El SEAM alerta de la gravedad de los casos de internamiento involuntario en residencias

Edadismo laboral e internamiento involuntario en residencias. Estos son los dos hallazgos novedosos del último Informe Anual de Resultados del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM), que gestiona la organización HelpAge Internacional España y que lleva en activo desde 2022. 

El estudio se ha elaborado en base a las 658 consultas recibidas en 2025 –se han realizado 1.832 en 3 años–, la mayoría de las cuales –el 83%– fueron telefónicas, a través del número gratuito 900 22 22 22, y por parte de los propios mayores –60% del total–.

Fuente: SEAM. 

 

Del documento se desprende que los motivos más frecuentes por los que los ciudadanos se ponen en contacto con el SEAM tienen que ver con la petición de información de prestaciones y servicios –el 43%–, seguida del abuso y maltrato –21%– y de asuntos relacionados con los cuidados –14%–. 

En el caso concreto del maltrato, se puede observar una tendencia ascendente –las consultas han aumentado un 123% desde 2023–, que se acharía no tanto a un incremento de los casos, sino a que se denunciarían más. 

Estos resultados han sido presentados este miércoles en un acto que ha contado con la presencia de la presidenta de la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo; de la presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, María Teresa Verdugo; de la presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez; y de la responsable de Derechos Humanos de esa misma organización y coordinadora de SEAM, Carla Bonell, encargada de dar a conocer las conclusiones del informe. 

Durante su intervención, Beatriz Carrillo ha asegurado que “la lucha contra el edadismo exige más sensibilidad, instituciones fuertes, normas claras, política públicas y un cambio de paradigma que desmonte el vínculo entre edad y fragilidad”. 

María Teresa Verdugo ha criticado la "invisibilización" que sufren los mayores, abogando por "dotarles de herramientas" para que ellos mismos puedan remover los obstáculos y defender su dignidad.

Por su parte, Isabel Martínez ha denunciado que la discriminación por edad sigue invisibilizada y normalizada y que se comete, a veces, incluso contra los propios seres queridos. En ese sentido, ha asegurado que los resultados del informe del SEAM pretenden arrojar luz sobre esta realidad que tiene muchas caras.  

 

Así, de todas las conversaciones y consultas realizadas, el estudio da a conocer una serie de hallazgos, que se dividen en diferentes ámbitos: familiar, social, administración pública, consumo, laboral, sanitario y sociosanitario y derecho y justicia.  

Familia

El informe constata que la violencia intrafamiliar hacia las personas mayores presenta un carácter crónico y multidimensional, donde los descendientes figuran como los principales agentes del abuso físico, psicológico o económico. 

Se observa una compleja gestión de los cuidados no profesionales marcada por la sobrecarga familiar y la injerencia desmedida de los parientes en la toma de decisiones, lo que anula la voluntad y preferencias de la persona mayor en aspectos relacionados con el patrimonio o íntimos.

Asimismo, se detectan situaciones de soledad –hijos que no visitan a sus padre–, violencia de género en parejas de larga duración o incluso de violencia vicaria para dañar a la persona mayor.

Exclusión residencial

En la esfera comunitaria, destacan la precariedad económica y habitacional. Las pensiones insuficientes chocan con el coste de la vida, empujando a muchos mayores a la exclusión residencial o a vivir en casas sin condiciones de habitabilidad.

Además, el SEAM denuncia presiones especulativas y acoso inmobiliario para que abandonen sus hogares, así como enormes dificultades para alquilar debido a la edad. A esto se suma la hostilidad vecinal ante la solicitud de ajustes de accesibilidad o la rigidez de los recursos para personas sin hogar.

También se destaca la doble vulnerabilidad de los mayores migrantes ante la burocracia y la expulsión del talento sénior de voluntariados, como Protección Civil, al cumplir cierta edad.

Brecha digital

La relación con la Administración se caracteriza por una complejidad burocrática y una digitalización excluyente que, al carecer de canales analógicos alternativos, genera una situación de indefensión jurídica y vulneración de derechos fundamentales. 

El informe denuncia la demora excesiva y el silencio administrativo en los procedimientos de reconocimiento de la dependencia y discapacidad, manteniendo a los solicitantes en un limbo jurídico que impide el acceso a prestaciones esenciales.

Y esta falta de respuesta institucional efectiva, sumada a la inaccesibilidad de la información pública, obliga en muchos casos a depender de terceros para la gestión de sus propios asuntos.

Clientes de segunda clase

En cuanto a temas que tienen que ver con el consumo, alertan de que el mayor es tratado a menudo como un actor tutelado que necesita la intervención de un familiar más joven para ser atendido con respeto.

El sector bancario y las aseguradoras liderarían las prácticas discriminatorias, imponiendo barreras de edad para el acceso a productos o negando la atención presencial.

Se reportan prácticas abusivas, cambios de contratos sin consentimiento y un trato despectivo e infantilizador en comercios, lo que dificulta el acceso no solo a bienes esenciales, sino también al ocio y la participación social.

Expulsión del talento sénior

 

Otro de los hallazgos en los que se centra el informe es el edadismo laboral. El mercado de trabajo ejerce una discriminación tanto en la entrada como en la salida.

En el acceso, persisten ofertas con límites de edad y filtros de selección que descartan automáticamente el talento sénior, condenando a muchos al paro de larga duración. Destacan asimismo la precariedad extrema de las mujeres mayores migrantes en el trabajo doméstico, muchas veces sin derecho a pensión futura.

Y, quienes conservan el empleo, añaden, pueden sufrir degradación de funciones, mobbing o presiones para prejubilarse. El informe señala el uso de jubilaciones forzosas masivas bajo la excusa del relevo generacional y reportan quejas de funcionarios obligados a retirarse con 70 años.

Negligencia y sujeciones

El estudio del SEAM también aborda la discriminación en la Sanidad y los Servicios Sociales. Sostienen que han detectado que el sistema presenta fallos que van desde el trato infantilizador hasta la negligencia médica y asistencial (deshidratación, malnutrición).

Preocupa el uso recurrente de sujeciones físicas y químicas en residencias, que son percibidas a menudo como lugares donde se vulnera la intimidad, así como la invisibilización de patologías en mayores, que lleva a diagnósticos tardíos, o los problemas burocráticos, como la pérdida de historiales médicos.

Internamiento involuntario 

El informe avisa igualmente de una barrera estructural para el acceso a la justicia marcada por el miedo de las víctimas a denunciar –especialmente en casos de maltrato intrafamiliar por dependencia emocional y en el ámbito laboral por temor a represalias–, agravada por la falta de recursos para costear defensas y el desconocimiento de la justicia gratuita.

El SEAM alerta asimismo sobre la gravedad de los internamientos involuntarios sin garantías legales –aportando un caso de una mujer de 85 años, que llegó al servicio a través de profesionales del Trabajo Social–.

Además, se constata una gran indefensión ante la Administración debido al silencio administrativo negativo en temas de pensiones y la obligación de judicializar conflictos vecinales simplemente para conseguir obras de accesibilidad en sus viviendas.

En el plano patrimonial y de capacidad, existe una falta de cultura de la planificación preventiva (autocuratelas, poderes), lo que lleva a judicializar los apoyos tardíamente.

Los mayores también sufren despojo patrimonial mediante "donaciones a cambio de cuidados" que los hijos incumplen, ventas de la nuda propiedad sin comprender las cláusulas legales o estafas digitales que les cuesta identificar.

Finalmente, se destaca el drama de quienes deben demandar a sus propios hijos para recibir alimentos ante situaciones de abandono y la complejidad que enfrentan en la gestión de herencias y testamentos, quedando a menudo en una situación de precariedad absoluta.

 

Recomendaciones

Ante esta situación el informe formula un conjunto de recomendaciones como reforzar los servicios sociales ante el maltrato intrafamiliar, prohibir límites de edad injustificados en selección de personal, garantizar la formación del personal sanitario en modelos centrados en la persona, promover la mediación en conflictos que afectan a personas mayores y avanzar hacia una Ley Integral de Derechos de Personas Mayores alineada con los estándares internacionales. El SEAM también aboga por ampliar la protección constitucional del artículo 50 de la Constitución Española.