” de los mayores, cuidando cómo se trata al colectivo en el lenguaje, reconociéndoles y garantizando una información que llegue al ciudadano sobre temas como testamentos, últimas voluntades… Finalmente, ha instado a la administración a que “traten de reducir los plazos”.