La plataforma fundada por la actriz Assumpta Serna reclama un Pacto de Estado de Cuidados
Critican que la nueva Ley de Dependencia sigue teniendo carencias
La reforma de la Ley de Dependencia entrará en vigor el próximo 23 de octubre sin resolver los problemas estructurales que aquejan al sistema español. Así lo ha denunciado la Plataforma Dorada, un movimiento ciudadano no partidista impulsado por la actriz Assumpta Serna junto a 300 voluntarios expertos e investigadores, que alerta de que la nueva norma resultaría insuficiente para garantizar este derecho.
La organización pone el foco en las deficiencias asistenciales y de gestión que acumula la atención a la dependencia, criticando carencias en residencias y en los domicilios. Según sus datos, unas 900.000 personas han fallecido ya en listas de espera, desde la entrada en vigor de la Ley hace dos décadas.
Carestía de vivienda pública
Desde la organización que fundó la actriz también se critica la carestía de recursos habitacionales públicos, del tipo vivienda para mayores, con una gran desigualdad territorial en su implantación. Y advierten, además, sobre la falta de coordinación con los Institutos Municipales de Vivienda.
Esta escasez chocaría con la preferencia mayoritaria de las familias: el 56-57% de las prestaciones se concederían en el entorno domiciliario, afirman, donde más de 735.000 personas ejercen cuidados familiares, un rol asumido mayoritariamente por mujeres mayores de 50 años (72%).
Exigencia de un Pacto de Estado
Ante este escenario, Plataforma Dorada incide de nuevo en su petición de un Pacto de Estado de los Cuidados y recuerdan que suman 5.058 adhesiones a su propuesta, 3.000 testimonios, 15 millones de visualizaciones y más de 1.126 mociones aprobadas en ayuntamientos.
De esta manera, exigen priorizar las viviendas con servicios comunitarios frente a las macro-residencias y asegurar personal cualificado y horarios dignos para los cuidadores.
Y entre sus propuestas clave destacan la transferencia de financiación autonómica a los municipios, el control transparente de las licitaciones urbanas, el desarrollo de modelos adaptados al entorno rural en municipios de menos de 5.000 habitantes y la prioridad a cooperativas y entidades sin ánimo de lucro mediante financiación pública plurianual.
Finalmente, recuerdan que la iniciativa de petición del Pacto de Estado logró el pasado 8 de octubre su primer respaldo institucional autonómico con el apoyo del Parlamento de Navarra, que se comprometió a impulsar un diálogo interautonómico sobre este tema.
