El sinsentido de los cuidados: precio imposible para familias y sueldo de miseria para trabajadores

Precios poco asequibles para el ciudadano de a pie, pero sueldos precarios para el trabajador. Lamentablemente, esta combinación persiste en el mundo de los cuidados y podría ir cada vez a peor, si no se toman medidas.  

Según explican varios expertos a 65YMÁS, la financiación pública no cubre las necesidades de todos los dependientes. Por una parte, cerca de 200.000 personas llevan más de seis meses en las listas de espera –cada 16 minutos murió un solicitante en 2025 inmerso en este laberinto burocrático–.

Y por otro lado, cuando llega la ayuda, muchas veces es insuficiente: pocas horas al día, prestaciones para cuidaos familiares que apenas superan los 200 euros, etc. 

Estas carencias del sistema llevan a las familias a tener que contratar a profesionales de forma privada. Ahora bien, el coste no siempre es asumible, y ello deriva en un mayor riesgo de familiarización del cuidado, con las renuncias profesionales que supone, sobre todo para las mujeres –el 75% de las excedencias por estas razones las piden ellas–.

Además, en paralelo, se da la paradoja que, pese a que para el bolsillo del pensionista medio –la pensión media en 2026 es de 1.367,4 euros mensuales– contratar a un profesional es un verdadero lujo, eso no significa que los trabajadores del sector tengan buenas condiciones: cobran sueldos míseros y tienen empleos precarios. 

Así, si no se toman medidas, el problema podría ir cada vez a peor, puesto que España envejece a un ritmo acelerado, consolidándose como uno de los países más longevos del mundo.

Según advierte a este diario el economista Julián Salcedo, "en el horizonte de 2050" se estima que los mayores de 65 años "serán el 30% de la población" –actualmente son el 20%–. Y previsiblemente, la población dependiente no parará de aumentar en paralelo.

Según los datos del Imserso, entre 2020 y 2025 se incrementaron un 25% las peticiones de ayuda. En total, son más de 2 millones las solicitudes registradas y se superan las 1,5 millones de personas con alguna prestación efectiva. Es más, recordaban recientemente desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se calcula que más de seis millones de españoles son "potencialmente dependientes". 

Un servicio inaccesible

No obstante, al mismo tiempo, el cuidado, y sobre todo, cuando no está subvencionado por la administración –plaza en residencia, centro de día, ayuda a domicilio, prestación económica, etc.–, se consolida como un servicio inaccesible para muchos. 

Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares, dimensiona la magnitud del problema: "Hay que partir de la base de que es caro, tanto más, si la necesidad de apoyo es importante. Está calculado y comprobado empíricamente que para atender en su domicilio a una persona con una situación de gran dependencia –más del 20% del total– se necesitaría contratar a cinco trabajadoras, lo que situaría el gasto familiar en 6.105 Euros mensuales (con 14 pagas, 85.470 euros anuales)". Por lo general, el precio de los cuidados básicos en el domicilio suele oscilar entre los 10 a 15 euros la hora –puede subir si la atención es más especializada–. 

Incluso en los casos de menor necesidad de apoyos, el esfuerzo económico requerido es grande. En los supuestos más económicos, en los que, por ejemplo, se contrata por unas pocas horas a personas, en calidad de empleado de hogar –no siempre con algún tipo de titulación– y por el Salario Mínimo Interprofesional –17.094 euros brutos anuales o 9,5 euros la hora–, la cuantía sigue sin ser asumible para usuarios y familias con pocos recursos.

Y a nivel de residencias privadas, la tarifas se disparan. En 2025, el precio alcanzó los 2.074 euros al mes (IVA incluido) de media, según el Informe de Precios de Residencias 2025 elaborado por la plataforma miResi –muchas veces se venden propiedades para poder asumir estos costes–. 

Eso sí, apunta el economista Julián Salcedo, paralelamente, "la capacidad adquisitiva de los españoles en los últimos años prácticamente no ha subido en términos reales –apenas un 1,5% desde 2018–", lo que mantiene la dificultad para "contratar este tipo de servicios asistenciales".

"Entre los hogares con personas dependientes que tienen una necesidad no cubierta de cuidados a domicilio, la razón principal en 2024 fue no poder permitírselos: 40,6%", apostilla el consultor y experto en la silver economy, Juan Carlos Alcaide, citando la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. 

Sin embargo, cuando la administración ayuda, el desembolso de los usuarios y las familias se rebaja sustancialmente. En ayuda a domicilio, asegura el presidente de la patronal ASADE, Ignacio Gamboa, "el copago medio se sitúa en torno a los 4-5 euros por hora, una cifra que, en todo caso, queda muy alejada del coste real del servicio, que en 2026 se aproxima a los 22 euros por hora para las entidades prestadoras en el marco de contratos con las administraciones públicas". "Esta diferencia evidencia el importante esfuerzo de financiación pública que sostiene el sistema", contextualiza.

Sueldos insuficientes y precariedad

Por otro lado, en cuanto a las condiciones de las profesionales, estas siguen siendo muy precarias. En concreto, quienes se emplean en la ayuda a domicilio reglada –mayoritariamente son mujeres– están afectadas por la parcialidad, advierte Luis Batucas, responsable del área de Dependencia de UGT, quien avisa de que esta situación aboca muchas veces al pluriempleo para sobrevivir.

Y se debe tener en cuenta también, puntualiza Jesús Cabrera, responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), que "la mayoría de las personas trabajadoras del sector tienen salarios base por debajo del SMI, con algo más de 60 euros menos las gerocultoras, 75 las auxiliares de ayuda a domicilio y 171 euros las limpiadoras".

"El problema estriba en que como los otros conpectos salariales que contempla el convenio –nocturnidad, festivos, antigüedad, disponibilidad– son conceptos absorbibles, en muchos casos la subida del SMI no ha representado un incremento salarial si con la suma del salario base y estos conceptos se supera el citado salario mínimo", explica y considera "fundamental que se publique el Real Decreto sobre compensación y absorción del SMI". "Se registrarían subidas salariales relevantes en estas categorías", comenta.

Finalmente, a las condiciones de estas profesionales –en 2024 se calculaba que había unas 489.900 en el sistema–, hay que sumarle las miles de trabajadoras que operan al margen de los convenios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), muchas veces, contratadas como empleadas del hogar.

En este caso, una de las figuras más precarias en ese sentido, es la de la "interna". Luis Batucas, responsable del área de Dependencia de UGT, advierte de que puede derivar en un "abuso de las condiciones laborales", ya que cualquier servicio de atención ininterrumpida, requiere legalmente de al menos tres turnos. 

La cronificación de la economía sumergida

La asfixia presupuestaria de las familias sumada a la vulnerabilidad extrema de las personas que buscan empleo en los cuidados conforman el ecosistema perfecto para la economía sumergida –se cacula que supondría un 30% de los servicios prestados–.

Juan Carlos Alcaide señala su desproporcionada magnitud: "En la Unión Europea, el trabajo no declarado en servicios personales y del hogar supera ligeramente el 50% de media; es menor en cuidados –en torno al 34%– y mucho mayor en el empleo directo del hogar, cercano al 70%". 

Alcaide resume los cuatro grandes factores que empujan al mercado irregular: el alto coste inasumible, la escasez de oferta formal a tiempo, la compleja burocracia para contratar y, sobre todo, "la urgencia", ya que "la familia necesita una solución mañana, no dentro de cuatro meses".

En cuanto al perfil, indica Aurelio López-Barajas, CEO de Supercuidadores, este trabajo recae de nuevo principalmente sobre mujeres, que son "frecuentemente personas migrantes" y con "necesidad urgente de ingresos y limitada capacidad de negociación".

Más financiación y flexibilidad

Por todas estas razones, la mayoría de propuestas que ponen encima los exertos pasan por incrementar la inversión pública, que actualmente apenas alcanza el 0,8% del PIB, para reducir las listas de espera, desburocratizar, aumentar intensidades y las prestaciones –a familias y por servicios– y aminorar el copago. 

Y en paralelo, plantean que haya incentivos para la contratación y para la cualificación, para que estos servicios se presten siempre en condiciones dignas y con calidad. 

Además, desde la Plataforma Estatal de Colectivos de Familiares y Usuarias de Residencias reclaman ir más allá y "topar los precios en todas aquellas residencias que reciban algún tipo de subvención pública (las concertadas, las acreditadas que tienen residentes con el cheque-servicio)". "No se debería pagar más del 85% de la pensión por parte de los residentes, las CC.AA. y la Administración Central deben subvencionar el importe que supere ese 85%. Y se deben establecer planes de creación de residencias públicas en todas las CC.AA. que puedan tirar de los precios hacia abajo", añaden. 

Subida del SMI y cuidados

Por último, aunque ven con buenos ojos el efecto de la subida del SMI, organizaciones de mayores advierten de que las mejoras en los sueldos –que siguen siendo escasos– deben ir acompañadas de más recursos públicos. 

"Lo que no puede suceder es que el coste de esa mejora recaiga exclusivamente en las familias, sin apoyo público, porque eso empuja a muchas personas hacia la economía sumergida", sentencian desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP).

En ese sentido, Anatolio Diez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT pone en valor las subidas del SMI que "mejoran las condiciones de un sector históricamente precarizado" y reducen la explotación laboral. Pero avisa también: "Sin financiación pública suficiente, la mejora puede traducirse en menos accesibilidad" y en "expulsar a las familias hacia menos horas de cuidado o hacia una economía sumergida".

Por su parte, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández, entiende que no cree que la "subida del SMI vaya a llevar consigo un incremento de la contratos en B , pero si podría suceder que se aminorasen las posibles nuevas contrataciones".

Josep Carné, presidente de FATEC, afirma que "es una medida necesaria para dignificar el trabajo de cuidados, pero, sin un refuerzo paralelo de ayudas públicas, lo que hace es incrementar la presión económica sobre las familias".

"El tema es una patata caliente, porque dar una respuesta adecuada en estos momentos es imposible y a la administración ni está ni se la espera. Creo que es hora de mirar cómo se resuelve en otros países de la Unión Europea, que tienen respuestas eficientes y ver la manera de acercarnos a ellas", propone Gloria Veiga, presidenta de Confemac.