Cada vez vivimos más y se estima que para el año 2050 los mayores de 65 años representarán el 30% de la población de toda España. Con este horizonte longevo, Ana Bedia, directora de 65YMÁS, pone sobre la mesa una crisis silenciosa pero devastadora en ‘Revolución sénior’, la sección en la que semanalmente interviene en el programa 'Más de uno Madrid', en Onda Cero Madrid. Hablamos de lo que ya se ha bautizado como “el sinsentido de los cuidados”. 

"Y es que en los cuidados se produce una paradoja indignante y alarmante: por un lado los cuidados son carísimos para los ciudadanos que tienen que recurrir a ellos; mientras, por otro lado, los sueldos de los trabajadores del sector son más que precarios, son de una miseria", sentencia Bedia.

Para queh acerse una idea del lujo que supone contratar cuidados, Ana Bedia proporciona unas cifras:

• Los cuidados en casa de un gran dependiente pueden llegar a los 6.000 euros al mes.
• Pero no hay que irse a casos extremos, incluso en los casos básicos en los que se necesitan menos cuidados el precio sigue siendo elevado para muchas familias, ya que oscila entre los 10 o 15 euros la hora. Es decir, contratar cuidados básicos 5 horas al día de lunes a viernes cuesta entre mil y 1.600 euros al mes.
• Y en las residencias privadas, los precios de media superan los 2.000 euros al mes.

Esto es un verdadero lujo, totalmente inasumible si pensamos que la pensión media en España en 2026 ronda los 1.300 euros mensuales.

Y por otro lado, el sinsentido está en que, a pesar de lo carísimo que resulta para las familias, los trabajadores del sector cobran sueldos míseros y sufren una enorme precariedad. Son trabajos a menudo denostados y con salarios que apenas llegan al Salario Mínimo Interprofesional.

Pero esto no es todo. En este panorama, para colmo, entra otra derivada que no ayuda para nada a mejorar la situación, hablamos de las ayudas públicas, que llegan tarde y son insuficientes.

"Lamentablemente, la financiación pública no cubre las necesidades reales. Las listas de espera son un laberinto burocrático terrible y el dato más desgarrador es que en 2025 murió un solicitante cada 16 minutos esperando su ayuda en España. Y, cuando por fin llega la prestación pública, suele ser insuficiente. Hablamos de prestaciones para cuidados familiares que a veces apenas superan los 200 euros o de muy pocas horas de asistencia al día", explica Bedia. 

Esta falta de apoyo provoca una "familiarización del cuidado", lo que se traduce en renuncias laborales que castigan especialmente a las mujeres, que son quienes solicitan el 75% de las excedencias para cuidar de sus familiares.

Economía sumergida

Familias asfixiadas económicamente, ayudas que no llegan y cuidadoras mal pagadas... Este es el caldo de cultivo perfecto para que aflore la economía sumergida. Se calcula que la economía sumergida supone más del 30% de los servicios prestados en cuidados, y roza el 70% en el empleo directo del hogar.

Quienes asumen estos trabajos en la sombra son, de nuevo, mujeres, frecuentemente migrantes, con una necesidad urgente de ingresos y muy poca capacidad para negociar sus condiciones. 

Soluciones

Los expertos lo tienen muy claro: consideran que es vital actuar ya, porque de aquí al año 2030 en España vamos a necesitar 260.000 trabajadores más en el sector. La principal propuesta pasa por incrementar la inversión pública, que hoy apenas alcanza el 0,8% del PIB, para reducir las listas de espera, desburocratizar el sistema y aumentar las prestaciones. 

Además, es fundamental subir los sueldos y mejorar la cualificación de las trabajadoras, pero las organizaciones de mayores advierten de algo clave: esta subida salarial debe ir acompañada de ayudas públicas. Si el coste de mejorar las condiciones laborales recae exclusivamente sobre las familias, el resultado será llevar a más hogares hacia la economía sumergida.

Y en cuanto a las residencias, desde las plataformas de familiares reclaman medidas contundentes, como topar los precios de las residencias que reciban algún tipo de subvención pública, para que los usuarios no paguen su plaza con más del 85% de su pensión, siendo la administración quien subvencione el resto.