El Congreso aprueba exigir al Gobierno el fin de la cita previa obligatoria
La proposición no de ley del PP ha sido aprobada con la abstención del PSOE, Sumar, ERC, Bildu y CC
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP en la que insta al Gobierno a eliminar la cita previa obligatoria para realizar trámites con la Administración General del Estado, un texto ha salido adelante con apoyo de Vox, Junts, PNV, Podemos, BNG y UPN, y ante la que se han abstenido los partidos del Gobierno de coalición, ERC, Bildu, Coalición Canaria y la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó.
Durante el debate de la iniciativa el pasado martes, todos los grupos reconocieron la necesidad de revisar la cita previa forzosa para hacer gestiones administrativas y admitieron que esta fórmula a veces impide el correcto ejercicio del derecho a relacionarse con la administración. Además, algunos alertaron de que está provocando una suerte de mercado negro de reventa de citas al que hay que poner coto.
Sin embargo, mientras PP, Vox y Junts fueron los más beligerantes, desde el PSOE se argumentó que el Gobierno ya está dando pasos para finiquitar las citas previas forzosas y Sumar, ERC y Bildu las defendieron como un sistema adecuado en términos generales, aunque se abrieron a rebajar su obligatoriedad en ciertos casos.
Atención personal y directa
El texto aprobado, además de pedir acabar con su obligatoriedad como requisito exclusivo para la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado, también urge al Ejecutivo a garantizar la atención presencial directa a cualquier ciudadano que la solicite, con o sin cita previa, y a adoptar las medidas organizativas necesarias para compatibilizar la atención presencial, la telemática y la cita previa voluntaria.
La iniciativa del PP reseñaba que son numerosos los organismos dependientes de la Administración General del Estado en los que resulta extraordinariamente complejo conseguir una cita previa o esta se ofrece con "demoras prolongadas", lo que genera "inseguridad jurídica" y, en ocasiones, "pérdida de derechos por vencimiento de plazos".
"No se trata de eliminar la cita previa como instrumento de gestión, sino de devolverla a su naturaleza original: un sistema voluntario que facilite la organización del servicio a quien libremente desee utilizarlo", resumen los 'populares', para quienes la atención "directa, inmediata y presencial debe seguir siendo una opción real y efectiva", especialmente para las personas mayores que sufren brecha digital o para quienes necesitan una respuesta urgente.
El encargado de presentar la iniciativa ha sido el 'popular' Ángel Ibáñez, quien ha criticado la "saturación" en distintos servicios públicos. "La administración existe para dar servicio a los administrados y si no pueden ser atendidos porque una web no funciona, porque no hay citas disponibles o porque el sistema les obliga a esperar semanas, el problema ya no es sólo administrativo, es un problema de calado democrático", ha avisado.
En concreto, el texto del PP demanda la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa como requisito exclusivo para la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado, insta a garantizar la atención presencial directa a cualquiera ciudadano que la solicite, con o sin cita previa y a adoptar las medidas organizativas necesarias para compatibilizar la atención presencial, la telemática y la cita previa voluntaria.
Emilio del Valle, de Vox, ha presentado una enmienda para que este asunto quede "blindado definitivamente" en todas las administraciones en general, algo que también han reclamado otros intervinientes como el diputado José Losada Fernández, quien ha recriminado al PP que la mantenga allí donde gobierna.
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Ya hay atención sin cita previa a mayores de 65 años
"El Gobierno ya está en ello", ha garantizado Losada recordando que se ha ampliado el horario de atención al público sin cita previa para registro de documentación en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se han implantado citas presenciales para dar servicio en el mismo día en el Ministerio de Inclusión, así como la atención sin cita previa a mayores de 65 años o con discapacidad motora implantada por el Ministerio del Interior.
"La cita previa es un desastre", ha sentenciado el diputado de Junts Josep Pagès, quien ha recordado que su obligatoriedad ya ha sido eliminada en Cataluña y ha defendido la creación de una Oficina de Defensa Digital para evitar que las personas "queden abandonadas detrás de una pantalla" y sean atendidas "sin mediaciones ni dilaciones innecesarias".
Martina Velarde, de Podemos, y Engracia Rivera, de Sumar, han coincidido en denunciar el desmantelamiento de los servicios públicos por parte de los 'populares' en comunidades como Andalucía. Según Velarde, el problema allí no es "previa o no previa", sino que directamente "no hay citas".
Reventa de citas
Desde Podemos, ERC, Bildu y PNV han aprovechado para quejarse de que desde hace varias legislaturas los sistemas saturados de cita previa han acabado generando auténticas mafias de reventa de citas, especialmente en extranjería.
Los más que más han defendido la cita previa han sido Bildu, ERC y Sumar, si bien han admitido la necesidad de articular sistemas "alternativos" para garantizar el derecho de acceso a la administración y han pedido inversiones para que ejercerlo no se convierta en una "gincana", como ha reclamado el diputado de la coalición abertzale Jon Iñarritu.
"No puede sustituir derechos por pantallas", ha avisado Teresa Jordà, de ERC, para quien, no obstante, el problema actual es la falta de personal, por lo que aboga por ampliar las plantillas y mejorar los mecanismos de gestión. En la misma línea se ha expresado Engracia Rivera, de Sumar, advirtiendo de que finiquitar las citas previas provocaría "colas interminables", aunque se ha mostrado abierta a establecer las excepciones necesarias y a trabajar en sistemas alternativos.
