Banca

Ratificado: la Administración puede sancionar a bancos por cláusulas abusivas sin sentencia previa

65ymás

Miércoles 5 de junio de 2019

ACTUALIZADO : Miércoles 10 de julio de 2019 a las 11:14 H

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El Tribunal Supremo ratifica una sentencia que concedía a la Administración esa potestad

Sentencia
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Miércoles 5 de junio de 2019

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El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia que determina que la Administración puede sancionar a las entidades financieras por cláusulas abusivas sin sentencia civil previa, según el fallo al que ha tenido acceso Europa Press.

Esta ratificación llega después de que la Junta de Andalucía presentara un recurso de casación contra la sentencia del 16 de febrero de 2017 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En diciembre de 2015, Liberbank (@Liberbankinterpuso un recurso contencioso-administrativo contra una resolución de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra resolución de la Secretaría General de Consumo en mayo de 2014 por la que se le imponía una multa de 78.200 euros.

La doctrina por la que se asentó la sentencia recurrida desapoderaba a la Administración del ejercicio de la potestad sancionadora para la protección de los consumidores y usuarios, en particular de un ámbito especialmente sensible como lo es la introducción de cláusulas abusivas en los negocios bancarios, de forma que esto lo debía establecer una declaración judicial.

"La conclusión a la que llegó este Tribunal Supremo en aquel caso es que la doctrina de la Sala de instancia es gravemente dañosa y errónea en cuanto que bloquea el ejercicio de la potestad sancionadora, de todas la Administraciones Públicas, en esta materia", recoge la sentencia.

De este modo, el Supremo concluye que la Administración puede sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios en aplicación de los tipos infractores previstos en Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil.

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