El sindicato USO Cantabria ha reclamado la puesta en marcha de un Convenio Colectivo Regional del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que permita adaptar las condiciones laborales del sector a las necesidades específicas de la comunidad, según recogen en un comunicado.

El actual marco estatal ha demostrado ser "insuficiente", argumentan, para dar respuesta a una realidad tan singular como la de Cantabria, "marcada por la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población y la elevada demanda de atención domiciliaria".

Así, desde la organización de trabajadores hacen un llamamiento a las diversas patronales del sector y al resto de sindicatos "para iniciar el proceso de negociación colectiva en el ámbito regional".

Según explican en el comunicado, en la región, "alrededor de 3.000 profesionales, en su inmensa mayoría mujeres, prestan un servicio esencial que permite que miles de personas mayores y dependientes puedan continuar viviendo en sus hogares".

"Sin embargo, estas trabajadoras siguen soportando unas condiciones laborales que no reflejan la responsabilidad social que asumen diariamente", matizan.

Por ello, para USO, la negociación de un convenio propio debe ser "una prioridad". "Permitiría corregir importantes carencias del convenio estatal y ofrecer respuestas concretas a problemas que afectan exclusivamente al territorio cántabro, como los largos desplazamientos entre municipios, el elevado tiempo invertido en carretera o la desigualdad de condiciones según la empresa adjudicataria o el ayuntamiento en el que se presta el servicio", justifican.

El sindicato defiende que este futuro convenio incorpore las siguientes medidas que dignifiquen la profesión:

• Una actualización salarial vinculada al IPC y a la evolución de los precios de los contratos públicos.
• Una compensación justa por los desplazamientos y el uso del vehículo particular.
• La homogeneización de las condiciones laborales en toda la comunidad autónoma.
• El reconocimiento de las trabajadoras del SAD como personal socio sanitario.
• El establecimiento de medidas que permitan una jubilación anticipada acorde con la penosidad de la actividad.