Los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el maltrato al mayor, la Alianza Cívica "Candelaria" (ABTE Candelaria), han hecho un llamamiento urgente a todas las fuerzas políticas para que incorporen en sus programas electorales el impulso de una Proposición de Ley de Protección Integral frente a esta lacra social.

En concreto, la entidad reclama que esta regulación sea considerada una cuestión de Estado y una prioridad social y jurídica indispensable. Cabe recordar que recientemente la asociación presentó el primer Libro Blanco de la Estrategia Nacional por el Buen Trato y la Protección de las Personas Mayores, un documento institucional cuyo objetivo es promover una cultura permanente de respeto y prevenir el maltrato, sirviendo como hoja de ruta para fortalecer las políticas públicas, documentar el amplio respaldo social e institucional a la propuesta de ley de ABTE Candelaria e impulsar un Pacto de Estado que blinde la dignidad y protección del colectivo sénior.

Desde la organización también han expresado su preocupación por la falta de interlocución del Ejecutivo. Y es que tras registrar el texto normativo el 12 de febrero en el Congreso y el Senado, la entidad solicitó, ese miso mes, una audiencia formal con el Gobierno a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sin embargo, afirman que la peitición no habría tenido una respuesta. 

Un marco global

Ahora bien, para ABTE Candelaria la protección de los mayores frente al abuso es una tarea urgente y no basta con la legislación vigente para garantizar sus derechos.

La falta de un marco integral, argumentan, deja al descubierto múltiples situaciones de vulneración en los ámbitos familiar, residencial, sanitario, institucional y económico:

• Abuso psicológico, emocional, abandono e infantilización.
• Negligencia en los cuidados y abusos económicos o patrimoniales.
• Discriminación por edad (edadismo) y aislamiento social.
• Trabas de acceso a servicios sanitarios, demoras asistenciales y falta de vivienda digna.

Ante la dispersión normativa actual, la asociación sostiene que la protección debe ser homogénea e independiente del lugar o el ámbito en el que se produzca el abuso.

De esta manera, la propuesta legislativa se estructura en cuatro ejes complementarios para erradicar la desprotección:

1. Prevención: Sensibilización contra el edadismo, formación a cuidadores y profesionales, y diseño de entornos seguros.
2. Detección: Protocolos tempranos y canales accesibles coordinados entre el ámbito sanitario, social, residencial, judicial y policial.
3. Atención: Respuesta integral centrada en la víctima que incluye apoyo psicológico, social, sanitario y legal, evitando la revictimización.
4. Sanción y reparación: Determinación de responsabilidades con garantías legales y restitución del daño físico, psicológico, moral y económico.

Amplio respaldo 

Finalmente, recuerdan que la iniciativa mantiene un carácter apartidista y cuenta con el respaldo unánime de más de 50 entidades e instituciones de todo el país:

• Instituciones públicas: Parlamento de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz, Procurador del Común de Castilla y León, la Diputación Provincial de Granada y 12 ayuntamientos (incluido el de Granada).
• Ámbito académico y científico: Conferencia de Rectores (CRUE), 11 universidades, la Real Academia Nacional de Medicina de España, la SEGG, semFYC y SEMERGEN.
• Organismos profesionales y sociales: Consejos Generales de Enfermería y Trabajo Social, la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional (AJPNE), asociaciones vecinales y la Conferencia Episcopal Española, entre otros.