La Ley contra el Maltrato al Mayor, a las puertas del Congreso de los Diputados

Los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el maltrato al mayor, miembros de la Asociación para el Bienestar, Tutela y Estabilidad (ABTE) Candelaria, se han desplazado este jueves al Congreso de los Diputados para pedir formalmente a los partidos que tramiten una ley con el objetivo de proteger al colectivo sénior de esta lacra. 

Asimismo, han solicitado una prórroga de tres meses para seguir recogiendo firmas en favor de la ILP, ya que el plazo termina en marzo y aún no han alcanzado los 500.000 apoyos necesarios –puedes firmar aquí–. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis personas de más de 60 años han sufrido algún tipo de abuso en su entorno comunitario. Un trato inadecuado y degradante que, además de consecuencias inmediatas, puede tener secuelas físicas y emocionales a largo plazo

Francisco Contreras, vicepresidente y responsable jurídico de ABTE Candelaria, explica a 65YMÁS que han tomado estas decisiones para garantizar que, aunque no logren todos los avales, la iniciativa no caiga en saco roto, por simples cuestiones burocráticas. 

Y es que, argumenta, al ser una "asociación local" con "medios limitados a nivel económico, logístico y humano", no han podido desplegar la infraestructura necesaria para cubrir todo el territorio nacional a la velocidad requerida.

Por ahora, añade, además de registrar un escrito en el Congreso pidiendo la colaboración de las formaciones políticas, ya se han reunido con el Partido Popular y Vox, y esperan seguir pudiendo formalizar más encuentros con otros grupos para trasladarles la necesidad de aprobar esta ley.

El Artículo 93: la llave para salvar la Ley

En concreto, los impulsores de la ILP proponen a los partidos que, en caso de no reunir las 500.000 firmas, activen un mecanismo existente en el artículo 93 del Reglamento del Congreso, para que "sean los grupos parlamentarios a los que se les ceda el testigo para que asuman como propia esa iniciativa".

Según el documento que han registrado, si uno o varios grupos asumen el texto, la propuesta deja de ser una ILP en sentido técnico y pasa a tramitarse como una Proposición de Ley de origen parlamentario, salvando así el obstáculo de las firmas, pero manteniendo el contenido redactado por la comisión promotora.

Esta vía, asegura Contreras, permitiría que la propuesta no se quedara en un cajón. "Esto no es un tema de color político", reitera el vicepresidente de la organización. 

De hecho, apunta, la iniciativa ya ha cosechado un respaldo masivo fuera del hemiciclo: la han apoyado "universidades, sociedades científicas, colectivos profesionales, asociaciones de mayores y las propias administraciones públicas a nivel estatal, autonómico, local y provincial".

Menores tiempos de tramitación

La activación de la vía parlamentaria alternativa, prosigue el vicepresidente de ABTE Candelaria, también tendría un impacto directo en los plazos de aprobación. Si los grupos asumen la Ley y solicitan el procedimiento de urgencia amparándose en el citado artículo 93, "los trámites se agilizan a la mitad", pudiendo tener la norma lista en "un mes o dos".

Por el contrario, si se opta por el procedimiento ordinario, el proceso podría dilatarse hasta los seis meses, dependiendo de la agenda política y las iniciativas pendientes.

¿Por qué es necesaria una ley específica?

Según explicaba a este diario el propio Contreras en junio de 2025, la necesidad de una ley específica contra el maltrato al mayor radica en que la legislación actual –Código Penal, Constitución y Ley de Dependencia– se ha demostrado insuficiente e ineficaz. 

Actualmente, contextualizaba, el Código Penal contempla claramente delitos como el maltrato físico o el abandono, pero en otros aspectos como el emocional o económico no es tan preciso. 

Y todo ello, sumado a la dispersión legal actual y a la falta de un "criterio unificado a nivel nacional" dificultan la detección y la respuesta, haciendo que "mucha gente se quede sin ser atendida". Sobre todo, apostillaba, cuando este tipo de situaciones se dan en el entorno cercano, puesto que no se suele denunciar por el "vínculo económico y emocional". 

Por todas estas razones, señalaba, habían presentado esta ILP para que se crease una ley, "no meramente sancionadora, sino fundamentalmente preventiva", que especifique claramente "qué tipo de maltrato existe, de qué manera se detecta, cómo se puede evitar y cómo se debe atender en caso de que se produzca".

Un texto, puntualizaba, que pretende dotar a las administraciones y profesionales (sociales, sanitarios, judiciales, policiales, educativos...) de herramientas e "indicadores claros", facilitando la denuncia y la intervención coordinada.

Además, indicaba, esta ILP busca también cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas y otros organismos que "han subrayado la necesidad de desarrollar marcos legales sólidos que provengan de estos abusos, protejan su dignidad y garanticen su bienestar". "Era algo que hacía falta, pero nadie se atrevía a dar el paso", afirmaba.

La ILP

Según se estipula en el texto, al que tuvo acceso 65YMÁS, la legislación se aplicaría a todas las personas mayores de 65 años en todo el territorio nacional y busca abordar diversas formas de maltrato, incluyendo el físico, psicológico, económico, negligencia y social (edadismo).

Entre las medidas y puntos clave que contempla se encuentran:

• La implementación de campañas públicas de sensibilización y educación dirigidas a erradicar estereotipos y prevenir situaciones de abuso.
• La garantía de formación específica y obligatoria para los profesionales que trabajen con este colectivo.
• El establecimiento de protocolos de actuación obligatorios en centros sociales, residencias y servicios sociales para la detección temprana del maltrato y su notificación a las autoridades competentes.
• La previsión de medidas de protección inmediata para las personas mayores en situación de riesgo o maltrato.
• La garantía de asistencia integral (jurídica, psicológica y social) y gratuita para las víctimas de maltrato.
• La tipificación de infracciones administrativas (leves, graves y muy graves) con sus correspondientes sanciones.