Los impulsores de la ILP contra el maltrato a los mayores: "Queremos generar un tsunami social"

Los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el maltrato a las personas mayores –puedes firmar aquí–, miembros de asociación ABTE Candelaria, han iniciado una campaña en redes sociales para concienciar a la sociedad contra esta lacra y generar un "tsunami social" a favor de una norma específica que proteja a los sénior. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis personas de más de 60 años han sufrido algún tipo de abuso en su entorno comunitario. Un trato inadecuado y degradante que, además de consecuencias inmediatas, puede tener secuelas físicas y emocionales a largo plazo.

Con esta iniciativa, la asociación busca movilizar conciencias y hace un llamamiento de urgencia a todas las entidades públicas de España –ayuntamientos, parlamentos e instituciones sociales, académicas y políticas– para que se sumen a la recogida de firmas.

En concreto, necesitan 500.000 y tienen de plazo para lograrlo hasta el 23 de junio de 2026 –recientemente, lograron una prórroga de tres meses–. 

Y en caso de que no se alcanzase este objetivo, desde la asociación, piden a las instituciones y a las fuerzas políticas asumir la propuesta y tramitar una Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores con carácter de urgencia.   

Además, en paralelo, la asociación ha requerido públicamente al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que atienda con carácter de urgencia la solicitud de reunión presentada oficialmente el pasado 23 de febrero de 2026.

Desde ABTE Candelaria advierten que no permitirán que esta realidad sea silenciada: "Cualquier silencio, provenga de donde provenga, nos convierte en cómplices de esta injusticia social en España". 

 

 

 

 

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¿Por qué es necesaria una ley específica?

Según explicaba a este diario el propio Contreras en junio de 2025, la necesidad de una ley específica contra el maltrato al mayor radica en que la legislación actual –Código Penal, Constitución y Ley de Dependencia– se ha demostrado insuficiente e ineficaz. 

Actualmente, contextualizaba, el Código Penal contempla claramente delitos como el maltrato físico o el abandono, pero en otros aspectos como el emocional o económico no es tan preciso. 

Y todo ello, sumado a la dispersión legal actual y a la falta de un "criterio unificado a nivel nacional" dificultan la detección y la respuesta, haciendo que "mucha gente se quede sin ser atendida". Sobre todo, apostillaba, cuando este tipo de situaciones se dan en el entorno cercano, puesto que no se suele denunciar por el "vínculo económico y emocional". 

Por todas estas razones, señalaba, habían presentado esta ILP para que se crease una ley, "no meramente sancionadora, sino fundamentalmente preventiva", que especifique claramente "qué tipo de maltrato existe, de qué manera se detecta, cómo se puede evitar y cómo se debe atender en caso de que se produzca".

Un texto, puntualizaba, que pretende dotar a las administraciones y profesionales (sociales, sanitarios, judiciales, policiales, educativos...) de herramientas e "indicadores claros", facilitando la denuncia y la intervención coordinada.

Además, indicaba, esta ILP busca también cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas y otros organismos que "han subrayado la necesidad de desarrollar marcos legales sólidos que prevengan de estos abusos, protejan su dignidad y garanticen su bienestar". "Era algo que hacía falta, pero nadie se atrevía a dar el paso", afirmaba.

La ILP

Según se estipula en el texto de la ILP, al que tuvo acceso 65YMÁS, la legislación se aplicaría a todas las personas mayores de 65 años en todo el territorio nacional y busca abordar diversas formas de maltrato, incluyendo el físico, psicológico, económico, negligencia y social (edadismo).

Entre las medidas y puntos clave que contempla se encuentran:

• La implementación de campañas públicas de sensibilización y educación dirigidas a erradicar estereotipos y prevenir situaciones de abuso.
• La garantía de formación específica y obligatoria para los profesionales que trabajen con este colectivo.
• El establecimiento de protocolos de actuación obligatorios en centros sociales, residencias y servicios sociales para la detección temprana del maltrato y su notificación a las autoridades competentes.
• La previsión de medidas de protección inmediata para las personas mayores en situación de riesgo o maltrato.
• La garantía de asistencia integral (jurídica, psicológica y social) y gratuita para las víctimas de maltrato.
• La tipificación de infracciones administrativas (leves, graves y muy graves) con sus correspondientes sanciones.