Los sindicatos llevan varios años dando la voz de alarma para acometer el relevo generacional y el rejuvenecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado (AGE), recordando que España se halla en puertas de la jubilación de los boomer, que provocará una masiva jubilación de funcionarios durante al menos dos décadas.

Hace unos días, UGT detallaba que, según los datos de la Estadística del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (EDSAP) de enero de 2026, la plantilla de la AGE aumentó en apenas 902 personas durante el último año, alcanzando los 247.320 trabajadores. Un exiguo incremento que contrasta con las cifras de ejercicios previos: entre 2022 y 2023 el número de efectivos aumentó en más de 11.000 personas, mientras que en 2024 el incremento fue de casi 4.000 y en 2025 rondó las 3.900 vacantes cubiertas.

Ante esta situación, el sindicato exige de manera urgente recuperar ofertas de empleo público que puedan satisfacer las necesidades reales de la ciudadanía. UGT reclama la puesta en marcha de las medidas pactadas en el Acuerdo Marco de noviembre de 2025, entre las que destacan la eliminación de la tasa de reposición y la creación de un observatorio para el empleo. De acuerdo con la organización, estas reformas permitirían organizar mejor los servicios, rejuvenecer las plantillas y adaptarlas a las demandas actuales.

Sindicatos avisan del impacto de la gran jubilación 'boomer'

La desaceleración del empleo público que denuncia UGT coincide con un desafío demográfico sin precedentes: la prevista jubilación de 138.000 empleados de la Administración del Estado en un plazo estimado de 15 años. Estos cálculos se basan en que casi el 60% de su personal cuenta con 50 o más años de edad, y cerca del 22% supera los 60 años.

Estas son las principales alertas lanzadas por los sindicatos en los últimos meses acerca del problema de relevo de personal en la Administración:

• CSIF. Este sindicato calcula que para el año 2030 se habrá jubilado el 56,3% de toda la plantilla de la Administración del Estado. CSIF reclama con urgencia un plan de choque plurianual para evitar el colapso de los servicios esenciales y alerta de una situación extremadamente tensionada en ámbitos cruciales como la sanidad, la educación, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y las instituciones penitenciarias.
• CCOO. En su análisis de la situación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (uno de los más envejecidos), el sindicato estima que en el año 2032 se habrá jubilado el 64,33% de los empleados de la Seguridad Social.
• UGT, CCOO y CSIF coinciden en que es imprescindible potenciar drásticamente la oferta de empleo público para cubrir con solvencia las vacantes de personal que dejará este éxodo masivo.
• Gestha. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda ha advertido de que casi el 20% de la plantilla de la Agencia Tributaria estatal alcanzará la edad de jubilación en los próximos años. Gestha calcula que será necesario seleccionar a unas 31.000 personas de nuevo ingreso hasta 2029 para cubrir estos puestos, destinando 24.000 de ellas a funciones tributarias y generales.